A la izquierda, el expresidente de Ecuador Rafael Correa; a la derecha, Pedro Sánchez, presidente del gobierno.

Gabriela Moreno.- Los motivos de los negocios entre el gobierno del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y los socialistas españoles a través de la embajada del país andino en Madrid son insólitos. Mientras a la cooperativa Kinema de Podemos el correísmo le pagó por «asesoría jurídica», al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Pedro Sánchez, le otorgó cinco contratos por “asesoramiento emocional” a sus inmigrantes residentes.

Durante cuatro años –desde 2016 a 2020– la sede diplomática ecuatoriana pagó 270.000 euros (312.000 dólares) a Guillermo Fouce, líder del PSOE en el municipio madrileño Torrejón de Ardoz, por servicios profesionales de asistencia y apoyo psicosocial, a través de la Fundación Psicología Sin Fronteras, con una “¡adjudicación a dedo, de manera discrecional y sin la realización de ningún concurso público¡.

El pacto establecía que los ecuatorianos afectados por las hipotecas en aquel periodo recibirían contención emocional desde el 1 de marzo de 2016, tras el desembolso de los primeros 61893 euros, los cuales eran pagados al dirigente socialista encargado de dirigir el partido de Sánchez desde 2011 en Torrejón de Ardoz. Desde esa fecha, Fouce ostentó el cargo de secretario general del PSOE en el mencionado municipio madrileño, lo que compaginaba con su rol de concejal y portavoz de la agrupación en la corporación municipal.

Contratos reiterados

Los contratos con el dirigente del PSOE reportan renovaciones anuales. En mayo de 2017, el despacho de terapias de Fouce firmó su segundo acuerdo por 60000 euros. “Una cifra similar a la del año anterior, a pesar de que el tiempo de trabajo fue de un mes menos”, revela el medio español.

Antes de que este último contrato acabara, Guillermo Fouce firmó la renovación del año siguiente por el mismo monto, equivalente a un promedio de 5000 euros al mes. Luego vinieron los aumentos. Sus honorarios pasaron de 60000 a 75000 euros anuales. Aunque el año pasado se pretendía mantener esta secuencia a través de un subordinado llamado Luis García Villameriel, quien firmó un contrato anual que empezó el 1 de enero de 2020. Este se interrumpió el 31 de marzo «por motivos de fuerza mayor» ante el comienzo de la pandemia. “Por estos tres meses sólo recibió el último pago de 14950 euros”.

Un embajador aliado

Si bien hubo diferencias internas en el seno del PSOE que llevaron a Fouce a abandonar la organización liderada por Pedro Sánchez, el abogado mantuvo sus relaciones con la embajada de Ecuador, en manos de Miguel Calahorrano, ministro de Correa señalado como responsable de la mayoría de los pagos.

De hecho, El Expreso informa que este diplomático remitió una carta al entonces canciller de Rafael Correa, Guillaume Long, en la que relataba que existía un “avance del servicio de asesoría jurídica para migrantes afectados por las deudas hipotecarias y por las dificultades económicas del país”.

Con esa explicación, en la que no declara que su pareja pertenecía al equipo de Kinema, esta cooperativa aliada del partido del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias, logró alzarse con 2.628.532 euros en contratos de asesoría jurídica en un periodo de cuatro años y un mes –entre el 23 de febrero de 2012 y el 18 de marzo de 2016– evidenciando que “la austeridad de la embajada en ese entonces era un espejismo”.

Un panorama en el que ahora cuadra el envío por parte de Pedro Sánchez de un emisario al actual canciller ecuatoriano, Mauricio Montalvo, para solicitar la suspensión de las averiguaciones con la amenaza de que anularía “de inmediato” la donación de vacunas que prometió en abril a la nación andina, durante la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Andorra. Una petición que llega tarde porque ya el contralor ecuatoriano, Carlos Alberto Riofrío, tiene en marcha una auditoría a los acuerdos contractuales.