Cuando escribo estas líneas acaba de finalizar lo que el Partido Popular denomina su “convención nacional”, o sea una sucesión de mítines, organizados para el lucimiento de los oligarcas y caciques regionales del partido, a la cual han sido convocados los cargos electos del PP: concejales, alcaldes, miembros de los diversos parlamentos regionales, miembros de los gobiernos de las regiones en las que gobierna el PP, diputados y senadores, y los burócratas de la organización, así como sus familiares y amigos; todos ellos para hacer bulto y aplaudir. Pues, no se olvide que, en el PP (como en el resto de los partidos con representación en las diversas instituciones) no existe democracia interna, ni participación de sus afiliados en la toma de decisiones, y menos aún debate y discusión; da igual si es en lo que llaman “congresos regionales” como en la “convención nacional”.

Como colofón a la “convención del PP” se ha organizado un mitin en la plaza de toros de Valencia, para que los votantes del PP sepan, a través de las diversas televisiones que, el partido que preside Pablo Casado es una “alternativa de gobierno”.

Pero, ¿de verdad el PP es una alternativa al actual gobierno social-comunista que, preside Pedro Sánchez, con el apoyo de separatistas y etarras?

Hace ya muchos meses que vengo afirmando que, la única opción que tienen quienes hoy día se reconocen como gente de derecha en España, los liberal-conservadores (y los españoles decentes que dicen no ser liberal-conservadores, o tratan de disimularlo), es que se ponga en marcha un proyecto político a la manera de la CEDA, de la Segunda República Española, hablo de una iniciativa imprescindible, pues, sin duda España está en un momento en el que más que nunca, se necesita una agrupación política que aglutine a todos los españoles decentes, a los que no tienen complejos y afirman sin tapujos que son de derechas, liberal-conservadores, democristianos, social-cristianos… a los numerosos españoles decentes que, no se sienten representados en las instituciones, a los numerosos españoles decentes que consideran que la mayoría de las opciones políticas han renunciado a todo lo que los buenos españoles consideran irrenunciable.

Ha transcurrido casi una década del triunfo aplastante del PP en las Elecciones Generales de 2011, y cualquiera que guarde memoria de aquellos tiempos, inevitablemente, llega a la conclusión de que la actual España es equiparable -aunque las cosas han ido a mucho peor- a cuando el nefasto José Luis Rodríguez Zapatero disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Fueron entonces muchos los que creyeron (como ahora) que, el populismo-progresismo estaba dando sus últimos coletazos, y que el Partido Popular que, acabó ganando las Elecciones Generales, iba a emprender una profunda regeneración, e incluso de un periodo “reconstituyente”. También fueron muchos los que proclamaban que, lo más importante y prioritario era desalojar a los socialistas del Palacio de la Moncloa, pero…

Sin embargo, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el Partido Popular –con Mariano Rajoy al frente- acabara defraudando a los españoles que el 20 N de 2011 «votaron cambio»; el partido que entonces encabezaba Mariano Rajoy (y hoy lidera Pablo Casado), prometió una profundísima regeneración que iría más allá de pequeñas y temerosas reformas; el Partido Popular nunca dijo durante aquella campaña electoral que, se limitaría a apuntalar el sistema sin ir a la raíz de los problemas. Mariano Rajoy nos dijo que se debía de intervenir a la manera del “cirujano de hierro” del que nos hablaba Joaquín Costa en “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España”.

Mariano Rajoy prometió que su Gobierno tendría como principal objetivo poner a España en el camino de lograr un desarrollo sólido y perdurable (“sostenible” lo llaman ahora), prometió también, recuperar la sensatez y actuar en sintonía con los intereses de la gente corriente, y por supuesto promover la salud de las instituciones “democráticas”, y evitar/erradicar situaciones de dependencia asistencial, de clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias.

También prometió Mariano Rajoy emprender acciones para acabar con la situación de absoluto desprecio hacia el orden legal que se viene practicando en España desde hace ya demasiado tiempo, por parte de quienes nos mal-gobiernan, que consideran que la ley es apenas un traje que se ajusta a su gusto y medida.

Durante la campaña electoral de noviembre de 2011 el Partido Popular prometió que el nuevo Gobierno dejaría de usar de forma arbitraria el presupuesto, no despreciaría de ningún modo la legalidad vigente, no boicotearía la seguridad jurídica, no espantaría las inversiones sino que las recibiría con los brazos abiertos, se abriría al comercio exterior y no distorsionaría las estadísticas para engañar a los españoles.

Mariano Rajoy auguró que su Gobierno nos pondría en el camino de un mayor nivel de bienestar y de un mayor crecimiento,.. y que, sería un gobierno “previsible” que, acabaría infundiendo más confianza.

El Partido Popular durante la campaña electoral no paró de hablar de recuperar o implantar “la excelencia” en determinadas facetas de la vida; sin embargo, nunca predicó con el ejemplo. Y tampoco emprendió acciones para rescatar a quienes a lo largo de varias décadas han sido expulsados o han desertado y han decidido no implicarse en «política», debido al proceso que tan acertadamente describía Joaquín Costa hace ya más de un siglo: “en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores… España es una meritocracia a la inversa. El régimen selecciona a los peores y prescinde de los mejores individuos, de las personas componentes de la sociedad española. En el régimen caciquil oligárquico sólo triunfan los peores”

Quienes entonces, hace una década, pensábamos (y seguimos pensando) que España está necesitada de una política quirúrgica de urgencia, nos preguntábamos si se atrevería Mariano Rajoy a convertirse en el “cirujano de hierro” que España necesita. Lamentablemente el tiempo acabó demostrando que no era “el cirujano” a quien deseaban quienes votaron al Partido Popular el 20N de 2011.

No está de más resaltar que los que ahora pretenden convencernos de que son los únicos que pretenden realizar la cirugía de urgencia de la que está necesitada España, y me refiero a los dirigentes de VOX, entonces estaban en el PP, y callaban, silbaban y miraban para otro lado, mientras recibían ingentes cantidades de dinero en forma de subvenciones o accediendo a cargos públicos, amadrinados o apadrinados por los oligarcas del PP.

En estos instantes en los que la derecha está amedrentada y acobardada, recurre al disimulo e incluso ha acabado adoptando el lenguaje y los dogmas izquierdistas (hasta el extremo de tratar de competir con la izquierda en cuestiones como el feminismo y el “cambio climático” y sandeces por el estilo) son muchas las voces influyentes que reclaman un proyecto que esté dispuesto a dar la batalla ideológica a la izquierda. Y, desgraciadamente el PP de Pablo Casado no está en esa dirección, sino todo lo contrario; la pretensión de los actuales oligarcas y caciques del PP es la de ser más socialdemócratas que los socialdemócratas, para captar (dicen) a los votantes del PSOE, e incluso –ilusos ellos- a los de “podemos”. Mención aparte merecen los caciques gallegos, con Feijoo a la cabeza, que se empeña en ser más nacionalista que los separatistas gallegos, llegando al extremo de perseguir la Lengua Española, a la manera de los separatistas catalanes, vascos, baleares, etc.

La política precisa de gestores talentosos, no de charlatanes demagogos que nunca han trabajado ni tenido la responsabilidad de pagar una nómina.

Como no paro de repetir desde hace ya mucho tiempo, España está necesitada urgentemente de un plan de choque, con la valentía suficiente y la altura de miras que exigen los terribles momentos por los que actualmente atraviesa nuestra Patria, la única esperanza que le queda a España es que un grupo de “hombres sabios y buenos” que, desaloje de las instituciones a la pandilla de bandidos que nos mal-gobiernan, y que conduzca a España a un periodo realmente constituyente, de ruptura con las formas caciquiles y oligárquicas como forma de gobierno, y acabemos finalmente homologándonos con los regímenes políticos más avanzados y las naciones más prósperas de nuestro entorno cultural, político, económico.

Estamos asistiendo a la crisis política, institucional y económica (además de la crisis de salud pública) más profunda desde la «Transición»… Y la única alternativa es impulsar un movimiento ciudadano -una gran coalición patriótica- que lleve al restablecimiento de la legalidad constitucional, un único bloque que, agrupe a TODA LA DERECHA ESPAÑOLA.

Esa nueva derecha de la que vengo hablando, debe tener un proyecto claro, rotundo en el que se prevea la reforma de todo lo que, necesita ser reformado en el estado del bienestar, que en España es mucho.

Esa nueva derecha española no debe tener ningún reparo, ningún complejo en cuestionar, y llegado el momento enfrentarse al consenso socialdemócrata, al acuerdo, más o menos tácito, respecto de que los derechos individuales pueden ser violados en nombre del “bien común”, del “interés colectivo” –como ha sucedido durante el estado de alarma que hemos sufrido durante meses, debido a la epidemia del coronavirus-

Esa nueva derecha debe enfrentarse al consenso de los diversos partidos con representación en el parlamento que, cuando gobiernan les lleva a violar los derechos individuales (el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad) a través de impuestos, redistribución de riqueza, y regulaciones de todo tipo, aunque hasta ahora ningún gobierno haya llegado a los extremos de los regímenes totalitarios del siglo XX, pese a que algunos como PSOE y Podemos no tengan recato alguno en manifestar claramente sus simpatías hacia ellos.

Esa nueva derecha debe expresarse sin rodeos, sin complejos, sin miedos de clase alguna respecto de que, eso que algunos denominan de forma despectiva “el capitalismo”, la economía de libre mercado, que en lo político se traduce en una “democracia liberal”, es el único sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo el derecho a la vida y a la propiedad.

La economía de libre mercado es la única forma de organización social que, ha sido inventada hasta la fecha para que sean respetados nuestros derechos inalienables a la vida, la libertad, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad. Por supuesto, hablar de capitalismo, de economía de libre mercado, de democracia liberal es hablar también de gobierno limitado. De un gobierno cuya función es proteger nuestros derechos individuales e impedir que sean violados por agresores nacionales o extranjeros. Capitalismo, economía de libre mercado significa un escrupuloso respeto a la propiedad y a la iniciativa privadas, rigiendo el principio de mínima intervención gubernamental; hablamos de un régimen político, una forma de organización social en la que el estado y la economía gozan de separación, comparable a la separación de la religión y el estado.

Ese único bloque que agrupe a toda la derecha española, tiene que tener muy claro que, en un régimen de democracia liberal y de economía de libre mercado, en el que exista una estricta separación de estado y economía, los gobernantes no deberán dar trato de favor, proteger ninguna actividad amparándose en el interés colectivo, en el bien común, o subterfugios por el estilo; debe regir el principio de “mínima intervención gubernamental” y tenderse a separar economía y gobierno, para que los privilegios dejen de existir o sean los menos posibles. Las cuestiones más evidentes que, por desgracia mucha gente ha dejado de tener en cuenta, e incluso de “creer” en ellas, son generalmente las más difíciles de explicar y de lograr que a uno le presten atención.

Yo, cada vez que se habla de gestión de lo público, siempre pongo de ejemplo la gestión de una comunidad de propietarios, en cualquiera que sea, los comuneros siempre procuran aplicar criterios de economía doméstica, y cuando se habla de gastar, la gente busca la manera de que se contraten los bienes y servicios imprescindibles para el mantenimiento de los elementos comunes, a la vez que se intenta que el gasto sea el menor posible.

En cualquier comunidad de propietarios no duraría mucho tiempo un administrador y, tampoco una directiva, que despilfarre, desatienda el mantenimiento de los elementos comunes, y esté corrompida, al menos que recurran a algún método de violencia con los vecinos. Pues sí, a la Nación Española hay que considerarla como una “macro-comunidad de propietarios y de vecinos”, en la que el presidente del gobierno debe hacer las veces de “Administrador de fincas” con la colaboración del restos de ministros.

Los propietarios de viviendas en España, en régimen de propiedad horizontal tienen la obligación de contribuir al mantenimiento de los servicios o elementos comunes en la proporción que establecen las escrituras de sus casas, que fija el porcentaje de participación de la vivienda en las cargas de la comunidad. Las personas que viven España también están obligadas a contribuir al mantenimiento de los servicios y elementos comunes, en proporción a lo que establecen los gobernantes de forma generalmente arbitraria. Tal como ocurre en algunas comunidades de vecinos, también los españoles tienen la sensación de que pagan cuotas elevadísimas, porque se elaboran presupuestos que suelen estar inflados y los gestores de sus dineros son unos despilfarradores y manirrotos.

Las comunidades de vecinos habitualmente están administradas por un profesional que cobra sus honorarios y presta un servicio a todos los propietarios, y a todos ellos debe de rendir cuentas, pues son quienes lo eligen. En España “el administrador de fincas”, o sea, el presidente del gobierno, cobra unos honorarios que al parecer de muchos no hace méritos suficientes para ganárselos, no suele estar al servicio de quienes lo eligen, y además no tiene la sana costumbre de rendir cuentas.

La figura se llama “administrador de fincas”, y es una pieza clave en el engranaje de las comunidades. Si es un buen profesional, velará por los intereses y los dineros de los dueños de las casas. ¡Ojo!, estas personas son administradores de dineros ajenos, no propios, y su trabajo obedece a un “mandato” de la Junta de Propietarios, que es el único órgano soberano de gobierno de las comunidades de vecinos, que decide sobre el destino de los fondos comunes.

En España, los diversos presidentes del gobierno habidos durante las últimas décadas que, se supone que han de hacer de “administradores de fincas”, han demostrado, todos sin excepción que no son buenos profesionales (y que tampoco se han rodeado de un grupo de buenos gestores, ni los han elegido teniendo en cuenta su capacidad o mérito de alguna clase, aparte de ser “amigos suyos” o miembros de su agrupación política); y para recochineo no velan por los intereses de todos los españoles, y menos por el buen uso de los dineros que todos aportamos a las arcas públicas, pues al parecer aún no se quieren enterar de que son administradores de dinero que no es suyo, y que quienes viven en esa “macro-comunidad de propietarios y vecinos”, que es España, son los únicos que deben decidir qué destino se le da.

Al parecer, a los diversos presidentes del gobierno que, se han ido sucediendo durante décadas, aún no acaba de entrarles en la mollera que son nuestros empleados, trabajadores a nuestro servicio, al servicio de los españoles, que debe cumplir fielmente con el cargo para el que ha sido elegido –por los vecinos- y por supuesto, rendir cuentas a la comunidad de todo lo que hace.

Un buen presidente del gobierno –tal como haría un buen administrador de fincas- envía información contable periódica a todos los propietarios y vecinos, informándoles del estado de cuentas de la comunidad. Un buen gestor de dineros ajenos es el que comunica a los administrados el estado de cuentas, de manera que cada vecino sabe en todo momento la situación económica de la nación, pues todos los ciudadanos tienen derecho a conocer con exactitud si la totalidad de los ingresos y gastos están adecuadamente reflejados en facturas o documentos justificativos similares.

Un buen presidente del gobierno –como haría un buen administrador de fincas- sigue criterios contables uniformes y comúnmente aceptados para la elaboración de los Presupuestos del Estado y la llevanza de los libros de ingresos y gastos. Un buen presidente del gobierno, como haría un buen administrador de fincas, pide siempre varios presupuestos a diversos profesionales del ramo cuando hay que ejecutar obras o mejoras en elementos comunes y, por supuesto, no se gasta un euro sin pedir autorización previa, sin consultar a los propietarios de esos dineros.

Un buen administrador no negocia para sí mismo comisiones con los proveedores que trabajan para los ciudadanos, cuyos dineros él administra, porque es absolutamente inmoral, además de ser delictivo. Un buen presidente del gobierno es el que gestiona de manera transparente, clara y veraz las cuentas y los dineros públicos, sin que pueda generarse la más mínima sombra de sospecha sobre su honestidad.

Un buen gestor de dineros ajenos ahorra costes a los ciudadanos, evita conflictos, resuelve problemas y es un gran mediador a la hora de solucionar discrepancias o asuntos que se enredan por la sana disparidad de criterios entre quienes habitan en la nación, y quienes nos honran con su presencia y nos visitan diariamente.

Y, para que tengamos un buen gestor al frente del Gobierno de la Nación Española, es imprescindible que sea una persona de probada experiencia, con un currículo exitoso, como gestor de dineros ajenos en la empresa privada; pues, a estas alturas es de sobra conocido que ningún político de los que forman parte de los diversos partidos con presencia en el Congreso de los Diputados, ha dado un palo al agua en su vida adulta, todos (salvo honrosas excepciones) son miembros de la casta extractiva, parasitaria: hijos, amigos, hermanos, cuñados… de eso que se denomina “la clase política”, cuyo único objetivo es formar parte de las diversas instituciones para seguir viviendo de nuestros impuestos.

¿Quién mejor, para semejante tarea que, un Marcos de Quinto, o alguien del equipo directivo de las empresas de Amancio Ortega -dueño de Zara- o de Juan Roig, dueño de Mercadona?

Sólo debemos confiar en gente capacitada, con experiencia exitosa, sobradamente probada, en gestión de dineros ajenos, y que, no tenga intención de hacer carrera en la política, para hacerse de un patrimonio. Y, desgraciadamente, los dirigentes del PP y los de VOX que, de una u otra forma afirman que son la alternativa al gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, no van en esa dirección, ni gozan de tales cualidades: no son personas cualificadas, ni de exitosa experiencia en la gestión de dineros ajenos, y día tras día demuestran que su único objetivo es hacer carrera en la política y hacerse de un patrimonio.

Después de la renuncia de Isabel Díaz Ayuso a encabezar la refundación de la Derecha Española, después de haberle rendido pleitesía a Pablo Casado y su comité de notables, salvo que se ponga en marcha un único bloque que agrupe a TODA LA DERECHA ESPAÑOLA, tendremos socialdemocracia para rato, feminismo de género para rato, despilfarro para rato, separatismos para rato.

Nos llegan noticias últimamente de los diversos proyectos “mediáticos” que se van a poner en marcha durante el último trimestre de 2021… si realmente la buena nueva de la que muchos hablan es cierta, pues entonces… “p’ alante” que seguro que tendrá el apoyo y el aplauso unánime de los españoles decentes, y tal vez, desde esos medios se pueda promover ese bloque de derechas del que vengo hablando, que logre algo más que desalojar a los socialistas, comunistas, etarras y separatistas de las instituciones; y no vuelva a repetirse una decepción, un fraude de la magnitud del que llevó a cabo el PP de Mariano Rajoy.