Caritas denuncia que 11 millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión social en España
Cáritas advierte que son ya once millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España, según revela el informe Análisis y Perspectiva 2021 elaborado por la Fundación FOESSA,que ha medido cuál está siendo el impacto de la pandemia en la cohesión social en España y que se ha presentado este miércoles, 6 de octubre bajo el título “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”.
El estudio revela que 2’5 millones de personas nuevas están en riesgo de exclusión respecto al año 2018, de tal manera que tan solo el 42% de los hogares de nuestro país disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión, frente al 49% de hace tres años.
Otro de los datos preocupantes del informe FOESSA es que por primera vez desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas.
De esta manera, Cáritas alerta que avanzamos hacia una sociedad más desigual y precaria, como declara el técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, Thomas Ubrich: “Los datos de FOESSA vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social, ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008”.
La covid-19 castiga al empleo y pone de manifiesto la brecha digital
Pese a que en el mercado de trabajo se está produciendo una recuperación progresiva, lo cierto es que el desempleo es uno de los peores efectos de la pandemia. En este sentido, la ONG de la Iglesia Católica revela que el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, a lo que se suma un mercado cada vez más precario frente a un trabajo digno.
Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, y que afecta al 24% de hogares españoles. Con respecto a 2018, prácticamente se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9% a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave, pasando del 4,8% al 10,3%.
Por otro lado, continúa en aumento el número de familias para quienes los gastos de la vivienda suponen una carga inasumible, y que asciende ya al 14% de los hogares.
La brecha digital es otro de los problemas estructurales que se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria que comenzó en marzo de 2020, lo que contribuye a generar desigualdad social. Y es que no disponer de conexión suficiente ni de un dispositivo conectado y de habilidades para manejarse en el entorno digital están marcando fuertemente la diferencia en una sociedad cada vez más digitalizada: supone una pérdida de oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, las ayudas públicas o las propias relaciones sociales. Esta es una realidad que afecta a un 46% de los hogares en situación de exclusión frente al 35% del conjunto de hogares.
Medidas como el Ingreso Mínimo Vital no funciona
El informe “Análisis y Perspectivas 2021” de FOESSA refleja déficits en el modelo de protección social a las personas en riesgo de exclusión. En este sentido, denuncia que el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno en la primavera de 2020 no ofrece una cobertura suficiente. En parte, el problema procede de la falta de información a la hora de tramitar la ayuda.
De hecho, tan solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. Es decir, más de dos tercios de estos hogares (el 68%) no lo han solicitado a pesar de sus escasos o nulos ingresos.
En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado.
Las propuestas de Cáritas para paliar las desigualdades
Ante este panorama cargado de incertidumbre, Cáritas plantea los desafíos que tenemos como sociedad para paliar los efectos de la desigualdad, entre los que incluyen un trabajo digno; políticas públicas que garanticen los derechos de los más vulnerables; romper la brecha digital; políticas orientadas a la familia o la acogida e integración de los inmigrantes.
La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro ha alertado que “cuando miramos los datos que nos ofrece la realidad social y de la acción Social de Caritas, observamos que sí se está quedando mucha gente atrás”.
De ahí la urgencia, apunta, “de seguir avanzando y ampliar el alcance de estas medidas iniciales para que el objetivo de construir ese ‘escudo social’ se logre y que proteja realmente a la ciudadanía y las familias más desprotegidas”.
Según los datos de la última Memoria anual, la Confederación Cáritas en España invirtió en 2020 más de 386 millones de euros en sus distintos programas sociales (unos 50 millones más que en 2019) para apoyar a 2,8 millones de personas en todo el mundo (1,77 millones en nuestro país) con problemas crecientes de precariedad y exclusión social.