Rafael Hernando.

El Partido Popular ha propuesto que sea obligatorio proporcionar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder acceder a las redes sociales.

Lo ha hecho por medio del senador Rafael Hernando, que ha rescatado una propuesta que ya presentó en 2017 y que ahora ha tomado la forma de proposición de ley en la Cámara alta española. Se asegura que esta iniciativa no pretende acabar con el anonimato en Internet, puesto que se podría seguir optando por utilizar un pseudónimo o un alias, pero serviría para que el usuario estuviera identificado por la plataforma.

Se trataría de tener herramientas más ágiles para que los juzgados pudieran acceder a la identidad de las personas que estén acusadas de haber cometido un delito a través de las redes. Sin embargo, las instituciones ya cuentan con mecanismos para llevar a cabo esas identificaciones en el marco de una instrucción judicial.

Además, algunos expertos consideran que el riesgo que supondría sería mayor que el que se pretende evitar. Por un lado, se estima que las plataformas no tendrían posibilidad de autentificar si el documento proporcionado es real, y por otro, y más importante, una posible filtración masiva de datos, como las que ya han sucedido, dejarían mucho más expuestos a los ciudadanos que se vieran afectados.

Actualmente, la Carta de Derechos Digitales, aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno español, establece el derecho al ‘pseudonimato’, es decir, el derecho de los usuarios a usar un pseudónimo en lugar de su nombre real. “Se permitirá el acceso a los entornos digitales en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno”, recoge el texto. Al igual que sucedía antes, los usuarios podrán ser identificados por orden judicial.

Sin embargo, esta nueva iniciativa desata los temores de que se esté dando un paso más en la restricción de libertades que diferentes colectivos de activistas llevan años denunciando en España.

Libertad frente a autocensura

Los partidarios de poder seguir conservando el anonimato en las redes sociales sostienen que aporta libertad para poder expresarse, sobre todo en una época en la que se ha denunciado reiteradamente que la libertad de expresión está en peligro en España.

Y no solo eso, sino que para muchos es una manera de evitar acosos en su vida laboral o familiar, al poder ocultar su verdadera identidad, como les sucede a cuentas feministas que son constantemente acosadas, por poner tan solo un ejemplo.

Se añade que la obligación de identificarse propiciará que aumente la autocensura. “En España se ha condenado a penas de cárcel por un chiste o una canción. También se ha multado y detenido a periodistas cuando estaban informando. O se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones. Y las normas que permiten todo ello siguen vigentes, por lo que puede seguir ocurriendo”, decía el año pasado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

La situación en este tiempo no ha cambiado dado que la legislación más polémica sigue en vigor. La denominada como ‘Ley Mordaza’, los delitos de injurias a la Corona o de ofensa de los sentimientos religiosos, entre otras normativas, llevan años siendo duramente criticadas. Ahora el Gobierno de coalición está estudiando la derogación de algunos de los aspectos más lesivos de estas normas y en breve se espera que se apruebe la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Prevención de la ciberdelincuencia

Los partidarios de eliminar el anonimato sostienen que se está produciendo un aumento de la ciberviolencia, en muchos casos escondidos bajo el anonimato. Delitos como el acoso, la suplantación de identidad, abuso de menores, violencia de género, extorsiones e, incluso, ciberterrorismo, se cometen cada vez con más frecuencia por medios online, incluidas las redes sociales.

Otro caballo de batalla es la difusión de noticias falsas o ‘fake news’ a través de las redes, que si bien no ha sido tipificado como delito, sí es un problema cuyo abordaje se está estudiando a nivel internacional.

Operación Araña

La inquietud que ha levantado esta iniciativa del PP trae al recuerdo la Operación Araña que se desarrolló, en cuatro fases, entre 2014 y 2016.

Bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, agentes de la Guardia Civil realizaron una investigación prospectiva en las redes sociales con la búsqueda de palabras clave con la finalidad de localizar comentarios que pudieran constituir delito de enaltecimiento del terrorismo.

En ese periodo se practicaron casi 80 detenciones y 40 personas fueron condenadas a penas de hasta dos años de prisión. Algunos de los casos más conocidos fue el del cantante de Def con Dos, César Strawberry, y el de la tuitera Cassandra Vera. El primero fue absuelto en primera instancia, condenado posteriormente a un año de cárcel por el Tribunal Supremo y finalmente absuelto por el Tribunal Constitucional. Por su parte, Vera fue condenada en 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación, sentencia que fue anulada un año después por el Tribunal Supremo.

¿Se acabó la privacidad en Internet?

La posibilidad de que sea obligatorio identificarse, aportando incluso el documento nacional de identidad, para tener acceso a las redes sociales aviva las preocupaciones de los activistas tanto de la libertad de expresión como de quienes se preocupan por la protección de los datos personales.

Y más después de que en julio el Parlamento Europeo haya aprobado la derogación de la privacidad electrónica. La nueva normativa, que para muchos supone el fin de la privacidad en Internet, permite a los proveedores de servicios de correo electrónico y mensajería buscar automáticamente entre todos los mensajes personales de cada ciudadano en busca de contenido sospechoso e informar a las autoridades.

La legislación, conocida como Chatcontrol, que se espera que llegue en breve en forma de reglamento, fue aprobada por una inmensa mayoría de 537 eurodiputados y solo contó con la oposición de 133 escaños y con 20 abstenciones.

El objetivo es perseguir la pornografía infantil, pero se esgrime que puede crear un precedente para futuras legislaciones con el riesgo de que la lista de futuros delitos perseguibles crezca en demasía, pudiendo llegar a facilitar incluso la persecución de opositores políticos. En cualquier caso, se sacrifica la confidencialidad de la correspondencia privada online, cosa que no ocurre con la correspondencia física.

Reforma de la ley Mordaza: la desactivación de la protesta

Además, en España las preocupaciones por la libertad de expresión y la confidencialidad de los datos privados choca con otros debates tangenciales que se vienen desarrollando en el último lustro.

El actual gobierno bicolor, compuesto por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), prometieron derogar la ley de Seguridad Ciudadana que, junto con la reforma del Código Penal, dio lugar a la conocida como ley Mordaza, utilizada para reprimir las protestas surgidas de manera novedosa tras la explosión del 15M, hace ahora una década. En estos momentos, el cambio parece inminente, pero parece que llegará tan solo en forma de reforma.

En virtud de esta normativa, desde 2015 se han emitido más de 1,3 millones de sanciones. Las multas aplicadas obedecen a un amplio abanico: de los entre 30.000 y 600.000 euros por realizar una manifestación no comunicada que entrañe riesgo para las personas, por negarse a disolver una o alterar el orden público a los entre 100 y 600 euros por una falta de respeto a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, según el relato del propio agente. Además, autoriza las devoluciones en caliente, los cacheos si el agente considera que existen indicios de delito o la obligación de identificarse bajo riesgo de ser detenido hasta seis horas.

Según muchos expertos, su aprobación por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy significó la criminalización de las nuevas formas de protesta pacífica llevadas a cabo por la ciudadanía. Tuvo un efecto desmovilizador muy importante debido a lo que algunos han denominado como ‘burorrepresión’: resultó más efectivo multar que detener. Se genera un imaginario de dificultad para la protesta, en el que la gente tiene miedo de salir a protestar y acabar multados.

Esta ley da presunción de veracidad al relato de los agentes de la autoridad, salvo prueba en contrario, lo que va contra la presunción de inocencia de los ciudadanos. Pero es difícil tener pruebas cuando la misma normativa prohíbe grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Los cambios que se prevé que sean aprobados incluyen la despenalización de las manifestaciones espontáneas en ciertos supuestos; que las sanciones económicas tendrán en cuenta la capacidad individual de cada persona; la reducción del tiempo de detención de quien se niegue a identificarse; o que los testimonios de los agentes de Policía tengan que ser coherentes, lógicos y razonables para ser considerados veraces. Una reforma que no contenta a colectivos sociales ni a Policías por razones contrarias.

Próxima parada: ‘ley Iceta’

En este escenario, la nueva propuesta del Partido Popular (PP) de acabar con el anonimato en las redes sociales es una gota más en el vaso de las inquietudes de los activistas digitales, que sostienen que la autocensura será cada vez mayor y que las nuevas propuestas van en el mismo sentido.

Así, su próximo caballo de batalla será la conocida como ‘ley Iceta’, denominada así por el ministro que la está desarrollando. Una normativa que traspondrá el reglamento de derechos de autor de la Unión Europea y que hará responsables a las plataformas del contenido que alojen, y no a sus autores, como hasta ahora. El ingente tráfico de plataformas y redes sociales hará que las compañías deleguen esta labor en algoritmos, que decidirán qué contenido eliminar y que, posibilitará, de nuevo, un aumento de la autocensura.