El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas son adoptadas por determinados individuos ¿Quién garantiza que utilicen criterios racionales?

El Estado puede establecer controles de precios, limitar el crecimiento de los salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la publicidad y la calidad de los productos, puede establecer límites a las emisiones contaminantes, planificar la distribución espacial de industrias y, sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y servicios.

El Estado se encarga directamente de la producción de bienes de interés estratégico económico o militar o de los bienes públicos, aquellos que, al no poder excluir de su uso al que no pague, no serían ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la enseñanza y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la empresa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor.

En todos los países se acusa a los gobiernos de falta de eficacia en la administración de las empresas públicas. Muchas empresas públicas sufren pérdidas un año tras otro. La explicación es que los gobiernos suelen seguir el principio de la subsidiariedad, encargándose de producciones que no resulten rentables a la empresa privada. Los gobiernos se hacen cargo frecuentemente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, de gestionar empresas que la iniciativa privada haya administrado de forma descuidada hasta dejarlas obsoletas y a punto de cerrar.

Resultan muy onerosas la reconversión y adaptación de las industrias a las exigencias de la competencia en una economía cada vez más global. Los gobiernos se suelen encargar de las inversiones necesarias para la reconversión de estas empresas procediendo a privatizarlas una vez que han vuelto a ser rentables. Las decisiones del Estado las toman los políticos que están en el poder.

Todo el mundo encuentra lógico que los consumidores y los empresarios adopten sus decisiones en función de su propio interés; sin embargo, se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien común. Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma deshonesta; un político absolutamente honrado e un país democrático se esforzará en ser reelegido y en que su partido obtenga más votos. Lo que ocurre es que en los países democráticos donde hay libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la población.

El análisis económico del comportamiento político es el objeto de una rama especializada de nuestra ciencia: la Elección Social o Public Choice uno de cuyos más destacados líderes y teóricos es Buchanan. Para esta corriente, los sistemas democráticos pueden ser vistos como mercados en los que los partidos políticos son empresas que ofrecen servicios administrativos a la comunidad. En su publicidad dicen qué harán y cómo lo harán. Tratan de captar el mayor número posible de clientes-votantes. Cuando están en posiciones de poder—local, regional o estatal—tratan de satisfacer los deseos del mayor número posible de ciudadanos con el fin de maximizar el número de votos en las siguientes elecciones.

El mercado político presenta unas interesantes peculiaridades. Al parecer en ese mercado existen fuertes economías de escala por lo que hay tendencia a que se reduzca el número de partidos hasta convertirse en un oligopolio duopolio. El posicionamiento de los partidos políticos con respecto a los problemas sociales se realiza con criterios muy similares a los que utilizan las empresas para establecerse geográficamente cerca de los consumidores. En el caso de sistemas pluripartidistas esta tendencia a ocupar el espacio de centro queda suavizada por la amenaza de los partidos extremistas que recogen el voto abandonado por un excesivo desplazamiento hacia el centro. Por el contrario, los sistemas de elección no proporcionales y que penalizan las minorías, refuerzan la tendencia hacia la moderación de los partidos mayoritarios.

Por otra parte, la burocracia, los funcionarios no sometidos a elección, adopta también decisiones y sus motivaciones pueden ser diferentes de la de los políticos. Mientras que el político trata de maximizar el número de votos obtenidos, el burócrata trata de maximizar su poder. Buscará así que su departamento obtenga un presupuesto más alto, que haya más funcionarios a sus órdenes, que pueda disponer de mejores medios materiales. Otro problema puesto en evidencia por los teóricos de la elección social es la intransitividad de las preferencias sociales.

Aunque todos los individuos de un grupo sean racionales y con preferencias transitivas, las decisiones tomadas democráticamente por el grupo pueden ser intransitivas, es decir, irracionales.

Recuérdese que al hablar de las características de los mercados de competencia perfecta, las preferencias de un individuo son transitivas si prefiriendo A a B y B a C, prefiere A a C. Supongamos ahora que la junta directiva de una fundación benéfica, formada por tres individuos, tiene que decidir si gasta su dinero en subvenciones a trabajadores en paro (alternativa A), en crear empleo organizando una empresa (alternativa o en formación profesional para los desempleados (alternativa C).

Los tres individuos son racionales y sus preferencias son por tanto transitivas. El primero de ellos prefiere A a B, B a C y, consecuentemente, A a C. El segundo prefiere B a C, C a A y por tanto B a A. El tercero prefiere C a A, A a B y C a B. Si en la junta se somete a votación las alternativas A y B resultará que la mayoría (individuos 1º y 3º) preferirán A a B. Si las alternativas sometidas a votación son la B y la C la mayoría (individuos 1º y 2º) preferirá B a C.

Para que las preferencias de la junta fuesen transitivas sería ahora necesario que A fuese preferido a C pero si se someten a votaciónes las alternativas resultará que la mayoría (individuos 2º y 3º) prefieren C a A. Algunos autores han planteado la posibilidad de elaborar una función de bienestar social basada en las ordenaciones de preferencia de todos los miembros de la sociedad. Esto sería algo muy parecido a una definición matemática de “bien común”. K.J. Arrow, premio Nobel de Economía, ha demostrado lo que se conoce por el teorema de la imposibilidad que afirma que es imposible elaborar una función de bienestar social que satisfaga ciertas condiciones elementales como la de no-dictadura y la optimalidad paretiana.

*Teniente coronel de Infantería y doctor por la Universidad de Salamanca