Juan José Liarte.

(R) La vida política de Juan José Liarte dio un giro el 12 de marzo de 2021. La deserción de tres diputados de Cs dejaba a los tres expulsados de Vox, libres de cumplir órdenes de partido, como única tabla de salvación de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. El abogado cartagenero, cuya inteligencia pocos cuestionan, aprovechó su momento. Tras mostrarse ambiguo al principio sobre la posibilidad de apoyarla operación, deslizando supuestas ofertas de los socialistas incluso para entrar en el Ejecutivo (des- mentidas por estos), firmó un acuerdo con el PP que implicó el nombramiento de Mabel Campuzano como consejera de Educación, y lo convirtió junto a su Francisco José Carrera en elemento clave para la estabilidad del Gobierno regional. Y ahí siguen condicionando las políticas del Ejecutivo autónomo Liarte y los suyos, a quienes echaron de Vox en junio de 2020 pero conservaron sus escaños y votos en la Asamblea. En los Presupuestos de la Comunidad para 2022 se observa su impronta. La supresión de las bonificaciones al juego —anunciada esta semana por el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín— responde a un viejo compromiso del PP con te en el pacto presupuestario de 2020, cuando este todavía se encontraba bajo la disciplina del partido de Santiago Abascal. En los últimos días hubo una discrepancia entre los expulsados de Vox y sus socios populares. Liarte recibió a principios de semana una llamada telefónica de un destacado dirigente del PP en la que le avanzaba la decisión de la Consejería de Salud de implantar de forma obligatoria, previa solicitud al TSJ, el certificado Covid en la Región, tanto para la hostelería como para el ocio nocturno. Al portavoz se le torció el gesto y avisó a su interlocutor de que «podía ser un problema», según admitió a La Verdad. La Consejería de Salud anunció su medida el martes pero reculó solo dos días después. En la petición enviada finalmente al TSJ, se limitaba al ocio nocturno la obligatoriedad de exigir a los clientes el documento que pruebe que recibieron la vacuna contra el coronavirus y/o que pasaron la enfermedad. Liarte no se opone a que se implante en discotecas.

Los diputados pretenden dejar su impronta en la legislatura y no renuncian a reformular otra vez el polémico ‘pin parental’

En cambio, para bares y restaurantes prefiere que se mantenga opcional, como así va a ser. La palabra de López Miras El portavoz ignora si la marcha atrás del Ejecutivo se debió a su advertencia y aclara que nunca se trató de una amenaza. La versión que dio el consejero, Juan José Pedreño, fue que los servicios jurídicos de la Comunidad consideraron que había más posibilidades de que los jueces accedieran a la reclamación si se mantenía la libertad de elección en hostelería y restauración. En cualquier caso, Liarte se muestra satisfecho con la rectificación y recuerda que el presidente, Fernando López Miras, le dio su palabra en sede parlamentaria, durante la sesión de control del pasado 20 de octubre, de que en la Región de Murcia el certificado Covid no sería obligatorio. El diputado se opone a la medida por motivos sanitarios y también por cuestiones ideológicas.

Considera que la evolución actual de la pandemia y el alto porcentaje de vacunación hacen innecesaria su aplicación. En su intervención en el citado debate del 20 de octubre, en el que López Miras y él discutieron sobre el pasaporte Covid, Juan José Liarte expresó que se trataba «de una intromisión en la intimidad personal y la libertad», valores que, según su parecer, «van por delante de la justicia o la igualdad».

La posición del parlamentario sobre el certificado Covid guarda similitudes con la de su expartido. El portavoz nunca ha ocultado que, pese a que le retiraron la condición de afiliado, mantiene las mismas ideas. Y advirtió de que defendería en la Asamblea el programa con el que se presentó a las elecciones de 2019.

Sindicatos y Religión

Por otra parte, el lider de los apartados de Vox afirma que todavía está abierta la negociación presupuestaria entre el Gobierno regional y su grupo parlamentario (al que aún pertenece Pascual Salvador, el único diputado que
milita en la formación de Santiago Abascal). Y hay «algunas cuestiones de carácter ideológico» que, según su parecer, el Ejecutivo autónomo debería comprometerse a materializar.

Una de ellas es la reforma de la Ley de Participación Institucional, ya registrada en la Asamblea pero todavía no debatida. Esta persigue cambiar la regulación sobre la entrega de subvenciones públicas nominativas a la patronal y los sindicatos. Es otra cuenta pendiente del acuerdo presupuestario de hace dos años. Además, Liarte pretende buscar con los populares una salida para los profesores de Religión.

Pese a que Mabel Campuzano procurará que la asignatura mantenga el máximo de horas posibles, la aplicación de la Lomloe hará que muchos de estos docentes se queden en la estacada. Tampoco se olvida del polémico ‘pin parental’.

«No queremos que acabe la legislatura sin establecer alguna fórmula para que los padres siempre tengan la última palabra en la educación de sus hijos, como marca la Constitución», advierte, con la seguridad del que puede lograrlo todo, el aliado del Ejecutivo regional.

Fuente: La Verdad