La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

VT.- El Gobierno de Nueva Zelanda ha confirmado que los enfermos por coronavirus pueden acogerse a una ley de eutanasia recientemente promulgada, que paga a los médicos que prestan el servicio un bono de 1.087 dólares más gastos de viaje.

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda (MOH) describe la Ley de elección del fin de la vida de 2019 (EOLCA) en su sitio web como una norma que “brinda a las personas que experimentan un sufrimiento insoportable de una enfermedad terminal la opción de solicitar legalmente asistencia médica para terminar con sus vidas».

La EOLCA fue aprobada por el pueblo de Nueva Zelanda en un referéndum de ciclistas de 2020 que acompañó a una elección federal en la que la fanática del mandato de vacunas y bloqueo, Jacinda Arden, ganó un segundo mandato como Primera Ministra.

El suicidio inducido por el Estado entró en vigor el 7 de noviembre.

El sitio web de EOLCA define la muerte asistida como «cuando una persona con una enfermedad terminal (y que cumple con los criterios de elegibilidad) solicita medicamentos para aliviar su sufrimiento y terminar con su vida».

Además, define la muerte asistida como un acto que «involucra» al médico, la enfermera o ellos mismos de una persona como «darles medicamentos para aliviar su sufrimiento provocando la muerte».

Según un artículo de octubre del medio de comunicación de Nueva Zelanda Stuff, «Se ha publicado un aviso oficial que establece un programa de precios para la práctica, incluido lo que el gobierno pagará a los médicos por realizar el procedimiento: 1087,20» (equivalente a 740 dólares).

Stuff señaló que se pueden cobrar tarifas adicionales por los costos de viaje, así como por los psiquiatras que participan en las evaluaciones para determinar que los clientes del programa Assisted Dying están en su sano juicio y no están bajo coacción.

La sección de Elegibilidad del sitio web EOLCA del Ministerio de Salud proporciona los siguientes criterios:

– Tener 18 años o más.

– Ser ciudadano o residente permanente de Nueva Zelanda.

– Sufrir una enfermedad terminal que probablemente terminará con su vida en 6 meses.

– En un estado avanzado de deterioro irreversible de la capacidad física.

– Experimentar un sufrimiento insoportable que no se puede aliviar de una manera que la persona considere tolerable.

– Debe ser competente para tomar una decisión informada sobre la muerte asistida.

El 19 de diciembre, la publicación neozelandesa contra la eutanasia The Defender publicó los resultados de una Ley de información oficial (la versión neozelandesa de la FOIA) consulta al medio enviado al Ministerio de Salud en noviembre, preguntando: «¿Podría un paciente que está gravemente hospitalizado con Covid-19 ser elegible para el suicidio asistido o la eutanasia según la Ley si un profesional de la salud considera que su pronóstico es de menos de 6 meses”.

El Defensor explicó el motivo de su investigación sobre los motivos del Gobierno: «En primer lugar, actualmente se describe a Nueva Zelanda como una situación precaria en lo que respecta al COVID-19 y los recursos hospitalarios».

«A la luz de esto, no sería difícil imaginar una situación en la que un aumento rápido y considerable de las hospitalizaciones por COVID-19 podría generar presión para utilizar la eutanasia y el suicidio asistido como herramientas para resolver una crisis tan grave».

Se recibió una respuesta del Ministerio de Salud el 7 de diciembre y se publicó parcialmente en el sitio web del medio. En particular, el Ministerio declaró: “Una enfermedad terminal es a menudo una enfermedad prolongada en la que el tratamiento no es eficaz. La Ley EOLC establece que la elegibilidad la determina el médico tratante (AMP) y el médico independiente».

La Defensora se alarmó por esta respuesta en varios frentes: “En primer lugar, no hay nada concreto sobre la frase ‘más a menudo’, de hecho, su inclusión en este contexto específico parece sugerir claramente que el MINSA considera que la definición de enfermedad terminal es subjetivo y abierto a la interpretación».

«La siguiente oración parece respaldar esto», continúa el artículo. “Aclara que el MINSA considera que el médico tratante (AMP) y el médico independiente están facultados por la EOLCA para tomar la determinación sobre lo que califica y no califica como enfermedad terminal”.

El editor de The Defender, Henoch Kloosterboer, declaró: “A la luz de esta interpretación vaga, es razonable sugerir que el COVID-19 podría clasificarse como una ‘enfermedad terminal’ según el pronóstico del paciente y los juicios subjetivos del AMP y médico independiente. Parece que nos han vendido una cosa y nos han entregado otra».

En el párrafo final, el Ministerio de Salud dejó en claro que la pandemia calificaba para la elegibilidad, siempre que los médicos que lo atendieran lo dijeran: “La elegibilidad se determina caso por caso; por lo tanto, el Ministerio no puede hacer declaraciones definitivas sobre quién es elegible. En algunas circunstancias, una persona con COVID-19 puede ser elegible para muerte asistida».

En una entrevista con el Catholic Herald el 20 de diciembre, la baronesa Finlay de Llandaff, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, quien también es doctora y profesora de cuidados paliativos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiff, dijo que la inclusión de pacientes con COVID en la eutanasia la elegibilidad en un país que ha utilizado ampliamente cierres, medidas y mandatos de vacunas para luchar contra la pandemia «cambia el espíritu de la medicina».

“Es extraño que un país que ha estado tratando de proteger a sus ciudadanos [sic] cerrándose completamente de un virus del que la gente puede recuperarse completamente… ahora sugiera que estos pacientes deberían ser asesinados por sus médicos”, afirmó.

«Realmente no se puede predecir la muerte al 100 por ciento… Entonces, ¿por qué no apoyarlos mientras están muriendo y dejar la puerta abierta en caso de que estén en el grupo que desafía todas las probabilidades y se recupera por completo?»