DV.- Oficialmente vivían en dos pisos de las calles Pío Baroja y Pintor Berrueta de Irún, aunque para la mayoría de ellos no era su domicilio real, ya que residían en otros municipios, comunidades o incluso países como Francia y Argelia. Un total de 75 personas fueron empadronadas en el curso de un año en esas dos viviendas, hasta que una operación de la Policía Nacional ha culminado con el arresto del hombre de origen paquistaní que, presuntamente, facilitaba los empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de pagos mensuales, que oscilaban entre 50 y 100 euros.

La operación policial se ha saldado con 13 detenidos y ha permitido averiguar que 22 de los falsos empadronados habían empleado esos certificados ficticios: uno de ellos para beneficiarse de ayuda social de la Diputación que ascendía a 14.000 euros, 3 para solicitar prestaciones sanitarias del Departamento Vasco de Salud, y 18 para tratar de obtener permisos de residencia en España.

El Ministerio de Interior ha informado este martes de la Operación Bezanes, una investigación de agentes de la Policía Nacional que se enmarca en la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas de Guipúzcoa. Se trata de pisos que no constituyen el domicilio real de estas personas, sino que se utilizan para obtener un certificado de empadronamiento «que posteriormente será utilizado con fines fraudulentos», explican fuentes policiales.

La investigación se inició cuando los agentes descubrieron que en los registros del padrón municipal del Ayuntamiento de Irún correspondientes a dos viviendas de las calles Pío Baroja y Pintor Berrueta había empadronados un elevado número de personas. Además, detectaron «un continuo trámite de altas y bajas», lo que les hizo sospechar de la existencia de algún tipo de irregularidad en estas inscripciones.

Así, los investigadores comprobaron que en el periodo de tiempo comprendido entre junio de 2020 y agosto de 2021 fueron empadronadas como residentes en estas residencias 75 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, y descubrieron que algunos se encontraban en situación irregular.

Asímismo, averiguaron que las altas en el padrón municipal de todas estas personas habían sido autorizadas, presuntamente, por un ciudadano nacional de Pakistán, en calidad de arrendatario de la vivienda.

Las pesquisas llevadas a cabo también lograron esclarecer las circunstancias que rodearon el empadronamiento de los inscritos, de tal forma que comprobaron que 61 de ellos nunca han residido en las citadas viviendas y, de estos, 45 pagaron por la tramitación y mantenimiento de estos empadronamientos ficticios al arrendatario de la vivienda cantidades que oscilan entre los 50 y 100 euros mensuales. De este modo, el beneficio económico obtenido por el sospechoso, en el período aproximado de un año, se ha cifrado en unos 11.500 euros.

ENTRE 50 Y 100 EUROS AL MES

En el caso de la vivienda de la calle Pintor Berrueta, los agentes pudieron averiguar que el detenido falsificó presuntamente «en repetidas ocasiones» la firma del propietario de la vivienda para tramitar el empadronamiento de los inscritos, «supliendo así su necesaria autorización, hechos por los que también se abrieron las diligencias penales correspondientes», explica Interior.

Además de la responsabilidad penal por estas falsificaciones, al investigado también le fueron tramitados ante la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa dos expedientes por infracciones a la Ley de Extranjería, por los que fue sancionado con multas de 3.507 euros y 340.034 euros por una infracción grave y muy grave, respectivamente, de esta ley.

En base a todo lo hallado, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de San Sebastián iniciaron, también, las averiguaciones necesarias para determinar los posibles usos fraudulentos que, a posteriori, podrían haberse hecho de los certificados de empadronamientos ficticios, así como de los responsables de los mismos.

De dichas pesquisas, obtuvieron que de las 75 personas inscritas de manera fraudulenta como residentes en alguno de los dos domicilios investigados 22 habían utilizado los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Irun para cubrir requisitos esenciales de diferentes trámites administrativos, tanto para organismos estatales como autonómicos.

De estas 22 personas, una de ellas se había valido del certificado ficticio para tramitar el cobro de una prestación económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, beneficiándose de una ayuda social de 14.000 euros. Otras 3 usaron el empadronamiento para la solicitud de prestaciones sanitarias del Departamento Vasco de Salud, y 18 para acreditar fraudulentamente su residencia en territorio nacional «con fines de la realización de trámites orientados a la obtención de permisos de residencia en España, incluidos casos de extranjeros que en realidad fueron localizados como residentes en otras comunidades autónomas e incluso fuera del territorio nacional».

En este sentido, por el uso ilegítimo de los certificados de empadronamiento, los investigadores procedieron a la detención de 13 de las personas empadronadas fraudulentamente, imputándoles presuntos delitos de falsedad documental y estafa. Igualmente, otras 25 personas empadronadas irregularmente en los domicilios examinados se enfrentan a sanciones económicas de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa que oscilan entre los 501 y los 10.000 euros.

El Ministerio de Interior ha informado de que la operación continúa abierta con el fin de localizar a otros investigados, algunos de los cuales, según han comprobado, son residentes en países como Francia, Reino Unido o Argelia, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

(Diario Vasco)