El drama del conflicto en Ucrania está dejando más de tres millones de refugiados. Se trata de familias enteras abandonadas a su suerte mientras los misiles rusos destruyen sus vidas. Esta terrible situación ha generado un enorme tsunami de solidaridad en todo el mundo. En España, miles de familias se han ofrecido a acoger tanto a familias enteras como a niños.

El problema es que tratar la emergencia social en ocasiones no es sencillo. Por un lado, el Gobierno ha establecido un plan de acogida para los refugiados ucranianos en colaboración con otras administraciones.

En total, España dispone de 12.000 plazas y tres centros de recepción para los refugiados en Alicante, Barcelona y Pozuelo de Alarcón (Madrid) “porque son las zonas del país con más población ucraniana”, precisan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. De esas plazas, 6.000 pertenecen a la red estatal y las otras 6.000 han sido aportadas por las distintas comunidades y ayuntamientos.

Fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá señalan que en los centros de recepción se realiza una “atención integral” a los refugiados ucranianos y es allí donde se les documenta y tramita “desde el permiso de residencia y de trabajo hasta la escolarización de los niños y la atención médica”. Para los desplazados que llegan a ciudades donde no hay centro de recepción, esta regularización se realiza en las comisarías de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes explican que tras tramitar su documentación se les pregunta si necesitan o no acogida, ya que muchas de ellas no necesitan recurso habitacional al instalarse en casa de familiares: “En caso de necesitar acogida, las primeras 24 horas permanecen en los centros de recepción. Luego, los trabajadores sociales estudian su situación y buscar la mejor opción para ellos entre las plazas disponibles”. Estas plazas son gestionadas en su mayoría por las ONG Cear, Accem y Cruz Roja.

La regularización de la situación de estos refugiados en España es posible gracias a la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea de la Directiva 2001/55/CE sobre protección de personas desplazadas, que permite automáticamente a los ucranianos desplazados residir, trabajar o estudiar en la unión un año prorrogable hasta tres años, sin tener que solicitar asilo.

¿Cómo puedo acoger si soy un particular?

Por su parte, los particulares que quieran acoger a una familia ucraniana en sus casas pueden hacerlo a través de alguna asociación privada, aunque hay ciudadanos que deciden desplazarse directamente en sus coches hasta la frontera de Polonia con Ucrania en la búsqueda de personas necesitadas de acogida.

En España hay numerosas organizaciones que llevan décadas trabajando con Ucrania en la acogida de menores y que normalmente los traen tres meses en verano y un mes en Navidad. Muchos de ellos son huérfanos que residen en orfanatos, aunque también hay niños procedentes de familias vulnerables.

Esas son las asociaciones que ahora, con sus propios recursos y donaciones particulares, están llenando autobuses de familias ucranianas con destino Valencia, Murcia o Andalucía para buscarles un nuevo hogar. “No hemos recibido ni una llamada del Gobierno, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Algeciras ofreciéndonos ayuda”, afirma irónica Lola Pérez, presidenta de la Asociación Niños de Ucrania y Andalucía, que cuenta con 120 socios.

Pérez explica que su asociación ya ha fletado hasta tres autobuses para acoger refugiados y reconoce que la mayor dificultad es buscar un sitio para todos sus miembros: “A la gente no le importa acoger niños pero ya colocar a familias enteras es más complicado”.

En este sentido, muchas familias se ofrecen a la acogida únicamente de niños, que es más complicada, ya que no existe un protocolo específico para gestionar el acogimiento de menores refugiados procedentes de Ucrania, por lo que el proceso de acogida que debe seguirse es el que esté vigente en cada región para menores tutelados.

Desde Unicef España, recuerdan que esta materia es “competencia de las comunidades autónomas en colaboración con la Administración General del Estado” y que se tratan de “procesos regulados” en los que “deben cumplirse una serie de requisitos”.

“En primer lugar, comprobar que el niño o la niña se encuentra en situación de desamparo, es decir: privado de la atención, del cuidado y de la protección que necesita. En segundo lugar, todo el proceso debe hacerse bajo el principio del interés superior del menor, estudiándose caso por caso y viendo cuál es la mejor solución para ese niño o esa niña. Y por último, las familias deben cumplir con unos requisitos de idoneidad que marcan las comunidades autónomas”, asegura Cristina Junquera, Responsable de Incidencia Política y Estudios de la organización de Naciones Unidas dedicada a la infancia.

Junquera recuerda que en momentos de guerra, cuando hay niños y niñas solos, hay que intentar primero “buscar a familiares y conocidos” y que, de no encontrarse, la solución para los menores debe ser “duradera y estable”.

Entre los documentos que hay que presentar para poder convertirse en familia de acogida se encuentra el empadronamiento, un certificado de penales -en el que figure que no tienen antecedentes de delitos penales y sexuales- y un informe médicos que certifique que la familia no cuenta con problemas que le impidan cuidar a un menor -adicciones, enfermedades…-.