Josele Sánchez (Especial para AD) Ya lo había anunciado Isabel Celaá, la ministra de triste recuerdo que entregó la educación de nuestros hijos al adoctrinamiento por arte del Estado y la ideología de género: “los niños ya no pertenecen a los padres, sino al Estado”.

Al poco de formarse la coalición de gobierno mal llamado social-comunista y cuya correcta denominación sería “liberal-comunista” (coalición gubernamental que también gobierna en las Islas Baleares), socialistas y podemitas impedían la creación de una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer la prostitución sistemática de las niñas tuteladas por el Estado, que era conocida y consentida durante años por las Instituciones responsables de su cuidado. Así vinieron a quedar en evidencia los cuidados que venía proporcionando el Estado a “las personas menores de edad” que ya le “pertenecían”. De este modo y aprovechando el Estado Alarma (no se había producido ninguna crisis epidémica en la seguridad física o psíquica de la infancia de nuestro país que justificara tal urgencia legislativa), Pablo Iglesias impuso con nocturnidad y alevosía una reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor (1/1996) haciendo aprobar por decreto su “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia”. No se trataba de cosa baladí; la medida era absolutamente ideológica: el marxismo cultural que tiene el monopolio de adoctrinar a nuestros hijos en las aulas se hace, también, con el poder jurídico de nuestra infancia, algo que ni el propio Stalin hubiera podido concebir.

El texto del “Decretazo” define el maltrato infantil con expresiones tan amplias e inconcretas como: “así como los actos de omisión producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de las personas menores de edad” (Art. 1, P-2). Eso deja prácticamente en indefensión a cualquier progenitor para que pueda ser señalado como maltratador por cualquier empleado público o incluso por cualquier otro ciudadano. El refuerzo que hace de la autoridad de los funcionarios y empleados públicos de Servicios Sociales, en mayor detrimento de la tutela judicial efectiva de la que ya se sufre ahora en este terreno, viene a dejar el peso de la toma de decisiones en los polémicos “Equipos Psicosociales” que tan dudosa legitimidad, capacitación y moralidad han demostrado en el pasado, unos “Equipos Psicosociales” absolutamente al servicio de la Ideología de Género y compuesto por personal perfectamente adoctrinado en la deshumanización absoluta de cada caso y la cosificación de niños, familiares y tutores, algo definitivamente necesario para hacerse con el poder y el control absoluto ya no sólo sobre la educación sino sobre la propia vida de nuestros niños.

A la mayoría de la ciudadanía (ignorante como ante casi todo de lo que esto significa) no le ha importado, e incluso ni se ha enterado de esta reforma legislativa; al principio parece que tomó algo de fuerza en la conciencia de los padres aquello del “pin parental” pero con la información única sobre la pandemia parece que aquella mínima concienciación fue remitiendo. Y es que mientras el asunto no va con uno es como si las cosas no ocurrieran o sólo aparecieran triste historias, de tarde en tarde, en alguno de los escasos programas informativos no manipulados de cualesquiera de los grandes medios de comunicación. Pero la realidad es que se trata sólo de una parte de la agenda de un plan mucho más amplio destinado al control absoluto de nuestros niños por parte del Estado que llegará, no lo duden, a retirar la patria potestad a padres por el mero hecho de negarse a que sus hijos sean educados en la Ideología de Género. (No debemos olvidar la primera visita que recibió Pedro Sánchez nada más acceder por vez primera a la Moncloa: George Soros).

Padres podrán perder la tutela de sus hijos por negarse a la “educación sexual obligatoria”

Nada dejó Iglesias y su malvada camarilla a la improvisación y así lo demuestra la forma de vincular una ley de protección de la infancia con la “Perspectiva de Género” y la “LGTBI”, mezclando y confundiendo colectivos tan distintos. Su ambigüedad se convierte en una ratonera para los progenitores que se atrevieran a oponerse al dictamen del “monitor de educación sexual obligatoria” de sus hijos, pues no define quién debe interpretar la “…orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada…” por el menor, por lo que podrían verse acusados de maltrato infantil por vía penal si se le oponen. Aún resulta más cuando, en el punto 2-b del artículo 47, se obstaculiza que el propio menor sea oído en declaración durante la investigación del presunto episodio de violencia que ha sido denunciado, lo que podría impedirle incluso la defensa de sus propios padres. Se alcanza la desfachatez en el art. 51 cuando, después de vetar lo de la comisión de investigación en Mallorca, se pretende legislar sobre la “intervención ante casos de explotación sexual de personas menores de edad tuteladas”.

Como en “el paraíso comunista” el Gobierno se garantiza la “propiedad efectiva” de nuestros hijos

La perversa legislación del menor Made in Pablo Iglesias & Irene Montero fíjense hasta dónde llega en sus disposiciones finales, en las que se modifican por decretazo varios artículos de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Ahora se podrá retirar la tutela de los hijos a las familias por simple POBREZA, por un DESAHUCIO, porque el menor “sobreexponga su imagen” en redes sociales, por “embarazo precoz”, los ingresos hospitalarios múltiples o, simplemente, por las desavenencias propias de un DIVORCIO. La reforma introducida permite incluso que se le pueda quitar la tutela de sus hijos a una madre, simplemente por haber sido identificadas como “víctimas de trata o de violencia de género”. La tutela de los menores de 14 años con delitos, ahora está también en manos del Estado.

Acaso lo más escandaloso de este Anteproyecto que pasa desapercibido por la opinión pública, por una conciencia colectiva anestesiada y absolutamente borreguil, sea que el Gobierno se garantiza la “propiedad efectiva” de nuestros hijos, pues podrá asumir su tutela y apartarlos de nuestro lado siempre que lo desee. Si atendemos al hecho de que los niños tutelados por el Estado sufren unas tasas de fracaso escolar de alrededor del 90 %, que tan solo el año pasado fueron denuncias ¡1.521 desapariciones de menores tutelados por el Estado! (más de mil quinientos niños, cuya responsabilidad y tutoría desaparecen como por arte de magia y nadie se preocupa dónde están o qué ha pasado con sus vidas, quién está detrás de estas desapariciones y para qué son utilizadas) y a que la prostitución y el narcotráfico entre ellos no se da solo en Mallorca, Madrid, Gran Canaria, Álava o Valencia.

Mónica Oltra, cómplice de pederastia

El último caso ocurrido en Valencia resulta absolutamente ilustrativo. La propia vicepresidente de la Generalidad Valenciana -que accedió al poder con la promesa a las víctimas del “caso Bar España (esa trama de pederastia que ahora, por arte magia y decisión de todos los grandes medios de comunicación se ha convertido en un “gran bulo” imaginado por las mentes más calenturientas, entre otras las del periodista que suscribe este artículo y que se enfrenta a penas de 45 años de cárcel por denunciar el mayor entramado de secuestros, torturas, drogadicción, violación y muertes de niños tutelados) de “levantar las alfombras” y llegar hasta el final de esta macabra historia-, ahora resulta que Mónica Oltra se convierte, políticamente al menos, en cómplice de pederastia.

Así es, así son los iconos del nuevo feminismo, las defensoras por autonomasia de la mujer, las políticos que vienen a liberar a las españolas del yugo del heteropatriarcado y de ese macho maltratador y violador -que por decisión de la Ideología de Género- todos los españoles llevamos dentro. Recuerdo la imagen de la presentación oficial del nuevo proyecto regenerador, feministas y de izquierdas que representa la vicepresidente del Gobierno, Yolanda Díaz flanqueada a un lado por una político musulmana tapada de pies a cabeza y al otro lado por Mónica Oltra, la esposa de un condenado por abusos sexuales a una menor tutelada que no sólo había colocado a su marido a trabajar en su Consejería como monitor de menores (dónde queda aquello de acabar con los enchufismos de la casta), no sólo desconocía tras décadas de matrimonio los gustos sexuales de su esposo por las menores (evidentemente Oltra no es responsable de las perversiones de su marido pero dice poco de su inteligencia y de su astucia para ejercer la política el no haber advertido, después de tantos años, las conductas “pedófilas y pederastas” de su compañero de vida y padre de sus hijos) sino que, además, trató de ocultar el crimen sexual de su marido contra una niña tutelada por su propio negociado político, intentó por todos los medios que no saliera este escándalo a la luz pública y presionó “hasta ser esposada” a la pobre pequeña cuyo único delito es haber sido objeto de las depravaciones del marido de la vicepresidente de la Generalidad Valenciana. Ahí estaban. Yolanda Díaz con su televisiva sonrisa presentándose como la nueva alternativa política, haciendo las veces de notario del alumbramiento de este nuevo espacio electoral la alcaldesa de Barcelona Ada Colau (ésta precisaría de una serie de artículos sólo para ella y para desenmascarar el fraude de la que surgió como defensora de los desposeídos) y avalada por Fátima Hamed, vestida de mora, con su velo ocultando su cabello y su chilaba hasta los pies, defensora y practicante de una religión que reduce a la mujer hasta la más burda cosificación y le otorga menos derechos que a los animales y con Mónica Oltra (que ya ha demostrado cuánto le importa los derechos de la mujer, los derechos –peor aún- de una niña) garantizando con su presencia su apoyo a este esfuerzo político por “la dignidad de la mujer”.

Estas son las representantes de la mujer liberada, las dirigentes políticos que van a poner fin a tantos años de “opresión machista” de la sociedad española.

Una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que debe ser destruida

En agosto de 2019 participaba en una conferencia política en Lisboa que los medios de comunicación convirtieron en el mayor “aquelarre fascista internacional” de los últimos tiempos hasta hacer intervenir a los servicios de inteligencia de varios países (imagino que los agentes del CNI se perdería por las calles de la capital portuguesa, o se confundirían de hotel donde se celebraba el acto, o llegarían tarde a la cita…). En aquel acto en el que este articulista conferenciaba sobre la pederastia en España acuñé –sin imaginar ni pretenderlo- la frase: “una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que debe ser destruida”. Después la he visto repetida en multitud de foros y hasta difundida en carteles a través de las redes sociales. Estoy encantado de que dicha afirmación tuviera impacto (no pretendo generar copyright y me importa un bledo la propiedad intelectual de la frase acertadamente pronunciada) pero les aseguro que resultaba mucho más importante la plática ofrecida y las denuncias que en ella realicé, y que no sólo siguen vigentes, sino que cada día adquieren mayor virulencia ante el silencio oficial y la complicidad de la prensa del sistema en “calificar como bulo” lo que viene siendo la historia más trágica y vergonzosa del Régimen del 78. Si el director de este medio me lo permite, ya reproduciré en otro momento el texto de aquella conferencia.

Creo que por hoy ya es suficiente para adentrar al lector de Alerta Digital sobre la situación actual del menor en España y de las leyes que amenazan -cual espada de Damocles- a nuestros niños y nuestros nietos: aunque la sociedad prefiera mirar hacia otro lado.

En mi próxima entrega prometo abordar la implicación hasta las cachas de la Fiscalía en las retiradas de tutelas (muy bueno, muy interesante y muy cierto el artículo a este respecto publicado hace unos días por AD de la firma del prestigioso jurista Ramiro Grau) , en los secuestros, en las desapariciones, en las violaciones y en los asesinatos de niños. Le recuerdo, amigo lector, no hablo de un país del tercer mundo; estoy refiriéndome a España. Advierto: no estoy loco ni soy un conspiranoico. Soy un periodista muy bien informado, acaso (disculpen la falta de modestia) soy el gacetillero mejor documentado de nuestra nación sobre las tramas de pederastia que se asientan ¡con amparo de todos los poderes públicos! (del ejecutivo, del legislativo, del judicial y de ese cuarto poder que son los perversos “mass media”).

Había prometido no volver a escribir. Mi último artículo publicado “Certificado de Defunción” (que supuso el cierre definitivo del periódico que dirigía, La Tribuna de España y mi “abandono por piernas” de España huyendo de una justicia –mejor dicho, de un sistema judicial- que me imputa hasta en 17 procedimientos penales) anunciaba mi retirada definitiva del periodismo tras reconocer que “el enemigo” me había infringido una derrota irreversible. Tuve que volver a España y presentarme ante los juzgados ante “el chantaje” al que me sometió “la mafia judicial” que pretendía cargar mis culpas sobre las espaldas de un camarada (sobre el más leal de los camaradas) a no ser que compareciera ante Su Señoría. No dudé un segundo: nadie puede pagar (siquiera de manera tangencial) por aquello que yo he dicho o escrito y aún menos aquel que siempre ha estado a mi lado. Pero mi intención de permanecer en silencio y sin ninguna declaración pública seguía inalterable tras tres años de soledad y penurias que guardo para mí y que sólo Dios conoce. Fortalecido por la Fe estos tres años de retiro me han reforzado mis creencias más profundas y, lo que es más importante: me han hecho perder cualquier miedo. Ahora me pide mi colaboración el director de este medio: Armando Robles es de los pocos compañeros que “ha estado siempre”; conozco la soledad, la marginación y la persecución que padece, sé muy bien (por haberlo vivido en carne propia) lo difícil de seguir manteniendo cada día Alerta Digital como medio insumiso con el sistema, marginado de toda subvención, perjudicado en cualquier forma publicitaria para mantenerse vivo… No coincido en todo lo que se publica en este diario: si todos pensáramos igual sería muy aburrido. Armando es periodista honesto, yo también. Armando es patriota, yo también. Armando es de derechas, yo tampoco… Por eso Alerta Digital contará conmigo incondicional y desinteresadamente mientras así lo decida su director.

Y ahí es donde voy a resultar peligroso al sistema porque, como alguien dijo (creo que fue Séneca a Nerón pero no puedo asegurarlo) “si yo no tengo ningún miedo, tú no tienes ningún poder”.