Valentina Orte*.- Sí, tiene gran poder y no lo oculta. Lástima que no lo emplea en beneficio de quien debería: los trabajadores. No ha demostrado interés en solucionar el problema que actualmente sufre la sociedad: la tremenda carestía de los productos energéticos, o la inflación, que pronto se convertirá en deflación para terminar de arruinar a la clase trabajadora. Si pudiéramos preguntar a los miembros del sindicato, se escudarían en consecuencias derivadas del último conflicto internacional, aunque solo fuera un añadido a lo que ya se venía arrastrando.

No es cierto en absoluto. Tampoco han demostrado preocupación en ayudar a resolver casos que solo afectan a España, como por ejemplo el tema de la independencia de Cataluña, o, últimamente uno más fácil, la defensa de las familias cuyos niños quieren estudiar en el idioma oficial de la nación y los políticos catalanes se lo impiden. En este caso no solo no defienden a los catalanes que quieren estudiar en español, sino que los sindicatos se han manifestado apoyando a quienes se lo niegan.

Entonces, ¿a quién defienden? A ellos mismos, naturalmente, según demuestran en sus acciones. Por ejemplo, hablemos del fenómeno OKUPA, por ellos tan jaleado. ¿Qué es el movimiento okupa? Es un movimiento que consiste en dar uso a terrenos y edificios que presuntamente están desocupados o abandonados, temporal o permanentemente, lo que supone una flagrante violación de la propiedad privada en aras de un idílico modelo de solidaridad social que pretende reutilizar los bienes okupados como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros sociales y culturales. El movimiento cuenta con la permisividad y la complicidad de determinados sectores políticos y sociales de izquierda, provocándose situaciones complicadas y violentas en los desalojos.

La ocupación de viviendas en España va a más; cada vez tienen mayor impunidad e incluso se han incorporado mafias que se lucran invadiendo viviendas y cobrando alquiler. Es la opinión de Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), una entidad creada hace un año ante el «avance imparable» en España de «este fenómeno delictivo». Miranda ha denunciado que el Gobierno no da los datos reales del incremento del fenómeno okupa pero, según las estimaciones de ONAO, en España hay 120.000 viviendas ocupadas (tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares) y un millón de afectados a los que el gobierno no defiende.

Según el presidente de ONAO, «en España hay un grave problema de legislación que ampara a los okupas, se ha legislado de una manera ideológica y se ha demostrado que no funciona, hay miles de familias sufriendo mucho, tanto psicológicamente, con problemas de ansiedad y depresión como económicamente, porque se ha optado por proteger a quienes delinquen», de modo que a la vuelta de unos días en el pueblo para ver a los parientes o a la playa, familias enteras con niños, se encuentran con que nadie les ampara en su derecho de volver a la casa que con tantos sacrificios están pagando, mientras unos indeseables protegidos por el gobierno (por los sucesivos gobiernos) se han apoderado de ella.

Hay que decir que así ha sido hasta hace unos días porque era el pueblo a quien afectaba, pero he aquí que un grupo de 200 activistas se atrevió a invadir la antigua sede de la UGT en Hortaleza 88, denunciando que dicho sindicato quería especular con el edificio, acción fomentada, según afirman, por «el sindicato dueño del inmueble y avalada por el Ayuntamiento de Madrid», a pesar de ser un edificio catalogado por Patrimonio Histórico con un nivel 1 de protección que determina que el claustro y la capilla no se pueden tocar, lo que, al parecer, puede desincentivar algunas posibles operaciones.

Al parecer, el Ayuntamiento, Almeida, a pesar de sus promesas, ha vuelto a asumir la acción del ejecutivo de Carmena con su Plan Especial de Hospedaje (PEH), ya que el edificio, situado en pleno centro de Madrid, está incluido en la delimitación del área de ordenación del Anillo 1 de aquel Plan y con esta nueva negación de las promesas del actual alcalde, cambió en febrero pasado la categoría de uso del edificio a hospedaje en régimen exclusivo, permitiendo así la reestructuración de un edificio con protección patrimonial.

¿De qué edificio se trata? No deja de tener cierta ironía que un sindicato como UGT que tan profusamente se ha manifestado contra la monarquía y mucho más sobre la Iglesia, se instalara en lo que fue una institución real y religiosa cuyo fin era servir de refugio a mujeres que por distintas razones habían caído en la prostitución: el Convento de las Arrecogías de Santa María Magdalena de la Penitencia, al que se trasladó en 1744 la Santa y Real Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y Santo Celo de la de la Salvación de las Almas a la que se conoció también como Ronda del Pecado Mortal[1] que subsistió hasta 1845, al parecer porque la mejora de la iluminación callejera le restaba la necesaria tenebrosidad.

En 1897 se procedió a la reconstrucción de la iglesia, obra encargada al arquitecto Ricardo García Guereta, y en 1916 Jesús Carrasco construyó un nuevo convento sobre el antiguo trazado que solo duró 20 años, porque el templo fue uno más de los muchos incendiados en julio de 1936 en la zona de España gobernada por la II República. Fue reconstruido en la posguerra, pero caído el convento en estado de abandono, fue adquirido en 1987 durante el gobierno de Felipe González Márquez, por la UGT, con el fin de utilizarlo como sede sindical por una cantidad que fue considerada –como era de esperar −muy ventajosa para la época.

*Tradición Viva