El gobierno socialcomunista actual acaba de darle otra patada al débil estado de derecho que tenemos (una más), indultado a María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, esa organización criminal que propugna el secuestro de los niños, la interposición de denuncias falsas contra los padres, por agresiones a sus hijos, malos tratos, y todo lo que se les ocurre, en la seguridad de que no les va a pasar nada.

Y, por desgracia, así sucede.

En el supuesto de que haya alguna sentencia condenatoria, caso de Juana Rivas, a cinco años de cárcel, siempre hay un Tribunal Supremo, tan benévolo con las feministas, que rebaja la pena a dos años y medio, y un gobierno que, posteriormente, indulta la pena impuesta, y aquí paz y después gloria.

Sobre el caso de Juana Rivas, me he pronunciado en dos ocasiones anteriores, por lo que, en aras de la brevedad, no voy a reiterar mi pun to de vista.

Los artículos correspondientes siguen en la red, a la libre y gratuita disposición de las personas interesadas (en el hipotético supuesto de que haya alguna), y son los siguientes:

La Justicia de Juana, y Juana de Arco Rivas, retrato de una femihistérica.

Pero el caso de María Sevilla, una delincuente secuestradora de su hijo, al que privó de la asistencia docente, mantuvo cerrado en un chamizo, sin contacto alguno con el exterior o con otros jóvenes, etc., evidencia una persona con serios problemas psiquiátricos, que debería ser internada en el frenopático correspondiente.

Pues bien, para Irene Montero, es unas “heroína” y una madre ejemplar.

Desde luego, esta Montero es una individua que también debería consultar su caso con un psiquiatra, y si van las dos juntas, o las tres, Juana, Irene y María, seguramente les hará descuento.

Pero lo que más me preocupa (al fin y al cabo, el país está lleno de locas femihistéricas, que quieren hacer lo que les salga del coño, pero en el fondo anhelan vivir al lado de un macho alfa, que les saque las castañas del fuego), es el total desprecio del gobierno a los jueces, fiscales, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que localizar a ese pobre niño, por ejemplo, le supuso un ímprobo esfuerzo, y meticulosas investigaciones y desplazamientos, todo lo cual tiene un elevado coste, profesional y económico.

En otras palabras, todo el trabajo de esos funcionarios públicos se queda en nada, pues el gobierno les ningunea y desprecia.

¡Ya solo falta que les condenen por haber hecho su trabajo!

Verdaderamente, ¿esta es la España que queremos dejar a nuestros hijos y nietos?

*Académico, jurista y escritor.
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