Es evidente que la situación económica es importante para la vida diaria de los ciudadanos. En estos momentos tenemos una inflación y unas cuentas públicas desbocadas. Además estamos atravesando momentos de enorme dificultad como consecuencia de fenómenos climáticos, naturales o derivados de una trágica y dolorosa guerra en Europa. Lo que demandamos nuestros compatriotas en general y especialmente los más necesitados es un gobierno que nos ayude, que aporte certidumbres y que no aumente nuestras penurias.

Lo preocupante es que junto a este “ruido” de diarios enfrentamientos mediáticos y partidistas que persiguen entre otros objetivos, el de conquistar la confianza de los seguidores y votantes en las próximas elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno de Pedro Sánchez está colando por la puerta de atrás una serie de leyes de hondo contenido ideológico con la aspiración de transformar la sociedad española desde sus propias raíces milenarias.

A la ley de educación le han seguido leyes como las de la eutanasia, el “si es si” o de garantía de libertad sexual y proyectos de ley como el de la reforma sobre el aborto del 2010 y el de las personas “trans” y la garantía de los derechos LGTBI. Estos dos últimos, en trámite en el Congreso de los Diputados. Es decir imponen una nueva pseudo religión de profetas y beatería progre. Toda una nueva arquitectura para un Estado plurinacional, laico y republicano.

No se necesita ser un lince para comprender que la radical feminista y podemita Irene Montero, abandera desde su procaz verborrea este paquete de leyes para “chantajear” a Sánchez y así permanecer en el poder, aunque no es descartable que él mismo participe también de sus postulados. Lo que no entiendo es el estratégico silencio del partido popular frente a estas aberrantes tropelías jurídicas y morales que el presidente de gobierno consiente y aplaude.

Mi opinión es que al menos, algún portavoz autorizado del partido, debería oponerse públicamente a toda esta serie de barbaridades ideológicas que atentan contra las libertades de una parte muy importante de la sociedad española. Es una agresión constante a su cultura, sus convicciones morales o religiosas y una inaceptable intromisión del Estado en cuestiones que afectan a la educación familiar y a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios, como es el caso del aborto y la eutanasia.

“Somos el partido de las personas. La persona es, desde nuestra perspectiva humanista cristiana el centro, el inicio y el fin de toda nuestra acción política. En el Partido Popular creemos que el verdadero actor del cambio social es la persona…” Así reza el preámbulo de los Estatutos, y a la defensa de estos valores estamos obligados desde la oposición o desde el gobierno, militantes y dirigentes.