Recuerdo en mi época de fiscal, años ha, que llegó una circular o instrucción de la fiscalía general, diciendo que podían investigarse hechos, con relevancia penal, a priori, en base a un escrito anónimo, informaciones de prensa, etc.

Pero que, en la mayoría de los casos, era preferible descartar esas investigaciones, pues muchas veces obedecían a intereses espurios, enemistades personales, envidias, etc.

No me parece mal el criterio.

En los últimos tiempos, estoy recibiendo bastantes correos anónimos, obviamente por correo ordinario, en el que el remitente no tiene que identificarse, sino solamente pagar el franqueo, donde se me envían informaciones sobre hechos presuntamente delictivos, cometidos por políticos, magistrados, jueces y fiscales en ejercicio –alguno de la audiencia nacional-, muy conocidos y, supuestamente, sobresalientes.

Ante la imposibilidad de contactar con los “denunciantes”, me veo obligado a informarles públicamente de mi criterio sobre el particular.

Pienso que no es muy valiente, que digamos, tirar la piedra, y esconder la mano.

Como dicen en mi pueblo, el que quiera peces, que se moje el culo.

Por si no se han dado cuenta, yo no soy la fiscalía general del Estado (en España, y por desgracia para todos, del Gobierno de turno), ni escribo a tontas y a locas, sino que procuro documentarme, lo mejor posible, sobre todo lo que digo.

Pero es que, lo primero y principal, tenemos una guardia civil y policía nacional para investigar los delitos, identificar y detener a los investigados, en su caso, ponerles a disposición judicial, etc.

Y unos fiscales (alrededor de 3.000), jueces y magistrados (más de 5.500), que cobran por acusar, juzgar y condenar o absolver, en su caso.

En otras palabras, que cada uno cumpla con su deber, y el que quiera peces, repito, que se moje el culo.

O, por lo menos, que se identifique, para poder contestarle personalmente, aconsejarle jurídicamente, si lo desea, etc. (Obviamente, me comprometo a guardar sigilosamente su identidad, de la misma forma que hace el abogado con el cliente, mediante la institución del “secreto profesional”, prácticamente similar a la del sacerdote cuando nos recibe en confesión, a los que tenemos la suerte de tener fe, y ser católicos).

Gracias a todos, denunciantes y víctimas, por su atención, y lamento no poder hacer más.

No soy El Defensor del Pueblo; ni siquiera El Justicia de Aragón, instituciones que también están, al menos en teoría, al servicio del pueblo.

De ese pueblo que calla, sufre y paga.

*Académico, jurista y escritor.
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