Gabriela Moreno.- Los días de la ministra de Igualdad, Irene Montero, están cada vez más tensos. Las voces que exigen su dimisión toman fuerza, ante sus ataques continuos al sistema judicial e “inmadurez democrática” a la hora de cuestionar a todo aquel fuera de su línea progresista. Sus dichos la hunden cada día más ante la opinión pública, así como entre sus aliados políticos. Podría quedar sola con sus arengas a cuestas.

El frenesí izquierdista de Montero para defender la ley trans, de aborto y bienestar animal junto a sus “inaceptables” críticas a los jueces por lo que ella ha considerado como «la aplicación con machismo» de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) para beneficiar con reducción de penas a los procesados por delitos sexuales cuando, realmente, el Código Penal establece un efecto retroactivo de las normativas penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.

Un desatino costoso

El desatino de Montero le puede salir caro. Su remoción prematura e inesperada de la administración de Pedro Sánchez parece viable cuando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) quienes condenan la su «reacción injusta y pueril» de la ministra.

Sánchez, quien parecía amparar a Irene Montero está en silencio y la deja sola y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y militante del partido Podemos -la tolda de Montero- sigue la línea y pide «prudencia».

En la Moncloa pesa el comunicado de las autoridades judiciales donde señalan que «acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa e injusta».

Con el panorama de Iglesias

La verborrea de Montero que también contagia a la delegada de gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosel.l les abona un destino poco alentador considerando que ya suman reproches internos. La ministra de Defensa, Margarita Robles y la portavoz Isabel Rodríguez, marcan distancia de sus agitadas posturas mientras que Más Madrid, organización aliada de Podemos, hace lo mismo.

Todos piden a Montero “rectificar” mientras que la exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra revela en Twitter que el panorama de la ministra es “el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos que, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio».

El vicepresidente balear y juez de profesión, Juan Pedro Yllanes, perteneciente a Podemos, también protesta el actuar de Montero. Califica como «temerario» cargar contra los magistrados y afirmar que estos son «machistas». Le resulta un «exceso verbal» tras insistir que «no es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley».

Además hay voces como la de presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien desde el Partido Socialista Obrero Español, destaca Irene Montero queda sola por su gala de «soberbia intelectual» al no reconocer el error, y lamenta que, para «reafirmarse», opte por «cavar una trinchera».

Le servirá de poco. Esta situación abre una nueva brecha en el seno del Gobierno y pone contra las cuerdas la ministra de Igualdad que, lejos de ofrecer explicaciones o rectificar, ha cargado contra la Justicia.

Una presión más y Montero podría repetir el destino de su esposo y exvicepresidente segundo de Sánchez, Pablo Iglesias, quien cayó en los comicios de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso tras el fracaso de sus ideas izquierdistas en las urnas. Un descalabro en el tren por las mismas causas dejaría al matrimonio hundido en sus pregonas.