Hoy les invito a que juntos podamos comprender que es lo que está pasando en España, para que un Presidente de Gobierno “rehabilite en todos sus derechos a los condenados, los libere de la prisión o invalide y desprecie las sentencias judiciales”, como ya denunciaba Cicerón con esas mismas palabras en el año 106 ac, para advertir que esta deriva arrastraba al colapso del Estado.

O que es lo que está pasando en España para que una magistrada y Ministra de Defensa como Margarita Robles se permita afirmar sin ruborizarse que no es lo mismo robar para lucrarse personalmente, que hacerlo para financiar a un partido o a un sindicato. Y no digamos ya cómo entender que la inigualable Irene Montero interpele a los jueces de este país, para que se “formen” y “reconduzcan” en su perversa ideología de género, acusándoles gravemente de los desafueros que ella misma está propiciando con sus disparatadas leyes.

Es por eso que resulta muy preocupante que los poderes públicos entren de lleno en la alienación de las personas en la conformación de las ideas y conductas en materia de sexualidad a través de la legislación. Esta disparatada ingeniería social, está conduciendo a un intervencionismo ideológico que está acabando por asfixiar el pluralismo y la diversidad, en favor de una dictadura pseudoreligiosa. Un ataque, sin duda, a la libertad “que es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos» (Miguel de Cervantes)

Con el barullo legislativo de este gobierno que, por un lado atenta contra los cimientos de nuestra democracia junto a la propia estabilidad y estructura del Estado y por otro arremete contra la misma naturaleza de las personas e incluso su propia dignidad como seres humanos, es lógico sentirnos alarmados ante la incertidumbre de no saber hasta donde puede llegar este disparatado caos en el que actualmente vive la sociedad española.

Si a la sociedad se la divide entre ricos y pobres, feministas o machistas y buenos o malos desde el propio poder ejecutivo, no cabe duda que terminaremos enfrentándonos en lugar de convivir democrática y pacíficamente como era el propósito de la Constitución del 78. Creo que España pide a gritos en este momento un alto grado de sensatez, responsabilidad y alto sentido del Estado a los dirigentes políticos y a las instituciones que aún no están intoxicadas ni contaminadas por la voracidad ideológica socialcomunista de este gobierno.

El poder judicial debe garantizar a toda costa su independencia, la oposición parlamentaria debe hacer prevalecer el bien común de los españoles sobre sus intereses electorales y el Rey está obligado a preservar la monarquía y mostrarse ante los ciudadanos como un árbitro activo ante los graves conflictos institucionales que padecemos. España lo exige y lo merece.