Catar, el pequeño país del golfo, ha estado bajo el escrutinio público desde que fue elegido como anfitrión del Mundial de fútbol, una de las citas deportivas más importantes del mundo, lo que ha despertado duras críticas por sus políticas internas, restrictivas con las libertades individuales, los derechos laborales y el respeto a las minorías.

Diferentes ONG internacionales, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), han ido denunciado la situación de los derechos humanos en el país árabe, basándose en exhaustivas investigaciones y numerosas fuentes.

Doha ha respondido a cada informe señalando que ha modificado muchas de sus normas y que algunas de sus prácticas anteriores al Mundial ya han cambiado.

Sin embargo, si bien esas mejoras han sido reconocidas y alabadas, y la situación del país es mejor en muchos aspectos que la de sus vecinos inmediatos, todos monarquías autoritarias de estricta observancia islámica, la situación no deja de ser negativa en muchas facetas.

Derechos de los inmigrantes

En mayo de 2022, AI y una coalición de organizaciones lanzaron una campaña en la que pedían a Catar y a la FIFA que establecieran un programa integral de reparación para los cientos de miles de trabajadores que se sufrieron abusos como tasas de contratación ilegales, salarios impagados, lesiones y, en los peores casos, la muerte.

La clave de esta situación es la institución de la “kafala” o patronazgo, según la cual los migrantes que llegan al país lo hacen bajo la responsabilidad de su empleador, que mantiene derechos como retener el pasaporte, salarios y decidir si la persona puede o no puede cambiar de trabajo una vez allí.

Así, el trabajador depende de la buena voluntad del empleador para casi todo, incluso para regresar a su casa.

Además, se une a esto el tema de que son generalmente empresas de intermediación laboral las que traen a estos migrantes al país, lo que añade un costo extra para el trabajador y habilita a los empleadores a “desentenderse” de los problemas que puedan surgir.

El ministro de Empleo de Catar, Ali Bin Samikh Al Marri, defendió en Bruselas hace una semana que su país ya compensa a las familias de los trabajadores migrantes que han muerto o resultado heridos durante los trabajos de construcción para el Mundial y negó que sea necesario un fondo específico, con aportes de la FIFA, como el que exigen las organizaciones de derechos humanos.

Una investigación del diario británico The Guardian cifró en 6.500 los fallecidos en las obras de construcción del Mundial desde 2010.

Catar dice que desde 2018 se han desembolsado 350 millones de dólares de compensación, por lo que instó a las organizaciones de derechos humanos a “dar nombres” de personas que no han recibido compensación, en lugar de hablar de cifras genéricas.

Libertades civiles

A los migrantes se les sigue prohibiendo formar o afiliarse a sindicatos, pero sí se les permite formar Comités Mixtos, una iniciativa dirigida por los empresarios para permitir la representación de los trabajadores.

Hasta la fecha, la iniciativa no es obligatoria y sólo cubre al 2 % de los trabajadores, lo que queda muy lejos del derecho fundamental a formar y afiliarse a sindicatos, según las ONG.

En agosto de 2022, cientos de migrantes fueron detenidos y deportados tras protestar en Doha después de que su empresa dejara de pagarles sus salarios en repetidas ocasiones, según Amnistía.

Catar tiene pocos medios de comunicación independientes o críticos, dado que las autoridades limitan la libertad de prensa.

Según la última clasificación de Reporteros Sin fronteras (RSF), Catar se encuentra en la posición 119 de 180 países en cuanto a libertad de prensa.

La organización destacó que la prensa tradicional de Catar se distingue por “la homogeneidad de su cobertura, con los mismos titulares de primera plana que informan sobre las actividades oficiales del emir y su círculo íntimo”, mientras que “una pequeña semilla de pluralismo se puede encontrar en los medios de comunicación comunitarios escritos en diferentes idiomas y dirigidos por expatriados, como Doha News”.

Catar alberga numerosos medios de comunicación, entre ellos la cadena internacional Al Yazira, perseguida y limitada en varios países de la región por sus coberturas independientes.

Sin embargo, RSF destaca que en lo tocante a Catar, la cadena “está lo suficientemente financiada para ignorar temas que puedan avergonzar” a su patrocinador.

Las mujeres en Catar

Al igual que todos los países del golfo Pérsico, las mujeres siguen siendo discriminadas por ley en el país.

Bajo el sistema de tutela, las mujeres requieren el permiso de su tutor masculino, que por lo general es su esposo, padre, hermano, abuelo o tío, para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, viajar al extranjero, solo si es menor de 25 años, e incluso acceder a la atención de la salud reproductiva.

Su presencia en la política es mínima y en la vida diaria, las mujeres cataríes no son apenas vistas en público. La realidad es que las mujeres extranjeras o no árabes tienen unos privilegios sociales que no tienen las mujeres locales.

LGTBI

El artículo 296 del Código Penal catarí lo deja claro: “Inducir, instigar o seducir a un hombre de cualquier forma a cometer sodomía” e “inducir o seducir a un hombre o una mujer de cualquier forma a cometer actos ilegales o inmorales” es castigado con una pena de entre uno y tres años de prisión. El término “actos inmorales” no está definido.

La ley islámica también se aplica en el país, por lo que es posible que las prácticas sexuales entre hombres puedan derivar en una sentencia a muerte.

Pena de muerte

A diferencia de sus vecinos del golfo, Catar lleva muchos años sin aplicar la pena capital, que no tendrá lugar hasta que la ratifique el emir catarí.