El hemiciclo durante la sesión plenaria.

España está viviendo una situación institucional inédita como consecuencia del bloqueo del Poder Judicial y el intento del Ejecutivo de llevar a cabo diversas reformas en este ámbito.

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez presentó una reforma para cambiar el sistema de elección de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional, que fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados, a la espera de que la semana que viene sea aprobada también en el Senado.

Por su parte, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que paralizase de manera cautelar la votación en el Congreso que daría luz verde a su propia reforma.

El alto tribunal pospuso su decisión hasta el próximo lunes. Aunque la votación en el Congreso ya se celebró, si accediese a la petición del PP sería la primera vez en la historia de la democracia española que una decisión judicial suspende una tramitación en el Parlamento.

Pleno extraordinario y urgente

La mañana de este jueves se reunió de manera extraordinaria y urgente el Pleno del Tribunal Constitucional para analizar el recurso de amparo presentado por el PP, después de que esa misma noche, el presidente del organismo decidiera la convocatoria urgente del Pleno para analizar si se admitía a trámite y se decretaban las medidas cautelarísimas.

La jornada fue maratoniana en el TC. Los seis magistrados conservadores, de los 11 que componen el órgano, se reunieron en el despacho del presidente antes del Pleno y tenían decidido admitir el recurso y las medidas cautelares, según informa El Confidencial.

En paralelo, los cinco magistrados progresistas argumentaron que necesitaban más tiempo para analizar la cuestión, después de recibir tres nuevos escritos, dos del Partido Socialista y Unidas Podemos y uno del partido de extrema derecha Vox.

Finalmente la decisión se pospuso al lunes, ya que sin el concurso de los progresistas no se alcanzaba el quórum suficiente, de ocho magistrados, para tomar una determinación.

¿En qué consiste la reforma propuesta por el Gobierno?

La reforma propuesta por los socios de la coalición de Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, y aprobada de momento en el Congreso, modifica varios aspectos del funcionamiento del Poder Judicial.

Los puntos fundamentales que introduce la reforma son:

– La introducción de una fecha límite para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, nombren a los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional, cumpliendo así los plazos estipulados por la Constitución.

-Responsabilizar penalmente a los vocales del CGPJ que no cumplan esos plazos.

-Cambiar el modelo de votación para esa elección pasando de una mayoría de tres quintos a la elección de los dos candidatos más votados.

-Eliminar el requisito de que el propio Tribunal Constitucional dé el visto bueno a los nuevos candidatos elegidos para integrarlo, dos a propuesta del Ejecutivo y dos a propuesta del CGPJ.

¿Cuál es la situación que ha llevado hasta aquí?

Sede del Tribunal Constitucional

Cuatro de los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional tenían que haberse renovado en junio, algo que todavía no ha sucedido. Dos deben ser elegidos por el Ejecutivo, que hace semanas que ha hecho públicos sus candidatos, mientras que los otros dos son elegidos por el CGPJ.

Los vocales conservadores del CGPJ, propuestos por el Partido Popular, se han negado hasta ahora a realizar la renovación, aduciendo, entre otras excusas, que todavía no tenían candidatos que proponer. Esta situación paraliza los cuatro nombramientos, puesto que todos tienen que ser realizados simultáneamente.

Se da la circunstancia de que el propio CGPJ se encuentra en la misma situación, con su mandato caducado desde hace ya cuatro años. En este caso el motivo es la negativa del Partido Popular a negociar los candidatos con el Partido Socialista, unos candidatos que deben contar con el apoyo de tres quintas partes del Parlamento.

En este escenario se enmarca la propuesta de Partido Socialista y Unidas Podemos, que trata de llevar a cabo una reforma que desbloquee la renovación del Tribunal Constitucional haciendo que resulte imposible su bloqueo por la postura de una parte de los vocales del CGPJ.

Nuevas prisas en el bloque conservador de los jueces

Mientras el bloque progresista del CGPJ hace meses que presentó una lista con sus candidatos para el TC, que finalmente ha quedado reducida a un nombre, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, el sector conservador se había negado a presentar su propuesta.

Sin embargo, justo después de que se conociese la reforma que planeaba el Gobierno, el viernes pasado los vocales conservadores cambiaron de postura y pretendían nombrar inmediatamente los candidatos, para esquivar la reforma del Ejecutivo.

Para ello, esos vocales solicitaron un pleno extraordinario para realizar los nombramientos que el presidente del CGPJ, Rafael Mozo, denegó al aducir que no habían presentado la lista con los candidatos junto a su currículo.

El miércoles de esta semana –el mismo día que el PP presentó su recurso– los vocales conservadores reiteraron su solicitud, esta vez adjuntando dos propuestas: los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas. De este modo, el Pleno ha sido convocado para el martes de la próxima semana.

Llega el recurso del PP

Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso del PP, encargada de defender el recurso presentado por su partido.

También el miércoles, el Partido Popular presentó un recurso de amparo que provocó la inmediata convocatoria del Pleno urgente del CGPJ. El recurso se dirige contra la Comisión de Justicia del Congreso por haber admitido a trámite las reformas del Poder Judicial.

Estas reformas se han integrado, a modo de enmiendas, en la ley por la que se va a reformar el delito de sedición, y el PP argumenta que no se pueden modificar leyes orgánicas a través de enmiendas a un proyecto de ley que legisla sobre un asunto que no está relacionado.

Se trata de un modo de operar que ya ha sido criticado con anterioridad desde estamentos judiciales, pero que se ha utilizado muy frecuentemente en la política española tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, por ejemplo, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

Si el Constitucional da la razón al PP y admite decretar medidas cautelares, suspendería la tramitación parlamentaria de las enmiendas y el Senado no estaría habilitado para proceder a su votación la próxima semana, cuando está previsto. En el país no hay ningún precedente de una situación de este tipo.

Unidas Podemos recusa a dos magistrados del TC

Por su parte, Unidas Podemos pidió este jueves recusar a dos magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre el recurso del Partido Popular: el propio presidente del organismo, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, los dos de adscripción conservadora y dos de los magistrados que deben ser renovados.

En el escrito, firmado por el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se esgrime la cercanía de González-Trevijano y Narváez al Partido Popular y que ambos se encuentran con su mandato caducado. Además, sostienen que tienen un conflicto de interés porque, en caso de que se apruebe la reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.

Asens ha manifestado que se trata de una situación “inédita” y que es “la más grave desde el golpe de Estado del 23F”, en 1981, cuando un grupo de guardias civiles secuestró en el Congreso a todos los diputados.

Reunión del CGPJ el martes

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido convocar para el próximo martes la reunión para votar las propuestas de los bloques conservador y progresista.

Si hay acuerdo se llevará a cabo antes de que entre en vigor la reforma impulsada por el Gobierno, puesto que antes tiene que pasar el trámite en el Senado y no sería aprobada definitivamente hasta finales de semana.

Si no hay acuerdo y las negociaciones en el seno del CGPJ se dilatan, el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se haría bajo nuevas reglas.

Sin embargo, un día antes, el lunes, el Tribunal Constitucional tomará su decisión sobre la admisión del recurso del PP y las medidas cautelarísimas que solicita, lo que podría paralizar el trámite de la reforma, en ese caso, ya en el Senado.

“Inaudito”

La postura del Partido Popular ha sido defendida por su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que ha negado que su recurso vulnere la soberanía parlamentaria y ha exhortado a respetar la decisión que tome el Tribunal Constitucional. Su postura solo ha sido respaldada por la ultraderecha de Vox.

Sin embargo, la reacción unánime del resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria ha sido de calificar lo que se está viviendo de “inaudito”. Incluso el partido conservador Ciudadanos, normalmente alineado con las tesis populares y que se ha mostrado muy duro con la reforma judicial, ha dicho que la paralización de la tramitación sería algo “inusitado”, en palabras de su portavoz Edmundo Bal.

Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, ha dicho en los pasillos de la Cámara baja que “la deriva de la derecha y de algunos jueces conservadores es francamente preocupante, pero esta última maniobra es un salto cualitativo que lo que viene a decir es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando”.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que “no puede ser que un tribunal con mandato caducado mande sobre la soberanía popular”, algo similar a lo expresado por el portavoz de Más País, Íñigo Errejón: “Nunca me hubiera imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un Pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación”, ha dicho.

Para la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se trata de “un atropello institucional sin precedentes”, mientras que para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es de “máxima gravedad” que el Tribunal Constitucional “esté intentando entrometerse en el Poder Legislativo”.