Escribo para la Historia; la historia de la infamia jurídica, y del golpe de estado del PSOE y de Unidas Podemos.

El 19 de diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional español, en un alarde de valentía, y tras recibir amenazas de varios ministros del gobierno, paró el golpe de estado.

Pero poco dura la alegría en casa del pobre; el día 20 comparece el presidente Pedro Sánchez, con gesto compungido, pero muy cabreado, diciendo que acata la resolución, pero que no piensa cumplirla, pues tomarán las medidas que haga falta para continuar adelante con su plan.

Todo eso insinuado, más que dicho claramente, pues a cobarde no le gana nadie.

Eso sucedió por la mañana, y por la tarde, el gobierno explicó que iba a presentar una proposición de ley, para volver a hacer lo mismo que quieren hacer, ocupar el Tribunal Constitucional, y convertido en un Tribunal Prostitucional, al servicio solo de media España, y no la parte más buena, precisamente.

Y presidido por su comisario político en la justicia, Conde-Pumpido, un hombre sobre el que se podría escribir no un libro, sino una enciclopedia.

Ayer también, el Consejo General del Poder Judicial se reunió, entre otros asuntos, para designar a sus dos candidatos al Constitucional, y la esposa de Conde-Pumpido, que es vocal del citado consejo, no se abstuvo, a pesar de habérselo pedido cinco vocales, por tener un interés claro, directo y evidente en la “promoción” de su marido a la Presidencia del Constitucional.

Era y es algo tan claro, que hasta un ciego lo ve… menos ella, que es magistrada del Tribunal Supremo, nada menos.
En otras palabras, que la izquierda caviar juega con las cartas marcadas.

También es tramposo el método que pretenden utilizar, la proposición de ley, aunque jurídicamente legal.
Pero una cosa es la legalidad, y otra la legitimidad.

Y no es legítimo tomar decisiones que modifican la Constitución mediante procedimientos que prescinden totalmente de los preceptivos informes del Consejo de Estado, que para algo está, del CGPJ, del Consejo Fiscal, etc.

El proyecto de ley, que es el sistema ordinario de hacer leyes, viene regulado por el artículo 88 de la Constitución, que dice: “Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”.

Pero, en cambio, las proposiciones de ley, reguladas por el artículo 89 de la Constitución, “se regulará(n) por los Reglamentos de las Cámaras”, de forma que queda al albur del poder legislativo la forma de tramitarlas, muy lejos del bloque de constitucional del que forman parte las leyes orgánicas del poder judicial, y del tribunal constitucional.

Esto, que puede parecer una mera disquisición teórica de juristas, no lo es, en absoluto, pues supone cambiar la Constitución por la gatera, sin atenerse a lo que podríamos llamar el espíritu constitucional, que se basa en amplias mayorías, no en criterios partidistas, que acabarían configurando una Constitución para media España, y, lo que es peor, contra la otra mitad de los españoles.

Configurar un Tribunal Constitucional partidista, en total sintonía política con el partido o partidos en el poder, supone que nunca les llevará la contraria, por lo que se va a convertir en un adorno más del sistema, eso sí, muy bien pagados, y muy caro de mantener.

Pero que no van a proteger nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, frente al poder ejecutivo.

Pues no olvidemos que, aunque Montesquieu hablaba de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el ejecutivo sale del legislativo, de las mayorías parlamentarias, por lo que ese trípode solo se sostiene en pie gracias al poder judicial, con una “unidad de poder y coordinación de funciones”, como definían las leyes fundamentales al régimen franquista.

Y si desaparece el poder judicial independiente e imparcial, el trípode se cae, o se sostiene solo a base de arbitrariedades sin fin.

Ya dijo Alfonso Guerra, cuando ejercía de “vice Dios” – Dios era Felipe González -, que Montesquieu había muerto.
Pero el desenterrador de muertos, Pedro Castillo Sánchez Castejón, quiere pasar a la Historia por ser el enterrador definitivo de Montesquieu.

A la Historia de la infamia, claro.

*Académico, jurista y escritor.
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