Ada Colau.

Estanislao de Kostka.- De ser Cataluña el motor de la economía española y Barcelona la ciudad más europea, la primera se ha convertido en un lastre para el progreso económico y social del territorio español y, la segunda, en la ciudad más insegura, con índices de criminalidad comparables a sociedades en desarrollo.

Desde que la alcaldesa Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona ha habido 1.200.000 denuncias en la ciudad, en una ciudad de poco más 1.600.000 habitantes. Si a ello añadimos que el mismo Ayuntamiento ha reconocido que el 80% de las personas no presentan denuncia, el resultado es que cada barcelonés ha sido víctima de al menos un delito en las dos últimas legislaturas municipales.

Las cifras están en aumento y los políticos catalanes no gobiernan en busca del bienestar de los ciudadanos, sino que navegan en un barco ideológico nacionalista, propio del siglo XIX. Un anacronismo y una construcción ideológica retrógrada. Pero ellos no son fachas, ellos son “guays” y modernos.

La violencia y la criminalidad no es una percepción, es una realidad, y los culpables no son otros que los dirigentes nacionalistas y la extrema izquierda, que fomentan la criminalidad desde las instituciones, vulneran derechos tan sagrados como la propiedad y protegen a las mafias de las ocupaciones ilegales.

La política social de la alcaldesa promueve verdaderos guetos y asentamientos, que forman estructuras sociales al margen del cuidado del estado y que, muchos de ellos, se ven obligados a robar para comer. La estructura social de Cataluña ha cambiado y ha configurado un modelo social de “sálvese quien pueda,” que aquí lo único que importa a los gobernantes es el nacionalismo.

Y cuando lo denuncias eres un facha, un fascista, un españolista y de extrema derecha. Ellas apoyan y financian a las mafias que usan a los más desprotegidos de la sociedad y son las salvadoras de la patria. Ellas permiten que según se ocupe una casa obtengan un certificado de empadronamiento, que les permitirá vivir en la ilegalidad unos años, mientras se vulnera el sagrado derecho a la propiedad y, de paso, reciben ayudas sociales. El mundo al revés, pero les seguirán votando. El Ayuntamiento de Barcelona actúa como cómplice de esas mafias y aquí no pasa nada. Es la patente de corso que tiene ser de izquierdas.

Mientras el pequeño comercio catalán se ve asfixiado por normas irracionales y por impuestos, la alcaldesa financia con un millón y medio de euros al sindicato de “manteros”, permitiendo que sean explotados por organizaciones, que lejos de defender los intereses de los más necesitados, defienden la ilegalidad.

*Abogado jefe de AD y politólogo