Foto de archivo de la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, y la consejera de Presidencia, Paula Fernández, a su llegada a una reunión en la Sede del Gobierno de Cantabria, a 30 de enero de 2023, en Santander, Cantabria.

Alerta.- En rueda de prensa, el propio presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una de sus respuestas a la prensa admitió sin tapujos que había sido advertido por el Gobierno de España, de la mano de la Delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se disponía a registrar y detener a los presuntos corruptos de la trama, facilitando así la posible destrucción de pruebas antes del registro.

ESCÁNDALO

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, considera un “escándalo” que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, conocieran “de antemano” la intervención de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras.

El presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que compareció ante los medios de comunicación este viernes, para anunciar la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, aseguró, “para asombro de todos”, que el 22 de febrero recibió a las 7.20 horas una llamada de la delegada del Gobierno para avisarle de que a las 7.30 horas la UDEF y la Agencia Tributaria iban a proceder a intervenir el edificio de la Consejería.

“Es un escándalo que Revilla y la delegada del Gobierno conocieran la intervención policial en Obras Públicas antes de que se produjera”, ha denunciado Álvarez, que apunta a que “nadie, salvo la jueza y la policía que está a sus órdenes, podría tener conocimiento de la intervención que iba a tener lugar en la consejería esa mañana”.

“¿Quién comunicó, contraviniendo la ley, que se iba a registrar la consejería de Obras Públicas?” y “cómo es posible que Quiñones en lugar de guardar silencio y denunciar a quién reveló el secreto, avisara al señor Revilla?”, se ha preguntado Álvarez, que señala que este gesto ha podido “poner en peligro” la investigación, ya que “se desconoce a cuanta gente alertó la delegada del Gobierno”, algo que podría haber dado lugar a la “ocultación o destrucción de pruebas”.

Álvarez ha recordado que el funcionario que estaba siendo investigado, el mismo día de la intervención policial, llamó a la consejería de Obras Públicas para comunicar que por problemas personales no iría a trabajar, y que “casualmente el día anterior al registro, según cuentan los medios de comunicación, este funcionario se deshizo de documentos que supuestamente tiró a un contenedor”.

El portavoz de Cs ha comunicado esta cuestión a la Fiscalía de Cantabria para que investigue quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario, ya que considera que este hecho puede ser constitutivo de delito según el artículo 466 del Código Penal.

Asimismo, Álvarez, que considera “gravísimos” estos hechos, exigirá explicaciones a Revilla en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, ha informado Cs en una nota de prensa.