Un ciudadano es libre de vivir donde quiera, siempre que pueda hacer frente a las condiciones elementales que le exija un traslado. O la estancia. Yo soy libre de irme a vivir a la parte alta de Pedralbes… siempre que sea capaz de comprarme uno de los casoplones de la Avenida que corona el barrio. O lo soy de instalarme en las Tres Mil, siempre que me gusten las emociones fuertes. Quiero decir que puedo moverme tanto por España como por el resto de la Unión Europea, y de la misma manera puedo instalar un negocio en mi misma calle o ir a hacerlo a una barriada de Hamburgo en el caso de que sospeche que a esos alemanes les puede gustar lo que vendo. En la Unión, como sabemos, hay libertad de circulación. Y el alcalde de mi pueblo o la presidenta de mi Diputación no tienen nada que reprocharme en función de la decisión que tome, que será un asunto exclusivamente relacionado con mi responsabilidad. Podrán desearme suerte y expresar deseos de éxito, instándome a regresar cuando quiera. Lo que evidentemente no pueden hacer es abroncarme, porque yo con mi patrimonio y mi persona hago lo que creo más acorde a mis intereses y a la legislación vigente.

Valga para el caso de Ferrovial, que quiere crecer en Estados Unidos utilizando Holanda de trampolín, ya que su gran negocio está allí. El de aquí, al parecer, no se resentirá (siempre que en los concursos le otorguen una obra pública, que a ver quién es el guapo), pero el del exterior, que es donde son fuertes, crecerá, cosa que entusiasma a sus accionistas. Los aspavientos chavistas de toda esta colección de inútiles aupados a ministros solo hace recordarnos las rabietas de los malos gobernantes. La decisión de Ferrovial no se toma en diez días, se madura durante mucho tiempo, y se desencadena cuando se comprueba que el ambiente no es amistoso. ¿Comporta alguna ilegalidad la decisión de la empresa de mover su sede social? Indudablemente no. ¿Va a dejar de pagar impuestos en España por los trabajos aquí realizados? Tampoco.

El desembarco de cretinos, uno detrás de otro, sugiriendo leyes precipitadas para castigar que una empresa busque cotizar en mercados de mucha más liquidez es una muestra del fracaso evidente de un Gobierno de tics bolivarianos. Poco menos que pretenden que devuelva hipotéticas ayudas que ellos le han perdonado a los malversadores, y que serán capaces de establecer en una ley con técnica jurídica semejante a la de la ley de ‘solo sí es sí’.

De aquí a los próximos días, si no hay efecto contagio, el Gobierno voceará, entre exabruptos, argumentos demenciales para castigar a alguien que no tiene que dar explicaciones por hacer algo legal: irse a donde le parezca. ¿Quién es Nadia Calviño para decidir dónde tiene que trabajar una empresa? ¿Quién es este Gobierno para desautorizar a los accionistas de Ferrovial por tomar una decisión acorde a sus intereses legítimos?

Lo que nunca imaginábamos. Les falta la palabra mágica: ¡exprópiese!