La izquierda española propone un aumento generalizado de impuestos para cubrir al menos una parte del déficit futuro previsto para la seguridad social. El régimen de reparto requiere cada vez más ajustes y recortes para mantener un mínimo grado de solvencia.

Como ocurre con cualquier sistema previsional de reparto, el envejecimiento poblacional y la baja de la natalidad provocan un desequilibrio prácticamente irresoluble que obliga a actualizar (y ajustar) los parámetros básicos del sistema para así postergar el esperado derrumbe.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez propuso una reforma de pensiones con el objetivo de compensar el aumento del gasto público previsto para esta partida, que se elevará del 12% del PBI en 2023 hasta el 15% del producto para 2050 (acorde a proyecciones sugerentes).

La propuesta recibió el visto bueno de la Comisión Europea en Bruselas, que no cuestionó los métodos del Gobierno sino que simplemente se limitó a constatar que el déficit se verá atenuado en los próximos años. Cabe resaltar que la reforma no ofrece una solución definitiva: el sistema no podrá ser solvente por sí mismo con ingresos propios, y deberán emprenderse nuevos ajustes y re-parametrizaciones en el futuro.

Los principales puntos de la reforma socialista

El Gobierno creará un “mecanismo de solidaridad intergeneracional” por medio del cual se aumentará la tasa de seguridad social en un 0,6% para todos los trabajadores sin excepción, por lo que España pasará de tributar un 36,25% en estos conceptos a 36,85% a partir de la entrada en vigencia de la reforma.

La alícuota del aumento impositivo se distribuirá de la siguiente manera: un 0,5% será costeado por los aportes patronales de las empresas, y el 0,1% restante se restará de la nómina salarial de los trabajadores. De esta forma, los aportes patronales empresariales ascenderán al 30,4% (una de las tasas más altas de Europa) y los trabajadores deberán resignar hasta un 6,45% de su salario mensual, además del pago de otros impuestos como el IRPF.

Con la reforma de Sánchez, las empresas españolas deberán soportar la séptima tasa impositiva sobre la contratación más alta del mundo, solo por debajo de Francia, Eslovaquia, Bélgica, República Checa, Estonia y Suecia. Sin lugar a dudas, este hecho supone un fuerte desaliento para la contratación formal y un factor que estimula las elevadas tasas de desocupación que sufre el país.

Esta aplicación tributaria inicial no se mantendrá en el tiempo, sino que se estipula un aumento hasta 2029. En efecto, el aumento de las cargas sociales se duplicará entre 2023 y 2029, y escalará hasta el 1,2% para ese mismo año. La distribución será la siguiente: las empresa soportará una alícuota adicional del 1% y las nóminas salariales el 0,2% restante.

Pero el sablazo fiscal no se termina. Todos aquellos trabajadores que cuenten con ingresos anuales superiores a los 54.000 euros estarán sujetos a un impuesto especial de “solidaridad” forzosa, que representará el 1% sobre el salario a partir de 2023. La tasa se incrementará progresivamente año tras año, y alcanzará un máximo del 6% para 2045.

Se trata de un gravámen que se sumará como un “recargo” a la tasa del impuesto a las Ganancias convencional (conocido como IRPF en España). De este modo, la carga tributaria máxima de España ascenderá al 68% cuando finalice la reforma previsional. Cerca de 1.300.000 personas se verán dramáticamente afectadas por el aumento de la carga tributaria, sin ningún tipo de contraprestación en su pensión futura.

La reforma solamente limita la capacidad de crecimiento del país, sino que deteriora la competitividad española frente a otras economías y fundamental impone más rigideces sobre el mercado laboral.