Judith Bergman.- China ha puesto en marcha al menos 54 comisarías de policía en 30 países, entre ellos Estados Unidos (en Nueva York), Canadá, España, Italia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Hungría, Portugal, República Checa, Brasil, Argentina y Nigeria, según un informe reciente de la ONG pro derechos humanos Safeguard Defenders. La mayoría se encuentran en Europa; así, por ejemplo, hay nueve en grandes ciudades españolas, cuatro en Italia y tres en París.

Peter Dahlin, director de Safeguard Defenders, sostiene que eso es sólo la punta del iceberg:

“Estamos convencidos de que hay muchas más, porque éstas sólo pertenecen a dos jurisdicciones –Fuzhou y Qingtian, de donde proceden la mayoría de los chinos residentes en España– y la propia China admite que ha puesto en marcha el proyecto en diez. Así que podría haber hasta cinco veces más.”

Esas comisarías forman parte de una campaña para persuadir a ciudadanos chinos sospechosos de actos delictivos –especialmente, fraude en las telecomunicaciones, pero también delitos como la disidencia política– de que regresen a China para ser encausados penalmente. Pekín no sólo amenaza a sus propios ciudadanos expatriados, también a los parientes de estos que se han quedado en el país. Tales amenazas han continuado durante años, como señaló el director del FBI, Christopher Wray, en 2020 cuando mencionó un caso en el que un emisario del Gobierno chino visitó a un objetivo en EEUU y le dijo que podía elegir entre regresar a China o suicidarse.

El 17 de agosto, el Ministerio chino de Seguridad Pública manifestó:

“El número de casos de fraude en telecomunicaciones transfronterizas contra residentes chinos ha disminuido significativamente en China, con 230.000 sospechosos de fraude en las telecomunicaciones educados y persuadidos para regresar a China desde el extranjero a confesar sus delitos desde abril de 2021 hasta julio de 2022.”

“Las directrices oficiales describen explícitamente las diferentes herramientas para persuadir a los objetivos de que regresen voluntariamente a China para enfrentarse a los cargos”, refirió Safeguard Defenders. “Entre ellas se incluye la persecución de los hijos de los presuntos sospechosos en China, negándoles el derecho a la educación, así como la de otros parientes. En resumen, se trata un castigo de culpabilidad por asociación en toda regla para animar a los sospechosos a regresar”.

Las comisarías chinas en el extranjero pretenden tener meras funciones administrativas o consulares, pero funcionan como instrumentos para amenazar a los chinos en el extranjero a fin de que regresen a China, saltándose así los requisitos legales consignados por el Derecho internacional.

Según Safeguard Defenders, “estos métodos permiten al PCC [Partido Comunista Chino] y a sus órganos de seguridad eludir los mecanismos bilaterales habituales de cooperación policial y judicial, socavando así gravemente el imperio de la ley y la integridad territorial de los países implicados (…) Al eludir los mecanismos regulares de cooperación, el PCC consigue evitar el creciente escrutinio de su historial en materia de derechos humanos y las consiguientes dificultades para obtener la devolución de los fugitivos mediante procedimientos legales como las solicitudes formales de extradición. Deja a los chinos que residen legalmente en el extranjero totalmente expuestos a persecuciones extrajudiciales por parte de la policía china, con poca o ninguna de la protección teóricamente garantizada por el derecho nacional e internacional.

“Abiertamente etiquetadas como comisarías de policía en el extranjero (…) por ejemplo para la renovación de permisos de conducir chinos y otras tareas tradicionalmente consideradas de carácter consular (…) también sirven a un objetivo más siniestro, ya que contribuyen a ‘reprimir con determinación todo tipo de actividades ilegales y delictivas en las que intervengan chinos residentes en el extranjero'”.

Obviamente, también se utilizan para perseguir a los chinos expatriados que discrepan del régimen.

“Uno de los objetivos de estas campañas, obviamente, es reprimir el disenso, silenciar a la gente”, afirmó Laura Harth, de Safeguard Defenders. “Así que la gente tiene miedo. La gente que está en el punto de mira y tiene familiares en China teme hablar”.

Y lo que es más importante, las comisarías operan sin el consentimiento ni el conocimiento de los países afectados, como Holanda, donde una de aquéllas opera en un sencillo piso bajo de Rotterdam perteneciente a un pequeño negocio chino de reparaciones. Varios países, como Canadá, la propia Holanda, el Reino Unido, Portugal y España, están ya investigando el asunto y algunos ya han exigido el cierre de las comisarías chinas en su territorio.

“Hemos pedido al embajador chino una aclaración completa sobre las llamadas comisarías de policía que llevan a cabo labores en los Países Bajos a nombre del Gobierno chino”, escribió en Twitter el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra. “Como no se pidió permiso a Holanda para ello, el Ministerio ha informado al embajador de que deben cerrar inmediatamente. Además, Países Bajos están investigando esas instalaciones para averiguar sus actividades exactas”.

En EEUU, el director del FBI, Christopher Wray, declaró que el Buró estaba tomando cartas en el asunto:

“Conocemos la existencia de esas comisarías. Para mí, es indignante pensar que la Policía china intente establecerse (…) en Nueva York, digamos, sin la debida coordinación. Viola la soberanía [de EEUU] y elude los procesos habituales de cooperación judicial y policial.”

Wray añadió que el FBI estaba “estudiando los parámetros legales” y que había presentado cargos por acoso, acecho, vigilancia y chantaje de Pekín ciudadanos chinos en Estados Unidos críticos con el presidente de China, Xi Jinping.

“Es un problema real y algo sobre lo que también estamos hablando con nuestros socios extranjeros, porque no somos el único país donde ha ocurrido.”

Como era de esperar, Pekín ha negado cualquier irregularidad. “Las organizaciones que ha mencionado no son comisarías ni centros de servicios policiales”, insistió Zhao Lijian Zhao, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Sus actividades están enfocadas en ayudar a los ciudadanos chinos locales que necesitan solicitar la renovación de su permiso de conducir caducado y relacionadas con servicios de examen físico, proporcionando el lugar”.

Sin embargo, el periódico español El Correo citó a un funcionario anónimo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en Shanghái que habría reconocido que las comisarías en el extranjero forman parte de la maquinaria china:

“Los tratados bilaterales son muy engorrosos, y Europa es reacia a extraditar a China. No veo qué hay de malo en presionar a los delincuentes para que comparezcan ante la justicia.”

Safeguard Defenders ha hecho un llamamiento para que los distintos países tomen medidas urgentes contra las comisarías chinas:

“Hacemos un llamamiento a los parlamentarios para que planteen esta cuestión a sus Gobiernos: pregunten si se está controlando esta práctica y de qué manera; en qué medida tienen lugar este tipo de operaciones en sus países y qué medidas se están formulando para contrarrestarlas. También es necesario tomar medidas para proteger a una diáspora china en rápido crecimiento en los países objetivo, a menos que estos últimos consientan que un Gobierno extranjero vigile a grupos minoritarios en su territorio, a menudo en detrimento intencionado del país anfitrión y de sus políticas, y con el fin de intimidar a la diáspora para que obedezca al PCC en cualquier parte del mundo. Es urgente disponer de mecanismos específicos de denuncia y protección”.