El Gobierno francés declaró ilegal los pagos en efectivo superiores a un tope de 1.000 euros por cada transacción para personas físicas residentes en el país, afectando volúmenes de pagos comerciales (vinculados a las actividades profesionales) y la percepción de los impuestos por parte del fisco. Asimismo, el límite para los no residentes (principalmente los turistas) aumenta hasta 15.000 euros.

Por fuera de los exigentes márgenes que establece el límite de efectivo, los usuarios se ven obligados a acudir a otros medios de pago alternativos como tarjetas bancarias y cheques. Las transacciones entre consumidores ajenas a la actividad comercial no están sujetas a la regulación del efectivo, pero cuando se registren pagos superiores a los 1.500 euros las partes deberán emitir una factura que certifique al Estado que se ha realizado una transacción.

Las nuevas medidas se suman a otras que ya existían sobre el uso de efectivo. Por ejemplo, el pago de impuestos o tasas en las jurisdicciones locales mantienen un límite en efectivo de hasta 300 euros por operación, más allá de lo cual se exige utilizar otros medios de pago no materiales. Este límite opera para la liquidación del impuesto a las Ganancias, el IVA, las tasas municipales, las tarifas por licencias audiovisuales, etc.

La administración de Emmanuel Macron se dispone a afianzar el monitoreo estatal sobre las transacciones, un hecho que resulta extremadamente difícil en los pagos en efectivo. Las restricciones entrarán en vigencia a partir del próximo mes de septiembre.

El oficialismo defendió las medidas en el marco del “combate al terrorismo y el blanqueo de capitales ilícitos”, aunque muchas de estas operaciones ilegales (la gran mayoría) administran fondos muchísimo más importantes que los límites a los que refiere la medida.

El hecho de poner el foco en transacciones de índole minorista llevó a muchos a pensar que las verdaderas intenciones son el afianzamiento de la recaudación tributaria (el control de las pequeñas dosis de evasión fiscal) y el allanamiento del terreno para la puesta en marcha de una eventual moneda digital estatal en un futuro.

Por otra parte, y si bien la inflación de Francia se vio ligeramente atenuada en marzo de 2023 y cayó al 5,6% interanual, aún continúa siendo la más elevada de los últimos 37 años y funcionará como un factor de presión para empujar las transacciones comerciales y fiscales hacia el uso de tarjetas bancarias o cheques a partir de septiembre.

El deterioro del poder adquisitivo del dinero al ritmo más drástico de las últimas cuatro décadas llevará a la erosión progresiva de los límites impuestos por Macron si no se añaden cláusulas de ajuste por la evolución del IPC.