La Ley de Vivienda sale finalmente a la luz. Después de meses de tiras y aflojas, Sánchez ha pactado con sus socios una norma que destrozará el mercado del alquiler en lugar de solucionarlo. El acceso a una vivienda en España se ha convertido en una yincana. La falta de oferta y los altos precios son una realidad, aunque tenga poco que ver con los “malditos” propietarios y sus ansias especulativas. Los grandes tenedores apenas mueven entre el 1% y el 2% del mercado. Lo que está detrás de esta cruda realidad es la inseguridad jurídica, la ocupación descontrolada y la prácticamente nula construcción de vivienda social asequible.

La norma presentada sorprendentemente el pasado viernes por ERC y Bildu y no por la ministra del ramo, es una auténtica guía para “rematar” un mercado a base de intervencionismo y desprecio por la propiedad privada. Las líneas maestras de este desastre asegurado son seguir en la línea de limitar las subidas de los precios del alquiler, el 3% el año próximo, lo que afectará a todos los arrendadores en las zonas consideradas tensionadas, cambiar el criterio para ser llamado gran tenedor de 10 a 5 viviendas, el pago por los caseros de la comisión de las agencias, dar más amparo aún a los “okupas” y en la práctica torpedear los desahucios.

Pero, con ser pernicioso todo esto, es más sangrante que lo hagan a sabiendas de lo ocurrido en ciudades europeas como Berlín, Estocolmo o la propia Barcelona, donde con la limitación de precios han convertido en una auténtica pesadilla conseguir una vivienda. Menos oferta y más cara, este el resultado que podemos esperar y no a muy largo plazo.

Nuevamente, el Gobierno no ha querido escuchar a los expertos ni fijarse en la experiencia de otros lugares, porque se ha tomado este asunto como una baza electoral de cara al 28 de mayo y ha cerrado la norma más radical posible. En todo caso, veremos qué ocurre, porque las Comunidades Autónomas tienen mucho que decir al ser una competencia traspasada. Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que no tragará con ninguna de las propuestas de esta Ley que el Ejecutivo quiere aprobada antes de las municipales y autonómicas.