La investigación sobre el «caso Mediador», lejos de circunscribirse a una trama de corrupción en Canarias, adquiere cada vez más tintes nacionales e, incluso, internacionales. La última en incorporarse a las pesquisas ha sido la Fiscalía Europea, directa al análisis de cuatro contratos muy específicos que el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (ahora en prisión provisional) otorgó a empresarios afines a la red corrupta cuando era responsable de un proyecto en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (FIIAPP).

Aunque, se descarta que los investigadores vayan a ir más allá del escrutinio de estos documentos, y bajo análisis no está el organismo, fuentes de las fuerzas de seguridad señalan la importancia de este nuevo movimiento para que se ponga el foco en cómo fiscalizan y utilizan los fondos que la Comisión Europea inyecta a la FIIAPP. Según ha confirmado a través del propio organismo, el general Espinosa cobraba 131.000 euros brutos anuales cuando dirigió el proyecto en el Sahel durante cuatro años.

De los 68 millones de euros que movió la FIIAPP en 2021, 65,5 vinieron directamente de Europa y, el resto (que oscila entre dos y tres millones de euros en función del año) se asigna de los Presupuestos Generales del Estado, según detallan fuentes del organismo. Esto supone que Europa es la principal vía monetaria. Desde la institución reconocen que los sueldos de altos cargos son «salarios caros», pero explican que en el caso del puesto que ocupaba Espinosa Navas es el Ministerio del Interior el que decide quién es idóneo. Estos salarios de seis cifras generan mucho recelo dentro del cuerpo donde dicen que los jefes «dirigen un proyecto en África, sentados desde un despacho en Madrid».

La FIIAPP se dedica a movilizar la cooperación internacional de la política pública. Su sede en España la componen 150 personas fijas, pero según sus propios cálculos son más de 600 expertos los que tienen asignados a los distintos proyectos. Los países solicitan colaboración en algún tema -desde la digitalización, pasando por la lucha antiterrorista, la protección climática, asuntos sanitarios, etc.- y el organismo busca en la Administración central o en administraciones locales quién puede asistir en estos proyectos. En su página web anuncian los que están llevando a cabo como, por ejemplo, la colaboración de la policía española para la creación de una biblioteca virtual para la policía peruana o el intercambio de información entre especialistas para la extinción de incendios que se ha hecho entre República Dominicana y España.

El plan que inició el general Espinosa Navas en 2017 sigue desarrollándose después de que él, el11 de enero de 2021, se jubilara, si bien permaneció unos meses más en el cargo para dar el traspaso a su sucesor. Se trata del proyecto Gar-Si Sahel que trata de reproducir los grupos de acción rápida de vigilancia e intervención que se desarrollaron en la época de ETA en España para pacificar esa zona de África de gran inestabilidad política.

La Fiscalía Europea va a analizar ahora concretamente la adjudicación de cuatro contratos de distintas cuantías (desde 14 mil euros hasta 174 mil) que suman un total de 263 mil euros que se adjudicaron en el marco de la dirección del general en prisión. El sumario del «caso Mediador» revela cómo algunos de los contratos de la FIIAPP terminaron en empresarios como el imputado José Suárez Estévez, conocido como «José Drones», que logró acuerdos para el suministro de equipamiento: uno en 2020 para Mauritania y Níger y otro en 2021 para Malí.

Investigación al ralentí por las elecciones

Ahora, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional hará de juez de garantías en esta parte del caso que se desgaja de Canarias y queda en manos de la Fiscalía Europea. El juez José Luis Calama solo será notificado de a quiénes están investigando los fiscales delegados y de cuándo sean llamados a declarar en su sede de Madrid por primera vez.

La magistrada de Canarias, que ha llevado la batuta del «caso Mediador» continúa investigando en todo lo relacionado con el pago de mordidas a políticos como el exdiputado del PSOE Bernardo Fuentes Curbelo y a su sobrino y exresponsable de Ganadería Taishet Fuentes. El caso tiene tres piezas separadas y una de ellas permanece secreta. Las fuentes consultadas señalan que es en esa donde pueden aparecer más políticos a nivel del archipiélago, si bien vaticinan que en los próximos meses se producirá un parón en la investigación para no interferir en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

La Razón