El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Asociación Raíces contra el ex responsable de la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña, Antoni Font i Renom, que abandonó el cargo el pasado mes de noviembre para ser sustituido por Alfons Aragoneses, por un presunto delito de prevaricación, en el que habría incurrido por su negativa a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga alrededor de 700 cadáveres de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Así consta en el auto judicial al que ha tenido acceso The Objective.

Este medio ha venido informando en exclusiva del desarrollo de los acontecimientos, que nos retrotraen a septiembre de 2020. El entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, se comprometió por escrito con el abogado Guillermo Rocafort, secretario general de la entidad memorialística antes mencionada, a exhumar la fosa más grande de toda la región. Pero la administración catalana ha incumplido desde entonces ese acuerdo de manera sistemática.

A consulta de ese periódico, que preguntó cuándo se acometería la exhumación de la fosa más grande de Barcelona, el Govern admitió que «no prevé realizar ninguna intervención en la fosa del cementerio de Montcada i Reixac, dado que la prioridad es intervenir en las fosas confirmadas/documentadas fuera de cementerio que corren riesgo de desaparecer o ser dañadas, así como en la recogida de restos óseos en superficie». Este fue el desencadenante para que el interfecto recurriese a la vía penal.

El pasado mes de septiembre, Rocafort interpuso la querella ante «el desprecio de la Generalitat hacia los miles de víctimas que hay en la fosa de Moncada y en otras fosas repartidas por toda Cataluña, donde hay miles y miles de represaliados por el Frente Popular y el Gobierno homicida de Companys». Finalmente ha obtenido respuesta.

«Estando redactada la querella con arreglo a Derecho y pudiendo revestir caracteres de delito los hechos en la misma relatados, procede su admisión a trámite, acordando la incoación de diligencias previas con arreglo al art. 774 de la L.E.Cr. y la práctica de las diligencias que en la parte dispositiva se dirán», señala la juez en el escrito.

Desde la Asociación Raíces, en conversación con este medio, expresan su «alegría» por la admisión a trámite de la querella, por cuanto «sirve para reparar una notoria arbitrariedad y también da visibilidad, justicia y reparación a los miles de inocentes que fueron enterrados en dicho lugar tras sus asesinatos por sicarios de la Generalitat durante la Guerra Civil», y evidencia «que esa Generalitat quiere ahora invisibilidad las decenas de cementerios clandestinos donde se llevó a cabo un genocidio en la retaguardia del Frente Popular, así como la red de hornos crematorios donde parte de esos cuerpos fueron incinerados tal y como hicieron los nazis años después».

«Es fundamental visibilizar en Cataluña y en toda España la fosa de Montcada por ser la más grande de la región, una de las más grandes del país, y porque sobre ella se ha cernido durante décadas el silencio que proviene de la censura de nacionalistas y socialistas, que no quieren reconocer y pretenden ocultar que ellos fueron unos campeones en los crímenes de la retaguardia, hasta límites insospechables», zanjan.

La fosa de Moncada y Reixac

Lo sucedido en el cementerio de Moncada y Reixac (Barcelona) es una importante laguna de la llamada memoria histórica, pese a ser la fosa más grande de represaliados en la retaguardia republicana de la Guerra Civil de toda Cataluña. Se estima que en la actualidad pueden estar ahí enterrados los cadáveres de unas 700 personas ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937.

En el cementerio de Moncada fueron asesinadas cerca de 1.300 personas por ser consideradas afines al alzamiento militar contra la República, muertas en su gran mayoría por patrullas de la CNT-FAI. Durante los años cuarenta, las autoridades franquistas exhumaron unos 1.200 cadáveres en Moncada (100 eran irrecuperables por haber sido incinerados en los hornos de la vecina cementera Asland). De estos, unos 700 no fueron identificados, por lo que se volvieron a inhumar en la fosa común, que sigue intacta. Así lo acredita la investigación de Ricard Ramos y Josep Bacardit en el libro 940 días. La guerra civil en Montcada i Reixac.

En ese lugar se albergan ahora mismo muchos cadáveres mutilados, que habían sido torturados hasta la muerte en checas de Barcelona. Entre ellos podría estar el de sor Apolonia del Santísimo Sacramento, que fue previamente torturada en la checa de San Elías, Barcelona, por los anarquistas de la CNT-FAI. Es por esto que la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces lleva dos años peleando con el Gobierno catalán para que exhume los restos mortales en un acto de «reparación».

Como esta reparación no ha llegado, Guillermo Rocafort confía en que la Justicia condene a uno de quienes «de manera torticera no son capaces de reconocer y dignificar a las miles de víctimas que aún hoy permanecen en un completo olvido y desprecio». «Este procedimiento penal va a marcar un hito, consistente en que al final aflorará la verdad de que el Frente Popular, en realidad, no fue más que un régimen criminal ofuscado en provocar miles de desapariciones forzosas y campos de concentración donde a los represaliados se les negó toda piedad y respeto», zanja.