Alerta.- El PRC tiene que salir al paso de las continúas acusaciones de vinculación con la presunta trama de corrupción regional que afecta a Cantabria y ha presentado una demanda de conciliación contra las personas físicas y jurídicas que el pasado mes de febrero difundieron supuestamente, a través de las redes sociales, acusaciones falsas contra varios cargos públicos y familiares en un intento de vincularlos con las empresas investigadas en el caso de corrupción protagonizado por un funcionario del Servicio de Carreteras.

Esta acción legal pretende que quienes propagaron tales imputaciones infundadas se retracten, pidan disculpas y asuman una indemnización económica destinada a una entidad benéfica. En contra de las falsedades difundidas, el PRC aporta documentación que acredita que las viviendas de la consejera de Presidencia, Paula Fernández Viaña, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, no fueron construidas por Rucecan, ni por ninguna de las empresas investigadas en la trama de corrupción destapada el pasado mes de febrero.

La vivienda de Fernández Viaña fue promovida por Work Santander, construida por Cogesar entre 2004 y 2006 y adquirida por la consejera en 2006, años antes de que Rucecan instalara sus oficinas en uno de los bajos del inmueble «sin haber participado en la construcción», ni haber tenido «ninguna relación ni comercial, ni de otro tipo» con la titular de Presidencia. Del mismo modo y en relación con López Estrada, la demanda señala que tampoco «ha contratado nunca» a la citada empresa, ya que su vivienda fue promovida por la sociedad cooperativa Espacio Sierrapando y construida por Estructuras Exora.

Asimismo, clarifica que la hija de Revilla aludida en la campaña de difamación difundida en las redes sociales «nunca ha prestado servicio alguno a Rucecan, ni en consecuencia ha percibido sueldo de la misma», ya que trabaja en la sede del PRC en Santander en un puesto administrativo al que accedió en un primer momento para cubrir una baja y que actualmente ocupa con carácter indefinido.

Con anterioridad, trabajó durante más de 3 años como auxiliar de vuelo para distintas empresas; desempeñó labores de jardinera durante 6 meses, en 2021, en el Centro de Jardinería La Encina, junto al cual reside en Puente Arce, y realizó trabajos esporádicos para otras empresas, como la clínica Mompía. A la vista de toda la documentación aportada, el Partido Regionalista instará a cuantos difundieron «falsedades» con el propósito de desacreditar a sus cargos públicos y vincularlos con el caso de corrupción a justificar sus motivos y las fuentes de información en las que basaron sus afirmaciones y les brindará la oportunidad de retractarse, además de reclamar una indemnización económica de 3.000 euros (1.000 por cada una de las personas difamadas) a favor de una entidad benéfica.

En el caso de no prosperar la conciliación, el PRC adoptará las acciones legales que correspondan, explican por medio de un comunicado.

DICE QUE ESTÁ LIMPIO

El presidente regional respondía este lunes en el Parlamento sobre el “mayor caso de corrupción de la historia de Cantabria”, una trama, que va “mucho más allá” de está legislatura y está ligada “a un partido en concreto”.

No hay ningún político implicado en la presunta trama para amañar contratos de carreteras. “Ninguno hemos ido al banquillo ni vamos a ir, el que no la hace no tiene nada que temer”, afirmaba.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, le ha acusaba de actuar “penosamente” ante el “mayor caso de corrupción de la historia de Cantabria”, una trama, ha incidido, que va “mucho más allá” de está legislatura y está ligada “a un partido en concreto”, el PRC.

“Toda la vida manejando la consejería y no se enteran de nada”, ha afeado a Revilla y al PRC la líder de la oposición, quien ha afirmado que “los cántabros están profundamente defraudados” y su presidente “no está a la altura” porque “no piensa en los millones robados sino en los votos”.

El jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, M.A.D., en prisión provisional, las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, tuvo el año pasado entradas en sus cuentas por casi tres millones de euros y gran parte del dinero era guardado en Luxemburgo. Inicialmente se conoció que el funcionario tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo, le constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros y donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros; pero la trama iba más allá y realmente poseía cuatro cuentas bancarias en una sucursal de Luxemburgo.

Y es que este país es un importante centro financiero de la zona euro y el segundo en el mundo en volumen de activos financieros depositados. Con el dinero que devenga un funcionario en España era casi «imposible» pensar que pudiera tener alguna cuenta en esta nación que anteriormente era conocida como un paraíso fiscal, pero al estar el dinero tan lejos del país evitaba controles e investigaciones por un aumento del patrimonio injustificado.

Las cuatro cuentas bancarias están activas desde el 2020, año en que explotó la crisis sanitaria del coronavirus, pero se desconoce el saldo de las mismas. El entramado de la presunta red de corrupción en las carreteras cántabras incluía al funcionario y a su familia, que cobrarían ‘mordidas’ para repartir las adjudicaciones de las obras. Dinero oculto.