Alerta.- El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha condenado a una pena de siete años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público al exalcalde de San Pedro del Romeral, el regionalista Pedro Gómez, por un delito de prevaricación relacionado con la adjudicación «a dedo» de las fiestas de 2014.

La Justicia lo condena así a siete años de inhabilitación para ser cargo público. Según la sentencia, en el año 2014, en su condición de alcalde, Gómez, formalizó cuatro contratos de servicios con la Empresa Prones 1; S.L, para la ejecución de los festejos municipales, el primero el 26 de junio de ese año por valor de 2.400 euros, el segundo el 1 de octubre por valor de 4.880 euros, el tercero el 20 de ese mismo mes por 850 euros y el último el 7 de agosto por 20.350 euros(todos ellos sin IVA). Este último, otorgado para la prestación de servicios festivos (orquestas municipales, un parque infantil excedía por si solo del importe de18.000 euros establecido como límite legal del contrato menor según la legislación de contratos del sector público y hubiera obligado a abrir un expediente de contratación con licitación abierta a terceros interesados, pero fue realizado mediante contratación y adjudicación directa del alcalde del PRC a dicha empresa, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. legalmente establecido para su adjudicación, sin expediente alguno de contratación. «Así mismo consintió que en otros contratos de es año se contratara la prestación de servicios por un importe y sin embargo se expidieron facturas por importes distintos», según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.

El alcalde del PRC no cumplió con la legislación a la hora de otorgar contratos

Según sigue el documento, el 10 de junio de 2015, tres días antes de que Gómez cesara en el cargo, -la Empresa PRONES 1; S.L, presentó en el Registro del Ayuntamiento de-San Pedro-del Romeral la totalidad de las facturas referentes a los festejos referentes a los festejos del año 2014 reclamando facturas por un importe total de 34.727 euros con el IVA incluido, fraccionadas entre aquellos en el importe 17.400 euros respecto del contrato firmado en agosto y por una cantidad superior en las restantes, pero reclamando la totalidad de la cuantía de los contratados.

Lo ocultó y dotó de una falsa apariencia de legalidad en la irregular facturación

Tras el cese de Gómez como alcalde, la empresa puso en conocimiento del Consistorio la existencia de dichos contratos otorgados por el regionalista en su último año al mando del Ayuntamiento, sin la intervención del secretario interventor y efectuó reclamación previa por un importe de 34.727 euro, más un interés del 12% en caso de retraso en el pago y ante la negativa municipal a su abono, formuló una demanda ante los tribunales. En la sentencia también se refleja que las explicaciones del acusado, lejos de ser claras o esclarecedora al respecto, fueron variables en el curos de los autos y arrojaron aún «más confusión». Así, el documento indica que el acusado «conscientemente permite y posibilita» tan graves irregularidades que lo único que ponen de manifiesto es la contratación a dedo de la misma empresa a la que venía otorgando los servicios con anterioridad con el mismo tipo de contratos menores, pero superando la cuantía legalmente admisible, prescindiendo «total y absolutamente» de la normativa aplicable y de los mecanismos de control oportunos, eludiendo la norma vigente en materia de contratación administrativa.

Excluía a cualquier otro competidor que no fuese el elegido «a dedo»

Así, con esta forma de adjudicar contratos, se excluía toda transparencia y a cualquier otro competidor que no fuese el elegido a dedo, fue adoptada con el único sustento de su exclusiva voluntad, sin que pueda atribuirse a error, ignorancia o negligencia, al haberse ocultado y dotado de una falsa apariencia de legalidad en la irregular facturación, con una selección «caprichosa» de la empresa beneficiada por la contratación. Por estos hechos, la jueza condenó al alcalde regionalista a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el ejercicio de los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local, así como al abono de las costas procesales causadas.