La senadora conservadora Joanne Rodríguez Veve, del partido Proyecto Dignidad de Puerto Rico, denunció a las clínicas abortivas que operan en el Estado Libre Asociado por llevar adelante en los últimos cinco años un total de 118 abortos en jóvenes menores de 15 años sin referir los respectivos casos a las autoridades correspondientes, lo que podría encubrir potenciales abusos o agresiones sexuales bajo la ley puertorriqueña.

En exclusiva con Americano Media, la senadora explicó que la Comisión de Asuntos de la Familia del Senado puertorriqueño, un comité que ella misma preside, obtuvo los datos de los abortos practicados por las clínicas abortivas en los últimos años, incluyendo aquellos realizados a menores de 15 años.

La senadora de Proyecto Dignidad explicó que la ley en Puerto Rico es muy clara y establece como “delito de agresión sexual” las relaciones que se mantienen con personas que todavía no han cumplido los 16 años, que es la edad de consentimiento en la isla, lo que podría significar un encubrimiento tácito de los potenciales agresores por parte de las clínicas.

Asimismo, durante la conversación, la senadora Rodríguez Veve cuestionó al Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, por expresar la semana pasada ante la Comisión de Asuntos de la Familia del Senado que las menores de edad tienen “derecho” a abortar sin el consentimiento de los padres, en el marco de un proyecto de ley presentado por Proyecto Dignidad para regular el aborto en menores en Puerto Rico, territorio donde la práctica hoy no tiene ningún tipo de restricciones.

Un proyecto de ley bajo análisis

La polémica inició la semana pasada, el jueves 25, cuando Rodríguez Veve y el Secretario de Justicia Domingo Emanuelli mantuvieron un acalorado intercambio en una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Familia para analizar el Proyecto del Senado 495, que propone requerir una autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años que decida realizarse un aborto en Puerto Rico.

La discusión, que fue subiendo de todo conforme avanzaba el intercambio, provocó fuertes críticas entre los habitantes de la isla luego de que Emanuelli tildara de “locos” a los impulsores del Proyecto del Senado 495 sugiriendo que los conservadores querían ponerles “cinturones de castidad” a las mujeres.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad y créame eso es algo impropio”, mantuvo el Secretario de Justicia durante su intervención.

Rodríguez Veve catalogó de “irrespetuosas” las palabras de Emanuelli y además cuestionó su parcialidad para investigar el caso con respecto a los abortos realizados en menores de 15 años, pues al principio de la vista pública, según denunció la senadora en Americano Media, “el Secretario de Justicia afirmó que no hablaría de la investigación en curso pero al final de la misma señaló que no existe problema en que menores de edad aborten sin consentimiento paterno y que no existe un problema en la isla sobre este tema”.

La senadora acusó al secretario de “prejuzgar” y “mostrar su parcialidad” al manifestar su opinión ante la Comisión de Asuntos de la Familia.

El secretario se defendió arguyendo que “sus expresiones” fueron “respetuosas” y que lo irrespetuoso es “lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña (…) Ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derecho a todo el mundo”.

La senadora intervino tras estas declaraciones y denunció que el secretario Emanuelli estaba discriminando ideas políticas en una vista pública donde fue invitado para participar bajo su cargo oficial, como funcionario activo del gobierno.

Posterior a la audiencia, Rodríguez Veve y Proyecto Dignidad, sumado a líderes sociales y religiosos de la isla, pidieron la renuncia del secretario que tuvo que hacer un descargo público donde se excusó diciendo que sus palabras fueron a título personal y no representaron al Gobierno ni al Departamento de Justicia puertorriqueño.

En conversación con Americano Media, Rodríguez Veve profundizó sobre sus preocupaciones en torno a las capacidades de Emanuelli para liderar al Departamento de Justicia y supervisar el caso de los 118 abortos realizados a menores de 15 años por clínicas abortivas.

“El secretario, en su descargo público, intentó justificar lo que dijo porque estuvo fuera de lugar. Él quiso desligarse de su cargo público para ampararse en su postura personal”, criticó la senadora. “Pero la realidad es que, lo que dijo, lo hizo en su carácter de funcionario, en el ejercicio de sus deberes ministeriales mientras participaba de una audiencia pública del Senado de Puerto Rico donde se solicitó su presencia como Secretario de Justicia para emitir una opinión jurídica, no personal, sobre la viabilidad o inviabilidad de un proyecto de ley”.

La senadora explicó que el proyecto de ley no busca, como dicen sus detractores, prohibir el aborto en la isla, sino regular la práctica en menores “para que al menos uno de los padres consienta la decisión de la joven que quiera hacerse esta práctica”.

Según Rodríguez Veve, la preocupación del sector conservador es que muchas jóvenes en Puerto Rico están una situación de vulnerabilidad bajo las actuales leyes que permiten el aborto sin límites, puesto que, según denuncia, sería sencillo encubrir delitos de agresión sexual en el caso particular de que menores de 15 años se acerquen a realizarse un aborto.

“El estado actual sobre al aborto en Puerto Rico es el siguiente: cualquier mujer, en cualquier momento del embarazo e indiferentemente de su edad, puede realizarse un aborto. Nuestro proyecto busca, justamente, fortalecer la patria potestad de los padres sobre sus hijos menores ante decisiones que son irreversibles y permanentes, regulando una práctica actualmente desregulada que proteja a las menores de edad embarazadas”, afirmó la senadora. “También está el planteamiento de que, en Puerto Rico, al no haber una regulación de esta naturaleza, es muy fácil para los depredadores sexuales encubrir el delito de agresión sexual llevando a una menor a abortar sin que se enteren los padres o sin que se enteren las autoridades”.

La senadora explicó por qué es necesario aplicar una regulación al aborto y, además, cómo las clínicas abortivas pudieron encubrir a potenciales agresores sexuales en los últimos años.

“Ahora mismo, en Puerto Rico, un criminal o un abusador sexual que esté abusando de una menor de 12, 13, 14 o 15 años, puede llevar a una clínica abortiva bajo coacción a la víctima en el caso de que esta lastimosamente quede embarazada y absolutamente nadie se entera”, denunció la senadora. “En el transcurso de este proceso de evaluación del Proyecto del Senado 495, la Comisión de Asuntos de la Familia obtuvo información que arroja la posibilidad de la comisión de un delito por parte de las clínica de aborto”.

La senadora procedió a denunciar que “las cuatro clínicas abortivas que todavía operan en la isla” admitieron realizar 118 abortos en total en menores de 15 años y no remitieron los casos a las autoridades correspondientes.

“El mero hecho de embarazo de una menor de 15 años constituye una sospecha agresión sexual que exige por mandato de ley en Puerto Rico que sea referida esa sospecha a las autoridades, que son el Departamento de la Familia o el Negociado de la Policía”, sentenció la senadora. “Pues estas clínicas admitieron, a pesar de que tuvieron ante sí estas 118 menores a las que les practicaron un aborto, que no refirieron el caso a las autoridades”.