El PP de Mazón retiene las áreas clave para controlar a Vox
Una vez anunciadas las tres carteras que corresponderán a Vox en el futuro Gobierno de la Generalitat valenciana junto al PP, toca diseñar la estructura programática del Consell. Y así lo hicieron ayer ambas formaciones, en un documento hecho público conjuntamente en el que se reúnen un total de 50 medidas divididas en nueve bloques: libertad; economía; mundo rural, agua y patrimonio; reducción del gasto político; educación y lengua; sanidad; políticas sociales, familia y vivienda; infraestructuras y seguridad.
A lo largo de todos los ejes programáticos se dibujan las señas de identidad de cada formación. En la parte económica queda patente el sello de los «populares», tomando como base la bajada impositiva en la que tanto ha insistido el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat valenciana, y futuro presidente, Carlos Mazón, a lo largo de toda la campaña. Así, en el bloque económico destaca la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el de Patrimonio, y una rebaja del IRPF a todos los contribuyentes.
Se insiste también en el apoyo económico a las empresas para hacer frente a las subidas de costes, y en la eliminación de trabas burocráticas, el llamado Plan Simplifica dentro del programa electoral del PP.
En el plano agrario, se destaca la protección de la agricultura, con especial atención a las plagas, el apoyo al relevo generacional, y la protección frente a las importaciones de países terceros.
El sello popular aparece también en el apartado de reducción del gasto político, algo en lo que Mazón también ha insistido mucho a lo largo de su campaña: menos Consellerias, menos asesores y supresión de los «organismos innecesarios».
La sección de Educación ha sido la pieza más preciada de la negociación. Mazón dejó claro el pasado miércoles que este Departamento iba a quedar en manos de su partido. Las medidas contenidas en este apartado hacen referencia a la libertad de educación, en lo que al centro y a la lengua de enseñanza se refiere, entre las dos lenguas oficiales en todas las etapas educativas, frente al actual modelo plurilingüe que enseña en valenciano, castellano e inglés al 33 por ciento. También se aprueba la posibilidad de que los padres elijan y autoricen el contenido de las actividades extracurriculares.
Es en al apartado de Políticas sociales en el que aparecen de manera más clara los ideales del partido de Santiago Abascal. En este sentido, apuestan por una ley de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad y favorezca la conciliación familiar y señalan que se defenderá «los derechos de las familias y se promoverán políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren familias y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».
Cabe recordar que durante la pasada legislatura Les Corts declararon la emergencia feminista en la Comunitat Valenciana sin el apoyo de Vox, partido que cada vez que ha habido una concentración institucional por un asesinato machista se ha apartado de la pancarta al afirmar que condenan toda la violencia.
También se ha fijado este compromiso después de anunciarse que quien fue el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Carlos Flores Juberías, quien en 2002 fue condenado por violencia machista contra su exmujer, no formará parte del Gobierno valenciano y será el cabeza de lista por Valencia en las próximas elecciones generales.
En este sentido, fuentes populares recalcaron ayer que las competencias de violencia de género no pertenecerán a la Conselleria de Justicia.
En materia de seguridad se pone especial énfasis en la okupación de viviendas y en la inmigración ilegal. En el primer caso, se establece que en el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, «los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado».
En cuanto a la inmigración, se explica que la Generalitat «pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas» y se indica que se eliminarán las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas.