La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, facilitó ayer un giro en la campaña del 23-J que abre a la dirección nacional de su partido la posibilidad de volver a la casilla de salida antes del pacto con Vox en la Comunidad Valenciana. Guardiola cumplió la palabra dada a los extremeños, y la negativa de Vox a pactar medidas programáticas, si no iban acompañadas de consejerías en el gobierno extremeño, lleva a la región a una repetición electoral.

Esto supone que el PP avanza en su estrategia de romper la política de bloques para seguir arañando voto útil. De la izquierda, ante la que Alberto Núñez Feijóo puede mantener la baza de presentarse como la única opción segura de «cambio» por la vía de un Gobierno en solitario, en el que no tenga representación Vox.

Y voto útil también de la derecha, porque el empeño de Vox en condicionarlo todo a la exigencia de ocupar sillones, y repartirse coches oficiales, sirve al PP para sostener el discurso de que este partido, inmerso en un proceso interno en el que está ganando la línea más dura, es un obstáculo para derogar el «sanchismo».

En este cruce de estrategias, dentro del bloque del centroderecha, serán las urnas las que dictaminen quién ha conectado mejor con el sentir mayoritario del votante. En el lado popular, el modelo de María Guardiola se aproxima mucho más a lo que quiere Feijóo, si llega al gobierno, que lo que se ha visto en la Comunidad Valenciana, y este modelo es el que desde ayer miran en el PP como la vía de escape para pelear en las generales por una mayoría amplia. El ruido de las negociaciones con Vox había levantado ya algunas alarmas dentro de la organización popular, sobre todo fuera de Madrid.

Ese ruido de la negociación con Vox no termina aquí, porque todavía siguen pendientes los gobiernos de Baleares, Aragón y Murcia, pero Guardiola ha dado un golpe en la mesa que trastoca también la campaña socialista y desactiva la alerta antifascista que entonaban como mantra los líderes de la izquierda.

El golpe de efecto adquiere más valor si se tiene en cuenta que se produce en una comunidad en la que el PSOE lleva gobernando desde siempre. Una pieza de «caza mayor» para los populares, que, sin embargo, aceptan someter de nuevo al escrutinio de las urnas para «no desdecirse» de la palabra dada a sus votantes.

Esta precipitada campaña del 23-J avanza bajo el peso del juicio de la ciudadanía a la verdad y a la mentira, como reflejó la entrevista del lunes pasado de Carlos Alsina, en Onda Cero, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La falta de credibilidad es uno de los principales lastres de Sánchez, y en la dirección popular tienen presente que la fortaleza de su líder depende de que aparezca como una persona fiable y de que sea capaz de alimentar la ilusión sobre un proyecto amplio, abierto a derecha y a izquierda. «Los pactos del 28-M, con Vox, PSOE y fuerzas regionalistas» son una prueba, dicen en el PP, de «la política de Feijóo de ruptura de bloques y de consensos transversales».

Por cierto, el movimiento en Extremadura lo complementarán con un discurso y una oferta programática que subraye las diferencias con Vox en terrenos tan sensibles como el de la violencia machista o la lucha por la igualdad. «No se trata sólo de que no entren en el gobierno, sino que la medida la dará también nuestra capacidad de resistencia a no incorporar a nuestro programa el lenguaje de Vox y sus señas ideológicas identitarias, que a ellos les permiten mantener una bolsa de voto, pero que no conectan con la mayoría social de este país a la que debemos aspirar», reflexiona un dirigente autonómico popular.

Vox ha arriesgado también mucho en Extremadura con su «no» a un acuerdo programático que hubiera impedido que sea el PSOE el que controle la Mesa del Parlamento regional y el calendario para que Guillermo Fernández Vara se presente a la investidura, pese a que no puede prosperar por no tener los votos suficientes.

«Cuando el motor en el centro derecha es, ante todo, la demanda de poner fin a la etapa sanchista, Vox tendrá que explicar muy bien por qué antepone sus intereses de partido a la caída del gobierno de Vara si no quiere que sus votantes se sientan decepcionados», entonan en las filas populares.

El impacto de lo ocurrido en Extremadura está sometido todavía al filtro de cómo acabe la negociación entre PP y Vox en Aragón, Baleares y Murcia. Las señales apuntaban a que la negociación se encarrilaba a un acuerdo de investidura, con Vox fuera del gobierno, pero la dirección que preside Santiago Abascal tendrá que revisar qué decisiones toma de acuerdo con los efectos del modelo extremeño.