ED.- Con la elección de presidenta del Congreso comienza el camino hacia el suicidio de la Nación. El sistema parlamentario permite que no gobierne el partido más votado, pero no la exclusión y marginación de once millones de ciudadanos.

En una democracia no hay apestados. Hay partidos que respetan la Constitución y otros que no lo hacen, partidos legales y, en su caso, ilegales.

Caminamos hacia un Gobierno peor aún que el actual, apoyado no sólo por separatistas, exterroristas y golpistas sino también por un partido presidido por un prófugo de la Justicia. El socialgolpismo. La ofensa al Rey es una ofensa al Estado y a la Constitución. La mayoría de los partidos que van a apoyar al futuro Gobierno se han negado a entrevistarse con el jefe del Estado. Cabe suponer que Pedro Sánchez podrá explicar el hecho al Monarca y, sobre todo, por qué piensa apoyarse en ellos y a cambio de qué.

La Corona no puede colaborar en la destrucción de España.

Y encima la monserga del «progreso». El arte del análisis político se ha convertido en algo extremadamente simple: progresistas y fascistas. Nada más sencillo. Y un Gobierno de progreso tiene que excluir a los fascistas, pero puede incluir a esos apóstoles del progreso que son el PNV y Junts. El nacionalismo se ha vuelto progresista. Quizá sea el PNV el partido con representación parlamentaria al que mejor le cuadraría el calificativo de reaccionario. Por lo demás, parece decidido a continuar su paso decidido hacia la hegemonía de Bildu en el nacionalismo vasco. Por muy nacionalista que uno sea, alguien de derechas no puede apoyar un Gobierno con comunistas y sustentado por Bildu.

La pregunta es por qué quienes quieren destruir a España y su Constitución prefieren a Sánchez. La respuesta no puede ser más sencilla. El presidente del Gobierno tiene el deber de comunicar a la Nación las concesiones que hará para obtener el apoyo parlamentario necesario. Seguramente no lo hará, pero lo iremos viendo. Ya se habla de amnistía y autodeterminación. Pero existe un pequeño problema. Un referéndum de autodeterminación es contrario a la Constitución, pero no bastaría con su reforma. Sería necesario destruirla, ya que ella se fundamenta en la unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La Constitución no establece la unidad nacional; la presupone y se fundamenta en ella. Hay Constitución porque hay Nación y no al revés.

En este sentido, la última esperanza residiría en el Tribunal Constitucional, pero ha quedado bajo el control absoluto del Gobierno y decidirá la constitucionalidad de cualquier decisión del Ejecutivo. En España no existe división de poderes, sino un único poder y varias funciones. Todo el poder para el pueblo. Nada más progresista. La libertad política se nos escapa. Ni siquiera nos es arrebatada. Claro que ya sabíamos que la pasión de los tiempos democráticos no es la libertad, sino la igualdad. El arte de conservar el poder se reduce a un único principio: amar la igualdad o hacérselo creer así a los ciudadanos. Con la Nación perdemos también la libertad. Dirán que gobiernan en beneficio del pueblo y contra los poderosos, pero omitirán muy cuidadosamente que los poderosos son ellos.

Un gobierno de socialistas y comunistas, apoyado por Bildu, PNV, ERC, Junts y el BNG sólo puede ser una vía hacia el suicidio de España. Todos ellos han apoyado a la nueva presidenta del Congreso, al fin y al cabo, una de los suyos. ¿Qué es lo que une a tan estrafalaria amalgama? Con la nación, se extinguen la Constitución, la libertad y la concordia. Es la hora del crepúsculo de España, pero pensemos que también hay un crepúsculo matutino.