Francisco Marhuenda.- No hay duda de que el debate de investidura de Feijóo pone de manifiesto, desgraciadamente, la decadencia moral del sanchismo. Lo cuestionable no es que el líder del segundo partido acabe formando un gobierno de coalición, algo que no es censurable en un régimen parlamentario, sino el precio que está dispuesto a pagar. Estamos ante un nivel de degradación ético y moral que no tiene parangón en la historia de la democracia española. No creo que exista un caso similar en el Derecho Comparado. En numerosas ocasiones he expresado mi rechazo a la teoría de que tiene que gobernar la lista más votada. Es un despropósito, porque tiene que hacerlo la formación que sea capaz de formar una mayoría parlamentaria que garantice la estabilidad de un gobierno. Sánchez tendría toda la legitimidad de ser presidente si no fuera a cambio de mercadear con la Constitución, las leyes y la división de poderes. Esto es lo que me separa del sanchismo. Estamos asistiendo a un mercadeo vergonzoso que entra en colisión, además, con lo que significa el socialismo.

Es fácil glosar la permanente incoherencia del secretario general del PSOE que no siente ningún tipo de desazón a la hora de engañar a la opinión pública. En este terreno hay que diferenciar lo que es la gestión ordinaria de un gobierno y lo que es asumir una amnistía que es inconstitucional, aunque los juristas al servicio del sanchismo pretendan decir lo contrario, o someter España a los caprichos de los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Un gobierno se puede encontrar con circunstancias excepcionales o imprevistas que le hagan tomar decisiones que entren en contradicción con lo que se defendía previamente. Es algo que les ha sucedido a todos los presidentes y es comprensible. En este caso estamos ante un escenario previo por el que se asume la impunidad de unos delincuentes a cambio de sus votos. Las cesiones se complementan con aceptar la negociación de un referéndum. Es cierto que están buscando «nombres» que permitan enmascarar la realidad, pero el resultado será el mismo. Por tanto, esta degradación institucional es un ataque contra la Constitución.

*Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)