Enríquez Negreira y Joan Laporta

El juez del caso Negreira, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha imputado al Fútbol Club Barcelona por cohecho. En el contenido del auto judicial, Aguirre argumenta que los pagos de 7,5 millones de euros del equipo de fútbol a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), constituyen un delito.

También han sido imputados por cohecho, entre otros, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del Barça, y José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero, epicentro de la trama de corrupción.

El delito de cohecho especifica que ningún funcionario puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública. El juez considera a Negreira funcionario a efectos penales en tanto que es una persona que ha desempeñado una función pública.

Su decisión está motivada por jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que «se considerará funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas».

El magistrado Aguirre considera que hay conducta delictiva en tanto que el Barça pagó a Negreira por el cargo de poder que ostentaba. En el auto afirma que los pagos se hicieron «en atención al cargo que desempeñaba». Nuevamente, Aguirre hace una comparativa con otra sentencia del Supremo que falla que «se aprovechó de ejercicio de su cargo de funcionario para solicitar la dádiva o presente». El magistrado también afirma que «el delito está consumado al haberse realizado el pago independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos».

El juez afirma que la Federación, que controla a los árbitros, tiene a efectos penales la condición de entidad jurídico-pública y que por este motivo los directivos de la misma, incluidos los que forman parte de comisiones técnicas, deben ser considerados como funcionarios públicos a efectos penales. Para llegar a esta conclusión, Aguirre se apoya en una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a un conflicto que se dio en la Federación de Fútbol italiana.

Esta sentencia establece tres requisitos para que una entidad como la RFEF pueda ser considerada un organismo de derecho público. El primero de ellos es que la entidad haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general.

Seguidamente que esté dotada de personalidad jurídica propia, como es el caso. Por último, que esté sujeta a la supervisión de una autoridad pública, como lo está con el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente a su vez del Ministerio de Cultura y Deportes. Cabe destacar que las sentencias europeas son de obligado cumplimiento en España.

El juez Aguirre recuerda que Negreira, tras ser cesado a mediados de 2018 como vicepresidente de los árbitros, envió una carta intimidatoria al expresidente Bartomeu indicándole que «si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club». el magistrado afirma que «de esto se desprende que Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del Barça de bastante gravedad».

Laporta y las conspiraciones

Hasta ahora, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha evitado hablar del escándalo. Hace cinco meses hizo una excepción en la que aseguró en una rueda de prensa que el caso Negreira era una conspiración. «El Barça está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional por unas insinuaciones difamatorias que nada tiene que ver con la realidad. En 125 años de historia, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del terreno de juego (…) Quieren destruir a uno de los emblemas de Catalunya como es el FC Barcelona, algunas esferas de poder no soportan que el club sea una plataforma de catalanidad abierta al mundo», afirmó. También añadió que, en su opinión, «el Barça no saldría de esto perjudicado».

A comienzos de septiembre, el juez Aguirre dictó cinco autos en los que se dieron a conocer nuevos detalles sobre los pagos de 7,5 millones de euros en comisiones Negreira.

El juez Aguirre definió como «corrupción sistémica» la situación instaurada en la cúpula del arbitraje español como consecuencia de los pagos a Negreira.

También decidió abrir una pieza separada por blanqueo de capitales al propio Negreira y a su hijo, también presente en el entramado de sociedades que facturaban al Barça.

Las últimas resoluciones judiciales del juez Aguirre sobre los pagos del Barça a Negreira han provocado que los inversores del nuevo estadio del equipo de fútbol hayan pedido un informe de riesgos al fondo de titulación que gestiona los 1.500 millones de euros que han dejado para la realización de las obras. Tal y como desveló este periódico, la incomodidad de los inversores es cada vez mayor.