El traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el PNV, ha desatado las alarmas sobre la posible ruptura de la caja única, uno de los pilares del Estado.

Sin embargo, el agujero de las pensiones vascas, que se aproxima a marchas aceleradas a los 5.000 millones de euros anuales, con la pensión media más alta de España (1.483 euros) y con una de las medias de edad más envejecidas de España, hace inviable la ruptura total más allá de que sea el propio Gobierno vasco quien recaude y se quede con todos los ingresos por cotizaciones, que alcanzarán los 6.120 millones de euros este año, según se deduce de los datos de la intervención general de la Seguridad Social.

Unos ingresos que «de facto» ya reciben casi multiplicados por dos los jubilados que residen en las tres provincias vascongadas.

La realidad es que tras la vuelta a la revalorización de las pensiones de acuerdo a la evolución de los precios, ya ninguna región podría pagar con cargo a las cotizaciones sociales el coste de las pensiones contributivas (jubilación, viudedad, invalidez, orfandad y en favor de familiares).

En 2018, 2019, 2020 y 2021, las pensiones se actualizaron según el Índice de Precios al Consumo estimado a inicio de cada año, publicándose casi todos esos años la revalorización en la ley de Presupuestos Generales del Estado. Desde 2022, la revalorización de acuerdo al IPC está blindada por ley. Como consecuencia, solo Melilla tiene un saldo favorable entre ingresos y gastos.

En los primeros nueve meses de 2023, Cataluña ha sido la región que mayor agujero aporta a la Seguridad Social: 5.781 millones de euros, resultado de unos ingresos por cotizaciones de 15.371 millones y unos gastos en pensiones contributivas de 21.152 millones.

Le sigue Andalucía, con 5.064 millones de saldo negativo tras registras hasta el cierre de septiembre unos ingresos de 11.062 millones y unos gastos de 16.126.

Se trata de las dos regiones con mayor número de pensionistas por ser las más pobladas: 1.773.963 pensiones en el caso de Cataluña, el 17,59% del total nacional y 1.643.777 pensiones en el de Andalucía (16,3%).

Sin embargo, no son las que más déficit per cápita afrontan. En el caso de Cataluña, cada pensionista ha generado de media en los nueve primeros meses del año 3.258 euros más de gasto, mientras que en el caso de Andalucía el desajuste por pensionista toca a 3.080 euros.

Ni siquiera Madrid, Baleares o Canarias ingresan ya suficientes recursos por cotizaciones para pagar las pensiones contributivas, algo que hasta ahora lograban a duras penas.

Madrid genera siete veces menos déficit que el País Vasco

En el caso de Madrid, el agujero es de apenas 1.071 millones hasta septiembre para 1.232.510 pensiones, el 12,22% del total. Cada pensión madrileña arrastra de media 868 euros de agujero acumulado.

El déficit por ahora para el País Vasco es de 3.641 millones de euros (409 millones al mes de media) para un total de 574.124 pensiones, el 5,69% del total del sistema de la Seguridad Social. Las pensiones vascas generan un déficit de 409 millones en Álava, 1.194 millones en Guipúzcoa y 2.039 millones en Vizcaya. La proyección de ingresos y gastos augura un déficit de 4.850 millones de euros al final de este 2023.

Per cápita, cada pensión vasca acumula en los nueve primeros meses del año nada menos que 6.341 euros de gasto extra, el doble que las catalanas o las andaluzas.

Aunque la palma se la llevan los pensionistas asturianos, con la segunda pensión media más alta en octubre de 2023 (1.402 euros) y 2.562 millones de déficit hasta septiembre para sólo 299.885 pensionistas, que ocasionan un boquete per cápita de 8.543 euros acumulado en los nueve primeros meses del año.

Estos datos reflejan que los pensionistas madrileños (el 12,22% del total de las pensiones de España), con la tercera pensión media más alta (1.395 euros en octubre) son, de entre las grandes regiones, las que menos carga arrastran y las que con mayor facilidad podrían romper la caja única sin sufrir grandes ajustes.