Puigdemont y Santos Cerdán, durante su reunión en Bruselas

Los pactos del PSOE con los independentistas y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron el eje sobre el que giró el 45 aniversario de la Constitución, celebrado ayer en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefirió dirigir la mirada a esto último, y lo hizo con una reivindicación de la Carta Magna que contrasta con la amenaza que representan para la misma los planes de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, los cuales juegan un papel decisivo en la estabilidad del nuevo Gobierno de coalición.

«Frente a quienes dan lecciones de constitucionalismo, la mejor manera de defenderla es cumplirla todos los días del año y en todos sus artículos», sentenció el jefe del Ejecutivo como golpe dirigido contra el PP antes de instarle a renovar sin excusas el Consejo General del Poder Judicial, en situación de interinidad desde hace ya cinco años por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos.

El problema es que mientras que Sánchez utiliza la Constitución para arrojársela a la cara al PP, y se erige al mismo tiempo en su máximo defensor, la negociación que tiene abierta con los independentistas catalanes ha puesto encima de la mesa cuestiones que, si las quiere incorporar a un marco constitucional, exigen una serie de reformas.

No ha renunciado

Por más que lo nieguen desde La Moncloa, la meta del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont es el referéndum de autodeterminación y en la «mesa» de Ginebra en absoluto ha renunciado a él. En realidad, se siente fuerte y parte de una posición de máximos, la vía Escocia, en la que fue el Gobierno británico –el primer ministro David Cameron– el que llevó la propuesta al Parlamento nacional (hay que tener en cuenta que las atribuciones de los dos ejecutivos, el británico y el español, son distintas).

Más allá de las pretensiones del prófugo de la Justicia española, siendo realistas, la vía del artículo 92 de la Constitución española es inviable, por lo que en la «mesa» de negociación de Ginebra los de Junts tendrán que colocar distintos marcos de actuación, y uno de ellos sería la modificación de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum (que es la vía que en el pasado exploró el PNV).

El artículo 92 de la Carta Magna establece: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución».

Justificar las cesiones

Al Gobierno le urgen hoy dos cuestiones principales, los Presupuestos Generales del Estado y el decreto «escoba» con el que quieren afianzar la imagen de una coalición progresista que ha parado a la derecha, desde la consideración de que esto es suficiente motivo como para justificar todas las cesiones, la amnistía y las «mesas» paralelas de negociación con Puigdemont y Oriol Junqueras, sujetas las dos a un mediador diferente. El viejo principio de Maquiavelo de que el fin justifica todos los medios.

Moncloa también tiene ya listo un decreto sobre la situación de la Justicia, que se prevé que vaya al Consejo de Ministros de la próxima semana, y ultiman otro sobre Transporte. Pero frente al optimismo que venden en La Moncloa, desde el lado de los partidos que tienen que sostener a lacoalición resaltan sin matices las dificultades del reto de votar todos juntos: «Entre todos no hacemos un consenso básico para hacer algo».

Por cierto, el 45 aniversario de la Constitución, sin Vox y sin los socios independentistas del Gobierno, volvió a quedar marcado por la actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Tercera autoridad del Estado, pero empeñada en usar sus mensajes institucionales como canal de conducción de los intereses de Pedro Sánchez con respecto a sus hipotecas con las fuerzas que apoyaron su investidura. La frase de que el modelo territorial de la Constitución deja abierto el camino para que los ciudadanos decidan no puede ser más ajustada a lo que hoy espera Puigdemont que se recite en las Cortes Generales. El expresidente de la Generalitat, todavía hoy en situación de huido de la Justicia española, se siente empoderado, y lo que cuenta a sus interlocutores es que respecto al referéndum hay que partir de una posición de máximos, sabiendo que esto no es de un día para otro, sino que llevará tiempo conseguir los objetivos fijados.

La otra nota del acto celebrado ayer en la Cámara Baja fue el anuncio de Sánchez de que llamará a una reunión en Moncloa a Alberto Núñez Feijóo para hablar del CGPJ y de financiación autonómica. En relación al Consejo, no puede haber acuerdo PSOE-PP en tanto Sánchez no acepte un pacto conjunto que incluya la reforma para que los jueces elijan a los jueces.

En cuanto a la financiación autonómica, la negociación bilateral conPuigdemont, y el pacto fiscal, son obstáculos insalvables, aunque Moncloa confía en que el líder popular se vea obligado a negociar y a pactar porque a sus comunidades también le interesan medidas como la condonación de la deuda. Esta es la baza que quiere usar Sánchez para generar diferencias dentro del bloque de las autonomías del PP.