Estanislao de Kostka*.- El robo de niños nunca ha cesado. No se habla, nada se dice, es un tabú social: el robo de niños. Antaño enfermeras, médicos, eclesiásticos y cercanos al régimen y, ahora, desde todas las consejerías de todas las comunidades autónomas. Existe una mafia global que permite a las instituciones usurpar el derecho a ser padre a miles de padres, muchos más de los que ustedes se pueden imaginar.

Sí es cierto que las instituciones sociales están llenas de casos, algunos escalofriantes, de maltrato y abandono infantil. Nadie pone en duda la necesidad de unos servicios sociales, inspectores del bienestar de los menores en riesgo, cuyos padres no pueden o no saben, o han dimitido de padres. Muchos padres se merecen, y sus hijos también, que sean dados en acogida y en adopción.

Pero un importante porcentaje de niños hoy son robados a sus padres, vulnerando sus más elementales derechos y el más sagrado de los deseos del ser humano: dejar descendencia. Y lo son por las decisiones injustas y subjetivas, a veces interesadas, de funcionarios que se creen poseedores de la verdad absoluta, quienes con su decisión arrancan, de forma cruel, los hijos a algunos padres, de forma irreversible y sin retorno.

A lo largo de mi carrera profesional como abogado he visto decenas de padres con ligeros problemas, por ejemplo mentales, o a padres con problemas temporales pasajeros, a los que les han hurtado su hijos, para siempre, con prohibición de volver a saber nada más de ellos. Ha llegado la hora de la reforma legislativa, como ocurrió con los procesos de incapacidad judicial, que se ha limitado a quien de verdad lo necesita y para lo que necesita.

Hasta ahora, a los incapaces, menores o enfermos, que no podían valerse por sí mismos, se les nombraba un tutor judicial que manejaba y administraba su vida, en todas las esferas, arrebatándole con el consentimiento judicial, su libertad y sus derechos fundamentales. Afortunadamente el legislador ha reaccionado y ahora se les nombra curador, sólo para lo que necesitan, manteniendo el resto de los derechos constitucionales. ¿Por qué no va a tener derecho a voto un discapaz intelectual o un enajenado? Ya no hay tutores, en el sentido clásico, ahora hay curadores que se encargan de administrar la medidas de apoyo que dictan los juzgados.

Pues lo mismo ha de suceder con la entrega de niños en adopción. No puedes hacer a una familia feliz a costa de otra, de arrebatarle los hijos, sin consentimiento y sin contar con los niños. Y menos si esta decisión se hace en función de criterios subjetivos, de caprichosas decisiones de funcionarios de los servicios sociales, quienes con frecuencia maltratan a los padres, a quienes lejos de ayudarles les destrozan la vida para siempre, cuando sienten y sufren la injusticia de que el Estado les roba sus hijos, para siempre. No hay peor tortura.

*Abogado jefe de AD y politólogo