Para tener cabal comprensión del alcance de lo acontecido en la sesión plenaria del Congreso celebrada anteayer deben añadirse las concesiones arrancadas por Puigdemont a Sánchez para que le permita seguir una temporada más durmiendo plácidamente en La Moncloa y poder viajar en Falcon de Santiago a Coruña; eso sí, por respeto al cambio climático. El Estado se encuentra en pública subasta, al estar – por obra y gracia de Sánchez y sus intereses– en manos del presidente de la Generalitat que promovió un golpe de Estado contra la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos españoles…», como proclama el artículo 3 de la Constitución, y con esa afirmación como su fundamento. Supera todo lo admisible en un país meramente civilizado que un prófugo de la Justicia evadido desde 2017, separatista declarado y con voluntad de reincidencia, se haya autoamnistiado y se le permita el desguace del Estado con competencias incluso incluidas en el artículo 149.2 CE, exclusivas del Estado (inmigración).

Consciente de la carencia de límites éticos de su investido y de la absoluta dependencia de sus votos, tenemos a un separatista prófugo por golpista que tiene en su poder el presente y el futuro del Gobierno de España. Enmienda a su voluntad la ley de su autoamnistía; exige el regreso a «su Cataluña» de las empresas que huyeron de la locura «procesista»; demanda unas balanzas fiscales que le permitan recuperar el discurso del «España nos roba» y reclamar el concierto económico y el cupo y, para redondear el despropósito, reivindica también el control de la inmigración, competencia exclusiva del Estado, como decimos.

En estas condiciones es evidente que Puigdemont mantendrá a Sánchez a su servicio hasta exprimirlo como un limón, ya que jamás podía imaginar que hubiera una persona dispuesta a asumir el infame papel que su dócil investido está interpretando. También hay que destacar que el PSOE y sus 120 diputados como cooperadores necesarios de esta ignominia van a tener que asumir esta infame responsabilidad ante la Historia y la memoria de los españoles. Sin excluir eventuales responsabilidades que se les puedan exigir en otras instancias. Es una felonía que resulta inconcebible en un país que pertenece a la UE como una de las cuatro economías más importantes, y en pleno siglo XXI, no en las monarquías absolutas del Antiguo Régimen de siglos pasados. Si esto hay que interpretarlo como un «signo de los tiempos», sin duda encaja en el relato de la tribulación por la que hay que pasar. Especialmente España, a la que quiere destruir el «amo y señor» del Mal.