Escribíamos anteayer que el martes fue una fecha negra para la democracia española: la prevista para la aprobación de la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Pero la realidad ha superado lo previsto, al ser rechazada la iniciativa legislativa por los de Junts por no ser aceptadas las enmiendas introducidas en el último momento por Puigdemont para blindar la amnistía para él y para todos los que a sus órdenes participaron en el procés, con actuaciones de gravedad cualificada.

Todo ello para hacer frente a los procedimientos judiciales abiertos por presuntas acciones terroristas del denominado Tsunami Democràtic con los CDR dirigido desde Waterloo, además de las conexiones con Putin calificadas por el juez instructor de presunto delito de traición a la patria.

Se creía haber tocado fondo en el descrédito del Gobierno sanchista ante el patético espectáculo de que su mera existencia dependa de la voluntad de un huido de la Justicia contra el que han sido expedidas varias OEDE’s –Órdenes Europeas de Detención y Entrega-, que tiene en su poder a Pedro Sánchez con mando a distancia desde Waterloo. Al «presidente» que llegó al Gobierno tras fracasar por dos veces en las elecciones como candidato socialista, obteniendo el peor resultado de su partido, cayendo a 84 escaños. Su argumento en 2018 para la moción de censura al Gobierno fue la necesidad de «preservar la calidad de la democracia española», y ciertamente en sus manos ha alcanzado un nivel jamás conocido en su historia.

Lo vivido anteayer en el Congreso provoca vergüenza ajena ante el descrédito institucional que significa que diversos portavoces socios de Sánchez acusaran a jueces españoles con nombre y apellidos de prevaricar con sus instrucciones judiciales para sortear la amnistía redactada por los mismos beneficiarios, mientras Francina Armengol, la presidenta impuesta por Puigdemont, ni veía ni oía nada.

El ilustrado y docto Santos Cerdá, número tres del PSOE, ya estará de camino a Waterloo para rendir pleitesía a su prófugo señor, mientras el comisario Reynders actúa de mediador con el Gobierno y la oposición.

Entre auditores y mediadores internacionales la política en España se encuentra con su reputación por los suelos. Eso sí, gracias a Sánchez, con el PSOE convertido en una mera plataforma política a sus órdenes e intereses.

A veces es conveniente hundirse del todo para tocar fondo y poder remontar. Así se encuentra la calidad y el prestigio de la democracia española con el sanchismo. Al menos ya no podemos caer más bajo: no hay mal que por bien no venga.