El debate creado por Sánchez secundado por su triministro Bolaños sobre lo que es terrorismo, afirmando que no lo es lo provocado por el «Tsunami Democràtic» en 2019, como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los 9 dirigentes juzgados por el «procés», requiere de una aclaración, porque una verdad a medias suele ser una doble mentira.

Lo relevante es que este caso tiene la clara intencionalidad política de engañar o confundir a la opinión pública y publicada, para que la «amnistía a la carta» exigida por Puigdemont salga adelante al coste que sea para nuestro Estado de Derecho.

La cuestión se contrae a distinguir lo que comúnmente se entiende por «terrorismo» y lo que el Código Penal define como «delito de terrorismo», distinción básica porque en España el terrorismo ha estado asociado a lo realizado durante más de cuarenta años por ETA, es decir: atentados con bombas y armas de fuego con multitud de víctimas y considerables daños materiales. Esta situación legal estuvo vigente hasta 2015, cuando la emergencia del terrorismo yihadista, llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara el 24 de septiembre de 2014 una Resolución para hacer frente a esa amenaza mundial, que obligó a adaptar la eficaz legislación desarrollada por España en esta materia. Se hizo con gran acuerdo político en la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, por la que se modificó el CP, pasando su artículo 573 a tener esta redacción: «1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad […], el patrimonio […] cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 2.ª Alterar gravemente la paz pública. 3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella […]».

«2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior».

Vean algunas de las imágenes registradas en Barcelona aquellos días, y juzguen ustedes mismos. Así se comprende mejor la opinión de los 12 fiscales del TS frente a la de Sánchez y Bolaños.