El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue renovado en el cargo por el Gobierno el pasado diciembre

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido en el Tribunal Supremo (TS) el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Según ha anunciado en un comunicado la Comisión Ejecutiva de esta asociación, APIF considera que “no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno”. Y recalca que el Estado de derecho ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal “independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley”.

La Fiscalía, hace hincapié APIF, es “una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial”, por lo que con el nombramiento del fiscal general, cúspide del Ministerio Público, “no puede trasladarse a la ciudadanía” que el elegido “queda dentro o en la órbita del Ejecutivo”. Y en este sentido subraya que por las actuaciones que ha llevado a cabo García Ortiz en los últimos meses “no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el fiscal general”.

La asociación fiscal recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinó que García Ortiz “no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado fiscal general del Estado”, considerándolo como “inidóneo”. Un informe que, no obstante, no es vinculante para el Gobierno.

Pero pese a que ese dictamen no obligue al Ejecutivo, argumenta APIF, al apartarse de este criterio “tan fundamentado” el Gobierno de Pedro Sánchez “debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido”.

APIF hace hincapié en los dos años de mandato anterior antes de su renovación el pasado diciembre, “con anulación de nombramientos de fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar”. Además, recuerda que hay otro recurso pendiente de resolverse en el Supremo contra la decisión de nombrar a su antecesora en el cargo fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos” y, también, contra la negativa del fiscal general de que el Consejo Fiscal emita un informe sobre la proposición de ley de amnistía, como pretendía el Senado. Todo ello, afirma la asociación, “no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso contra el nombramiento del fiscal general del Estado”.

“Desviación de poder” en el ascenso de Dolores Delgado

APIF cuestiona asimismo que García Ortiz siga cumpliendo con el requisito de ser jurista de reconocido prestigio, que exige el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pues considera que “decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder –utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico-“. De ahí que, insista, su nombramiento “no es conforme a ley”.

En su congreso celebrado el pasado noviembre, APIF acordó recurrir el nombramiento. En las conclusiones de ese cónclave, aseguraba que “el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente” al haber designado al frente del Ministerio Público a alguien “que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales, faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias”. “Y por si fuera poco -añadía- condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros”. Su designación, se quejaba, “supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: ¿la Fiscalía de quien depende?”.