El PSOE, que no descansa, en su propósito de establecer una dictadura comunista en España, nos ha regalado por Navidad el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, BOE del 20, “por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”.

Son 170 folios de nada, en plenas fiestas de Navidad y fin de Año, destinadas a implantar su verdadero plan, que es hacerse con el poder, para siempre, y establecer una “dictadura legal” en España.

Y el PP, como siempre, a verlas venir… ¡Ahora dicen que no saben si apoyarán la convalidación de este real decreto-ley, pues no les ha sido consultado!

Desde luego, con este PP, partido para ayudar…al PSOE, tendremos gobierno comunista para siempre, o, por lo menos, hasta que la nación quiebre totalmente, y se desintegre, como la antigua Yugoslavia.

La única urgencia que tiene Pedro Sánchez y su banda es controlar el poder judicial, único que se le resiste, como gato panza arriba, y que puede acabar con sus deseos de perpetuarse en el poder

Y como el Consejo General del Poder Judicial también se resiste, se les ha ocurrido meter mano a los procedimientos judiciales, de forma que puedan controlar, auditar, inspeccionar etc., comisionando a la Fiscalía para que actúe en su nombre, en toda clase de asuntos que les puedan afectar, cada día más, como es evidente.

Para ello se inventan la “Carpeta Justicia”, es decir, lo que podríamos llamar el expediente electrónico, de forma que, con la excusa de que hay que hacer todo digitalmente, la Administración de Justicia, que son ellos mismos, puedan acceder a todos los procesos…

Así podrán controlar todo, absolutamente todo, sin que nada escape a su control.

En otras palabras, los investigados podrán acceder a las denuncias y querellas contra ellos, las causas que se les abran, los abogados, fiscales y jueces actuantes, etc.

Lo que les permitirá toda clase de presiones e injerencias en la actividad jurisdiccional, que solo va a quedar para poder perseguir a los ladrones de gallinas.

Pero ya no quedan gallinas.

Ahora todo son chorizos, y chorizos al por mayor.

Y esta intromisión en la actividad jurisdiccional, no solo será del gobierno, sino también de las doce comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, incluidas obviamente las separatistas de Cataluña y el País Vasco.

¿Alguien da más?

No entiendo como la supuesta oposición del PP y de Vox no pone el grito en el Cielo y denuncia esta aberración jurídica ante la Unión Europea.

¿O es que todos quieren que España se convierte en la primera dictadura comunista de Europa, dónde todo esté atado, y bien controlado?