El caso Koldo ya es (de momento), el «caso Ábalos», lo que no es poca cosa dada la relevancia política de quien era nada menos que la mano derecha de Sánchez en el gobierno y el PSOE, así como antes lo fue en su campaña para recuperar la Secretaría General y ganar las primarias.

Ahora, y sin perjuicio de lo que la investigación judicial vaya aclarando, es obvio que cuando menos cabe considerar que su sorprendente cese en la crisis de Julio de 2021 tuvo relación con lo que actualmente se sabe, lo que conlleva directamente a la consideración de preguntar cuál es la razón por la que Sánchez mantuvo esa información en secreto y además premiar a José Luis Ábalos con el número dos de la candidatura al Congreso por Valencia y nada menos que con la Presidencia de la Comisión de Interior. Esto no son meras conjeturas ante la evidencia de los hechos ya conocidos que exigen una respuesta clara por su parte. Y por cierto: mantener el acta de diputado significa mantener el aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que es un dato a considerar para hacer un diagnóstico preciso de la situación y del porqué al escribir este Trípode, como decimos, todavía no ha dado respuesta al ultimátum de la Comisión ejecutiva federal del PSOE de entregar su acta insistiendo en que «él no está investigado» –al estar aforado debería hacerlo el TS– «y que hay otros que antes que él deberían dar más explicaciones».

Sin duda se refiere a otros ministros anteriores y actuales y a la presidenta del Congreso, lo que obviamente conduce inevitablemente al presidente del gobierno y secretario general del PSOE. Es evidente que Sánchez quiere blindar al gobierno y su partido de esta investigación, «encapsulándola» en el tándem «Ábalos-Koldo» lo que no parece tarea fácil dado el rastro dejado por esa trama en diversas instituciones del Estado.

El PSOE quiere una comisión de investigación en el Congreso mientras el PP la anuncia en el Senado, al tener previsto que comparezca la misma presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la compra –siendo ella la presidenta balear– de mascarillas que por cierto todavía permanecen embaladas y sin usar cuatro años después de su adquisición.

El gobierno de Sánchez suspendió derechos y libertades fundamentales de los españoles con el confinamiento y su prórroga calificados ambos de inconstitucionales por el TC. Era más fácil y con menos control hacerlo vía estado de alarma que de excepción, lo que le salió increíblemente «gratis» al ejecutivo. Y con esto, su proceder es más propio de repúblicas bananeras chavistas.