El Gobierno no sólo debe dar explicaciones por la proximidad de personas como Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska o Santos Cerdán con la trama de corrupción que orbita en torno a Koldo García Izaguirre. El Ejecutivo debe, también, abrir una investigación inmediata para esclarecer quién informó al antiguo asistente de José Luis Ábalos de que estaba siendo investigado. Según consta en una transcripción del sumario, el propio Koldo informó a su hermano de la posibilidad de que lo estuvieran siguiendo con vistas a perjudicar «a José Luis».

Un chivatazo a tiempo no sólo habría servido para facilitar la destrucción de pruebas, sino que permitiría a los investigados crear pistas falsas que entorpecieran la labor al juez que instruye el caso. Dada las implicaciones directas que un caso así tiene para el Gobierno, urge esclarecer si ha podido existir algún tipo de trato de favor para proteger a los investigados. Un chivatazo que sería, además, constitutivo de delito.