La situación política de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, implicada según todos los indicios en la compra con fondos europeos de una partida de material sanitario que resultó inservible a pesar de su alto precio, puede cambiar drásticamente a peor cuando la condición de aforados de algunos de los protagonistas del «caso Koldo» obligue a elevar los procedimientos judiciales al Tribunal Supremo.

No pretendemos prejuzgar la situación de la señora Armengol, que representa a la tercera autoridad del Estado, pero sí señalar el hecho indiscutible de que las inevitables actuaciones judiciales, tanto las que incoen en Baleares los tribunales de Justicia como las investigaciones de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, tendrán que afectar a quien ejercía la presidencia del ejecutivo autónomo cuando se produjeron las presuntas adquisiciones irregulares.

Nos hallamos, pues, ante una realidad que compromete la dignidad del Congreso más allá de cualquier consideración partidista y aunque podríamos señalar otros casos clamorosos de mal uso de los privilegios parlamentarios, como el del diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, lo cierto es que la máxima representante de la voluntad popular, es decir, del conjunto del cuerpo electoral con independencia del partido votado, no debería seguir en el cargo.

Se argüirá, y es cierto, que su desempeño al frente de la Mesa de la Cámara, con evidentes muestras de partidismo en el filo del reglamento, acreditaba su destitución, pero es ahora, cuando se avecina la constitución de diversas comisiones parlamentarias relacionadas con la trama, además de las correspondientes sesiones de control y de los plenos, cuando parece de todo punto inadecuado que la responsable de establecer el orden y funcionamiento en los trabajos parlamentarios pueda ejercer de juez y parte.

Más aún, cuando la mayoría de la opinión pública española señala al PSOE, partido en el que milita Armengol, y al actual Gobierno como principales causantes del escándalo de las mascarillas. Al menos, así se desprende del sondeo que ha elaborado «NC Report» para LA RAZÓN, en el que se da cuenta de que el 54,9 por ciento de los encuestados consideran necesaria una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien, además, el 57,8 por ciento de los ciudadanos culpa como máximo responsable de la trama, incluido un 19,5 por ciento de quienes se declaran votantes o simpatizantes del partido socialista. Por supuesto, no vamos a caer en angelismos y pretender que el presidente del Gobierno se aplique a sí mismo los altos estándares de probidad que exigió en su día al Partido Popular y se avenga a disolver las cámaras y convocar elecciones, pero, al menos, podría evitar el total desprestigio de la institución parlamentaria que supone mantener a Armengol.