El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

LR.- Podría hablarse de la existencia de un reflejo condicionado para tratar de explicar la renuncia del Gobierno a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la medida política más importante que debe afrontar el Ejecutivo, y no andaríamos muy desencaminados porque la decisión se tomó nada más conocerse el adelanto electoral en Cataluña y se hizo sin ni siquiera consultarlo a los socios de Sumar, dando a entender, dicho sea de paso, que en La Moncloa dan ya por amortizada a la líder de la extrema izquierda, Yolanda Díaz.

Es evidente, que en los cálculos gubernamentales pesó más la situación sobrevenida en el Principado, con el previsible enfrentamiento a cara de perro entre las dos principales formaciones nacionalistas, ERC y Junts, que en los intereses del conjunto de la Nación, con el resto de las comunidades autónomas de régimen común dejadas al albur de sus necesidades de financiación.

Aunque no deja de ser llamativa la falta de intuición política de los estrategas de Presidencia, sumidos en la problemática ley de amnistía, ante la maniobra obligada de Pere Aragonès para tratar de frenar la inevitable embestida de Junts, tampoco debe ser considerada como una sorpresa, puesto que el actual Gobierno no se caracteriza, precisamente, por adelantarse a los acontecimientos, sino que suele ir a remolque de los mismos, ya sea la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación disparada, la revuelta del campo o la evidencia de la corrupción sistémica en el partido socialista. Si algo caracteriza a los gobiernos de Pedro Sánchez es su capacidad de supervivencia, pero sobrevivir a trancas y barrancas no es gobernar.

Incluso el activo equipo de propaganda monclovita comienza a dar muestras de fatiga ante a una opinión pública hastiada de frentismos, que está de vuelta de los «cambios de opinión sincronizados» del Gabinete y que distingue con precisión los «globos sonda» que salen regularmente de La Moncloa. En este sentido, es cierto que las tensiones institucionales que provoca la precariedad política del Gobierno son graves para la normal convivencia de los españoles, pero el problema principal estriba es el traslado de esas mismas tensiones a la sociedad civil, que actúan como un freno al normal desarrollo de la economía productiva, pues sin seguridad jurídica es muy difícil animar al emprendimiento, como vienen denunciando los diversos sectores productivos de nuestro país.

Por no hablar de la tendencia a ocupar instituciones, organismos del Estado y empresas públicas con allegados del presidente del Gobierno. La realidad es que en la gestión de los problemas y desafíos de la Nación, parecen que pesan más las reuniones en Suiza y el futuro personal de un prófugo de la Justicia que los intereses generales de los ciudadanos. En estas circunstancias no parece descabellado pedir un adelanto electoral.