Manresa, 3 de abril, una quincena de jóvenes rodean a una menor de edad, le amenazan, le agreden e intentan robarle el móvil. El padre de la víctima, que está cerca, intercede y logra disuadir a los delincuentes, dos de los cuales acaban detenidos por los Mossos. Días antes, también en Manresa, otro grupo de jóvenes habían agredido a otro brutalmente con palos.

Olot, 14 de abril, una treintena de jóvenes se envuelve a golpes en pleno centro de la ciudad frente al miedo de los transeúntes. Todo empezó a raíz del robo de un móvil, y aunque hubo un gran despliegue policial, cuando los agentes llegaron la pelea ya se había disuadido. El número de delitos con violencia en la comarca subió un 28% y la Policía Local de Olot decidió crear un grupo de patrullaje nocturno.

Tortosa, 14 de abril, dos bandas juveniles se enfrentan con palos y machetes en el centro de la ciudad. Al día siguiente, los propios jóvenes vuelven a citarse para enfrentarse, con una inusitada violencia, y cuatro son detenidos. Los vecinos captaron un momento de la pelea, ya uno de los implicados bajando por una de las calles principales con un machete en la mano.

La suma de varios episodios recuerda la ola de violencia juvenil que apoderó a varias ciudades catalanas el pasado verano. Manresa (otra vez), Molins de Rei y Vic fueron escenario de varios disturbios con un denominador común, el alto grado de violencia desatado mayoritariamente por menores extranjeros. La repetición de esta dinámica hace preguntarse si ha vuelto la violencia juvenil en Cataluña, o si realmente nunca se fue.

No son casos aislados

El fenómeno se enmarca en un aumento sostenido de la inseguridad que sufre Cataluña en los últimos años. La violencia de las bandas juveniles, formadas sobre todo por extranjeros, es un problema que presenta repuntes periódicos. Aunque Interior reconoció que lo del pasado verano no eran casos aislados sino un problema estructural que trascendía en el ámbito local, no se han aplicado las medidas urgentes necesarias para erradicar el problema.

Los expertos advierten del riesgo de propagación del fenómeno de las bandas juveniles, en el que se mezclan muchos factores. Por un lado socioeconómicos, por la procedencia de sus integrantes, extranjeros sin perspectivas de futuro que encuentran en la delincuencia una forma de supervivencia y en la violencia una expresión de su frustración. Pero también factores externos como el caótico modelo migratorio y el ecosistema legal que ofrece a los delincuentes una sensación de impunidad.

La situación es tan grave, que en muchas ciudades de Catalunya los vecinos, sobre todo chicas jóvenes y mujeres, tienen miedo de salir a la calle cuando oscurece.

La policía puede actuar más fácilmente en ciudades pequeñas y medianas, pero en algunos barrios de grandes urbes ya casi ni se atreven a entrar. Son zonas tomadas por la delincuencia donde ya no rige el imperio de la ley y los vecinos deben elegir entre vivir un infierno cotidiano o irse a otro lado.

¿Antipunitivismo o mano dura?

Mientras, los gobernantes y la izquierda señalan la desigualdad como raíz del problema y convierten al delincuente en víctima. Si es verdad que las políticas sociales de integración pueden funcionar en algunos casos, los expertos también aseveran que en el caso de las bandas organizadas lo que funciona es la mano dura. Esto lleva a plantear un incómodo debate sobre el modelo policial y punitivo necesario para recuperar la seguridad en los barrios.

La izquierda propone medidas integradoras y antipunitivas que pasan por proteger a los delincuentes en nombre de los derechos humanos. Pero en la sociedad cada vez hay más un clamor para que se reforme el código penal y se endurezca la ley de extranjería.

Es decir, más mano dura para que la inmigración que llega se integre y produzca en lugar de delinquir y convertir a los barrios en sus guetos.