Ayer publicó el periódico La Razón, en el que me honro escribir, una muy amplia entrevista a Francisco Camps, quien fuera –entre otras diversas responsabilidades públicas– presidente de la Generalitat Valenciana, de la que dimitió para no perjudicar a su partido en las elecciones generales de 2011. Había ganado las elecciones autonómicas sucesivamente en tres ocasiones, 2003, 2007 y 2011, y éstas últimas con el mejor resultado de todos los candidatos precedentes con 55 diputados de los 99 de las Cortes, y ello pese a estar ya imputado. Sin embargo, apenas dos meses después y al abrirle juicio oral, renunció para no perjudicar a su partido con la imagen suya en el banquillo coincidiendo con las elecciones generales de noviembre de ese mismo año en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta con 186 escaños. Su persecución comenzó en 2009 y desde entonces se sucedieron las denuncias de la fiscalía anticorrupción, que curiosamente coincidieron con las del Partido Socialista, en hasta diez ocasiones, con Ximo Puig acompañado de diversos diputados socialistas valencianos en todas ellas.

De esta forma Francisco Camps, –Paco para los amigos– ha estado hasta ahora, y durante 15 años, en la condición jurídica de imputado, actualmente «investigado», lo que le ha significado un auténtico calvario personal, familiar, profesional y económico. Aunque la Constitución consagra la presunción de inocencia, que en su día fue una gran conquista democrática al considerar a toda persona inocente mientras la Justicia no demuestre lo contrario, lo cierto es que algunos –y por desgracia entre ellos algunos de los de su partido–, convirtieron y siguen convirtiendo esa presunción de inocencia, en una virtual «certeza de culpabilidad» con su comportamiento.

Es un caso singularmente desdichado en tiempos como los que vivimos, con el secesionismo golpista acusando de «lawfare» con nombres y apellidos a jueces desde la tribuna del Hemiciclo del Congreso de los Diputados, convirtiendo la inmunidad parlamentaria en impunidad. Pero en este desdichado caso, han sido los jueces quienes han ido dejando sin efecto todas y cada una de las acusaciones de una fiscalía anticorrupción que representaría –en todo caso– a quienes se pueden sentir aludidos por la lamentable sentencia sanchista: «¿De quién depende la fiscalía? Pues eso.» Paco Camps puede estar legítimamente satisfecho de este final feliz, y le honra que manifieste no guardarle rencor a nadie y perdonar a todo el que le ha acusado injustamente. Su calvario comenzó en un miércoles de ceniza, día de comienzo del tiempo de Cuaresma, y ha finalizado el pasado Jueves, solemnidad del Corpus Christi.

Paco Camps es un hombre de fe, y sin duda sabe interpretarlo perfectamente.